Como resultado del Pacto Fiscal, conducido por el Gobierno, que contó con la participación de representantes de gobernaciones y municipios, en fecha 5 de diciembre de 2017, el Servicio Estatal de Autonomías emitió el “Documento Final del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal”, el cual no plantea cambios estructurales. El resultado mantiene intacta la antigua arquitectura fiscal y posterga nuevamente el tratamiento de temas urgentes, evaluó la Fundación Jubileo.
Mediante un documento Jubileo señaló que desde el proceso constituyente, se articuló una plataforma de organizaciones e institucionales aliadas denominada “Pacto por el Bien Común”, donde la Fundación demandó el diseño de una nueva arquitectura fiscal, orientada a concretar cambios estructurales, con participación ciudadana y guiada por el propósito del bien común.
LEY DE AUTONOMÍAS
El Pacto Fiscal fue agendado en 2010 con la Ley Marco de Autonomías, pero se realizó el 2017, lamentablemente después de que pasó el periodo denominado de bonanza económica, momento en el que era más propicio realizar las reformas fiscales necesarias. No hubo la suficiente voluntad política y se actuó en función del corto plazo.
Al final de este proceso, según el documento de la entidad privada, prevalecen los problemas, inconsistencias, limitaciones y temas pendientes, como ser, un sistema tributario que no llega a la mayor parte de la economía y que no asegura una progresividad, como define la Constitución, respecto a tributar en proporción a la capacidad económica. Asimismo, prevalecen la casi total centralización en la recaudación de tributos, la marcada inequidad en la distribución de recursos entre las diferentes regiones y los insuficientes recursos para las autonomías departamentales.
Jubileo manifestó también que se mantiene una alta dependencia de la renta extractiva, con el riesgo de la insostenibilidad de las finanzas públicas, además de una dispersión de los recursos del gas.
Sunday, December 31, 2017
Tuesday, December 26, 2017
Sunday, December 24, 2017
Milenio advierte fallas en el nuevo Sistema de Pensiones
Un estudio de la Fundación Milenio advirtió que con el nuevo Sistema de Pensiones los trabajadores deberán aportar más, pero recibirán menos dividendos para su jubilación.
Milenio indica que la ley bajó el límite de 70 por ciento a 60 por ciento del salario para acceder a una pensión de vejez y la edad de 65 a 60 años, con la consecuencia de haber provocado un súbito aumento del número de jubilados, pero con pensiones más bajas.
En el período 1997-2010, con la entonces Ley de Reforma de Pensiones se jubilaron 29.745 personas (un promedio de 2.808 personas por año). Ya con la vigente Ley 065, hasta el año 2016, se han jubilado 102.546 personas; esto es, 72.801 entre 2011 y 2016 (un promedio de 14.560 personas por año). Esto significa que en los últimos cinco años el número total de jubilados se ha triplicado y el ritmo anual de jubilación es cinco veces más.
El Sistema Integral de Pensiones respeta los depósitos en la cuenta individual mientras se ahorra, pero el momento en que el asegurado necesita utilizar su dinero para poder jubilarse, su saldo acumulado es transferido a un fondo común para el reparto de pensiones.
La situación de la jubilación en el sector minero, sin considerar la comisión a la AFP, permite observar que el aporte al Régimen de Pensiones, para el caso de un trabajador minero que gana 15.000 bolivianos al mes, se ha incrementado de un porcentaje equivalente al 49,7 por ciento, subiendo de 2.013 a 3.013 bolivianos.
El fenómeno que experimenta el sistema de pensiones es la multiplicación acelerada del número de jubilados con pensiones financiadas por una bolsa común y de modo tal que la pensión ya no depende del ahorro previsional individual, según Milenio.
La preocupación que emerge se relaciona con la capacidad financiera del fondo común destinado al pago de rentas. Puesto que hay más gente que se jubila y que accede a los recursos del fondo, se plantea la duda razonable acerca de la capacidad del fondo puede soportar un incremento tan vertiginoso de obligaciones de pago de rentas, aun cuando el valor monetario individual de las rentas sea menor.
SEPA MÁS
Observaciones de la Fundación
Milenio señala que el problema radica con el hecho de que la ley ha reducido el límite de 70 a 60 por ciento del salario para acceder a una pensión de vejez, lo mismo que la edad de jubilación: de 65 a 60 años.
El crecimiento del número de jubilados puede, eventualmente, afectar la sostenibilidad del fondo de pensiones. Si esta tendencia continúa, desde el punto de vista financiero la duración del fondo no está garantizada, a menos que un estudio matemático actuarial demuestre lo contrario.
Los riesgos de financiación del fondo común son evidentes, salvo que el Estado resuelva asumir la responsabilidad de hacerlo, repitiendo experiencias del pasado, como ocurrió con la mayoría de los Fondos Complementarios y en especial con el conocido caso Focsap que terminó incidiendo en un aumento del gasto público y que, al final, se tradujo en una presión sobre el déficit fiscal.
Milenio indica que la ley bajó el límite de 70 por ciento a 60 por ciento del salario para acceder a una pensión de vejez y la edad de 65 a 60 años, con la consecuencia de haber provocado un súbito aumento del número de jubilados, pero con pensiones más bajas.
En el período 1997-2010, con la entonces Ley de Reforma de Pensiones se jubilaron 29.745 personas (un promedio de 2.808 personas por año). Ya con la vigente Ley 065, hasta el año 2016, se han jubilado 102.546 personas; esto es, 72.801 entre 2011 y 2016 (un promedio de 14.560 personas por año). Esto significa que en los últimos cinco años el número total de jubilados se ha triplicado y el ritmo anual de jubilación es cinco veces más.
El Sistema Integral de Pensiones respeta los depósitos en la cuenta individual mientras se ahorra, pero el momento en que el asegurado necesita utilizar su dinero para poder jubilarse, su saldo acumulado es transferido a un fondo común para el reparto de pensiones.
La situación de la jubilación en el sector minero, sin considerar la comisión a la AFP, permite observar que el aporte al Régimen de Pensiones, para el caso de un trabajador minero que gana 15.000 bolivianos al mes, se ha incrementado de un porcentaje equivalente al 49,7 por ciento, subiendo de 2.013 a 3.013 bolivianos.
El fenómeno que experimenta el sistema de pensiones es la multiplicación acelerada del número de jubilados con pensiones financiadas por una bolsa común y de modo tal que la pensión ya no depende del ahorro previsional individual, según Milenio.
La preocupación que emerge se relaciona con la capacidad financiera del fondo común destinado al pago de rentas. Puesto que hay más gente que se jubila y que accede a los recursos del fondo, se plantea la duda razonable acerca de la capacidad del fondo puede soportar un incremento tan vertiginoso de obligaciones de pago de rentas, aun cuando el valor monetario individual de las rentas sea menor.
SEPA MÁS
Observaciones de la Fundación
Milenio señala que el problema radica con el hecho de que la ley ha reducido el límite de 70 a 60 por ciento del salario para acceder a una pensión de vejez, lo mismo que la edad de jubilación: de 65 a 60 años.
El crecimiento del número de jubilados puede, eventualmente, afectar la sostenibilidad del fondo de pensiones. Si esta tendencia continúa, desde el punto de vista financiero la duración del fondo no está garantizada, a menos que un estudio matemático actuarial demuestre lo contrario.
Los riesgos de financiación del fondo común son evidentes, salvo que el Estado resuelva asumir la responsabilidad de hacerlo, repitiendo experiencias del pasado, como ocurrió con la mayoría de los Fondos Complementarios y en especial con el conocido caso Focsap que terminó incidiendo en un aumento del gasto público y que, al final, se tradujo en una presión sobre el déficit fiscal.
Thursday, December 21, 2017
Afecta a niños, jóvenes y mujeres En Bolivia sobreviven 1.8 millones en extrema pobreza
Si bien en Bolivia la pobreza extrema retrocedió de 38 a 18 por ciento de la población, en los últimos años, al presente 1.8 millones permanecen aún en tal situación.
El dato fue señalado por el ex ministro Luis Arce, en los meses previos a su alejamiento del cargo. Sin embargo, un último dato publicado por la Fundación Jubileo señaló que la extrema pobreza afectó al 18.3 por ciento de la población en 2016.
La población boliviana al concluir este año será de más de 11 millones, de acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), señaló que los niveles de pobreza y pobreza extrema recrudecieron en el continente, llegando el promedio regional entre 2015 y 2016, después de más de una década de reducción en la mayoría de los países.
BOLIVIA
Bolivia registró menos pobreza extrema hasta el 2015, pero el 2016 aumentó el número de personas en estas condiciones, lo que según los organismos internacionales sería una regresión.
El Instituto Nacional de Estadística (INE),en un informe de prensa, señaló que en marzo de 2016 hubo reducción de la pobreza extrema.
Este escenario fue considerado por el organismo de Naciones Unidas, indicando respecto a Bolivia que en 2014 la extrema pobreza se situó en 17,3%, un punto menos que en 2013; en tanto que en 2015 el indicador descendió hasta colocarse en 16,8%.
Sin embargo, un año después, en 2016 el dígito nuevamente fue en aumento, y alcanzó a 18,3%, debido a la desaceleración de la economía nacional y a una menor incidencia de las inversiones, entre otros factores.
INFORME
Las anteriores apreciaciones son parte del informe, Panorama Social 2017, que CEPAL presentó ayer en México y que incluye una actualización de la metodología utilizada para estimar la pobreza monetaria en la región.
Los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentaron en América Latina, como promedio regional en 2015 y 2016, después de más de una década de reducción en la mayoría de los países, mientras que en 2017 se mantendrían estables, informó ayer desde México.
En 2014, el 28,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza (168 millones de personas), porcentaje que aumentó a 29,8% en 2015 (178 millones) y a 30,7% en 2016 (186 millones de personas). La pobreza extrema, en tanto, pasó del 8,2% en 2014 (48 millones de personas) al 10% en 2016 (61 millones de personas), según el reporte.
Pese a estas cifras, una perspectiva de mediano plazo arroja un balance positivo en materia de reducción de la pobreza, ya que ésta se redujo 15,2 puntos porcentuales entre 2002 y 2016, consideró el documento.
La Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, refirió que la desigualdad de ingresos también se redujo entre 2002 y 2016, aunque el ritmo de caída ha disminuido en los últimos años. El coeficiente de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 máxima desigualdad) pasó de 0,538 en 2002 a 0,467 en 2016 en el continente.
“La experiencia reciente nos indica que el aumento de los ingresos en los hogares de menores recursos ha sido imprescindible para la reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad de ingresos. Y a ese crecimiento han contribuido decisivamente las políticas distributivas y redistributivas de los países, como reformas tributarias, salarios mínimos, pensiones y transferencias vinculadas a las estrategias de reducción de la pobreza y a la expansión de los sistemas de protección social”, sostuvo Bárcena.
El dato fue señalado por el ex ministro Luis Arce, en los meses previos a su alejamiento del cargo. Sin embargo, un último dato publicado por la Fundación Jubileo señaló que la extrema pobreza afectó al 18.3 por ciento de la población en 2016.
La población boliviana al concluir este año será de más de 11 millones, de acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), señaló que los niveles de pobreza y pobreza extrema recrudecieron en el continente, llegando el promedio regional entre 2015 y 2016, después de más de una década de reducción en la mayoría de los países.
BOLIVIA
Bolivia registró menos pobreza extrema hasta el 2015, pero el 2016 aumentó el número de personas en estas condiciones, lo que según los organismos internacionales sería una regresión.
El Instituto Nacional de Estadística (INE),en un informe de prensa, señaló que en marzo de 2016 hubo reducción de la pobreza extrema.
Este escenario fue considerado por el organismo de Naciones Unidas, indicando respecto a Bolivia que en 2014 la extrema pobreza se situó en 17,3%, un punto menos que en 2013; en tanto que en 2015 el indicador descendió hasta colocarse en 16,8%.
Sin embargo, un año después, en 2016 el dígito nuevamente fue en aumento, y alcanzó a 18,3%, debido a la desaceleración de la economía nacional y a una menor incidencia de las inversiones, entre otros factores.
INFORME
Las anteriores apreciaciones son parte del informe, Panorama Social 2017, que CEPAL presentó ayer en México y que incluye una actualización de la metodología utilizada para estimar la pobreza monetaria en la región.
Los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentaron en América Latina, como promedio regional en 2015 y 2016, después de más de una década de reducción en la mayoría de los países, mientras que en 2017 se mantendrían estables, informó ayer desde México.
En 2014, el 28,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza (168 millones de personas), porcentaje que aumentó a 29,8% en 2015 (178 millones) y a 30,7% en 2016 (186 millones de personas). La pobreza extrema, en tanto, pasó del 8,2% en 2014 (48 millones de personas) al 10% en 2016 (61 millones de personas), según el reporte.
Pese a estas cifras, una perspectiva de mediano plazo arroja un balance positivo en materia de reducción de la pobreza, ya que ésta se redujo 15,2 puntos porcentuales entre 2002 y 2016, consideró el documento.
La Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, refirió que la desigualdad de ingresos también se redujo entre 2002 y 2016, aunque el ritmo de caída ha disminuido en los últimos años. El coeficiente de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 máxima desigualdad) pasó de 0,538 en 2002 a 0,467 en 2016 en el continente.
“La experiencia reciente nos indica que el aumento de los ingresos en los hogares de menores recursos ha sido imprescindible para la reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad de ingresos. Y a ese crecimiento han contribuido decisivamente las políticas distributivas y redistributivas de los países, como reformas tributarias, salarios mínimos, pensiones y transferencias vinculadas a las estrategias de reducción de la pobreza y a la expansión de los sistemas de protección social”, sostuvo Bárcena.
Wednesday, December 20, 2017
Estudio de Jubileo Extrema pobreza subió de 16,8% a 18,3% en 2016
El porcentaje de población que vive en extrema pobreza subió de 16,8% a 18,3% en un solo año. Esa variación se registró entre las gestiones 2015 y 2016, y sería una señal de la reducción del crecimiento económico en el país, sostiene una publicación de la Fundación Jubileo.
La reducción de la pobreza es un compromiso nacional e internacional. El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) consistía en erradicar la pobreza extrema y el hambre hasta el año 2015. En el caso de Bolivia, se había asumido bajar la extrema pobreza a 24,1% de la población; pero el desempeño fue extraordinario y hasta ese año se redujo a 16,8%.
Desde la década de los 90 la disminución de personas que vivían en la indigencia fue de 24 puntos porcentuales.
Para el año 2016, el porcentaje de personas que no disponían del ingreso mínimo requerido para el destino exclusivo de alimentos y satisfacer los requerimientos nutricionales se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentado en la rendición pública de cuentas, el 3 de octubre de 2017.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
En el período 2007–2015, más de 1,8 millones de personas dejaron de ser extremadamente pobres. En ese tiempo, el Gobierno llegó más allá de una de las metas del ODM 1 y Bolivia alcanzó un notable resultado.
En los últimos años, el crecimiento económico del país empezó a disminuir. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) bajó a 4,3%, el año 2016, y para 2017 no pasaría de 4%, según estimaciones de organismos internacionales.
Desde 2007 hasta 2011, la reducción de la pobreza se había mantenido a un ritmo de aproximadamente 5 puntos porcentuales (pp) y el crecimiento económico promedio de esos años fue de 4,9%.
Según el crecimiento del PIB, se advierte que durante el período 2007–2013 las tasas fueron favorables para la reducción de la pobreza, pero en cuanto empezó la desaceleración económica y las tasas de crecimiento comenzaron a ser menores los niveles de reducción de la pobreza extrema también fueron marginalmente inferiores, hasta llegar a la gestión 2016, cuando la pobreza extrema se incrementó y el PIB decreció respecto del año 2015.
La nueva agenda de Naciones Unidas contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se constituyen en un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Si bien la cantidad de personas en extrema pobreza disminuyó en el país, aún hay más de 1,8 millones de personas que luchan por satisfacer sus necesidades más básicas.
Además, aparecen nuevas amenazas como el cambio climático, la inseguridad ciudadana, el alcance de los servicios básicos y la inseguridad alimentaria, las cuales requieren de mayores esfuerzos para sacar a las personas de la pobreza.
POLÍTICAS SOSTENIBLES
Según la Fundación Jubileo, este cambio en el ciclo económico debe ser una alerta para proteger los resultados alcanzados y evitar que más personas vuelvan a vivir en situación de extrema pobreza, para lo cual se requieren políticas públicas garantizando la sostenibilidad.
Es recomendable para el país generar más empleos de calidad, prevenir políticas asociadas a derechos como salud y educación, proteger el gasto social y aprovechar el potencial de población en edad de trabajar que alcanza a 79%, segmento al que se conoce como “bono demográfico”.
Por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que se comenzó con los ODM y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones hasta el año 2030. Igualmente, la agenda patriótica, proyectada hasta el 2025, tiene como uno de sus pilares erradicar la extrema pobreza. Es una aspiración que estas dos metas sean cumplidas.
REDUCCION DE INGRESOS
Asimismo, Jubileo expresa que el avance en la lucha contra la pobreza está en riesgo por la disminución de inversión.
El 2017 fue un año de mayor estabilidad para los precios internacionales del petróleo, incluso con una leve mejoría en los últimos meses; pero los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalía continuaron disminuyendo.
La caída de estos ingresos, que empezó en la gestión 2015, significa una gran afectación a las finanzas públicas de todos los niveles de gobierno, principalmente de gobernaciones y municipios. Los menores ingresos impactan en menores inversiones y esto pone en riesgo los avances alcanzados en la lucha contra la pobreza y protección social de los sectores más débiles.
En tres años, comparando el dato ejecutado de 2014 en relación al presupuesto 2017, el ingreso de gobernaciones disminuyó en 55% por concepto de coparticipación de tributos, regalías e IDH.
En el caso de los gobiernos municipales, la pérdida acumulada es por 34% en el mismo período.
Para 2018, el presupuesto prevé un monto similar al de 2017, por lo que ya se habría llegado al nuevo nivel de ingresos con el que contarán gobernaciones y municipios, al menos en el corto plazo.
Por otra parte, gobernaciones y municipios, que acumularon importantes saldos en el período de la bonanza, como resultado de presupuestos que no fueron ejecutados en su totalidad, habrían utilizado los mismos para cubrir la disminución de ingresos.
Para fines de 2017, esos saldos prácticamente habrán quedado agotados. Esto implica que a partir de 2018 ya no habrá recursos guardados para financiar la brecha.
Las instancias más dependientes de los recursos provenientes de hidrocarburos son las gobernaciones. Estos niveles de gobierno recaudan impuestos por montos insignificantes, resultado del actual sistema tributario.
Por otro lado, los ingresos por impuestos recaudados por el nivel central (sin IDH), que en 2016 registraron una leve disminución, en 2017 registrarían un nivel similar al de 2016. Estos recursos serían más sostenibles y son administrados en su mayor parte por el nivel central.
La reducción de la pobreza es un compromiso nacional e internacional. El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) consistía en erradicar la pobreza extrema y el hambre hasta el año 2015. En el caso de Bolivia, se había asumido bajar la extrema pobreza a 24,1% de la población; pero el desempeño fue extraordinario y hasta ese año se redujo a 16,8%.
Desde la década de los 90 la disminución de personas que vivían en la indigencia fue de 24 puntos porcentuales.
Para el año 2016, el porcentaje de personas que no disponían del ingreso mínimo requerido para el destino exclusivo de alimentos y satisfacer los requerimientos nutricionales se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentado en la rendición pública de cuentas, el 3 de octubre de 2017.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
En el período 2007–2015, más de 1,8 millones de personas dejaron de ser extremadamente pobres. En ese tiempo, el Gobierno llegó más allá de una de las metas del ODM 1 y Bolivia alcanzó un notable resultado.
En los últimos años, el crecimiento económico del país empezó a disminuir. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) bajó a 4,3%, el año 2016, y para 2017 no pasaría de 4%, según estimaciones de organismos internacionales.
Desde 2007 hasta 2011, la reducción de la pobreza se había mantenido a un ritmo de aproximadamente 5 puntos porcentuales (pp) y el crecimiento económico promedio de esos años fue de 4,9%.
Según el crecimiento del PIB, se advierte que durante el período 2007–2013 las tasas fueron favorables para la reducción de la pobreza, pero en cuanto empezó la desaceleración económica y las tasas de crecimiento comenzaron a ser menores los niveles de reducción de la pobreza extrema también fueron marginalmente inferiores, hasta llegar a la gestión 2016, cuando la pobreza extrema se incrementó y el PIB decreció respecto del año 2015.
La nueva agenda de Naciones Unidas contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se constituyen en un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Si bien la cantidad de personas en extrema pobreza disminuyó en el país, aún hay más de 1,8 millones de personas que luchan por satisfacer sus necesidades más básicas.
Además, aparecen nuevas amenazas como el cambio climático, la inseguridad ciudadana, el alcance de los servicios básicos y la inseguridad alimentaria, las cuales requieren de mayores esfuerzos para sacar a las personas de la pobreza.
POLÍTICAS SOSTENIBLES
Según la Fundación Jubileo, este cambio en el ciclo económico debe ser una alerta para proteger los resultados alcanzados y evitar que más personas vuelvan a vivir en situación de extrema pobreza, para lo cual se requieren políticas públicas garantizando la sostenibilidad.
Es recomendable para el país generar más empleos de calidad, prevenir políticas asociadas a derechos como salud y educación, proteger el gasto social y aprovechar el potencial de población en edad de trabajar que alcanza a 79%, segmento al que se conoce como “bono demográfico”.
Por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que se comenzó con los ODM y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones hasta el año 2030. Igualmente, la agenda patriótica, proyectada hasta el 2025, tiene como uno de sus pilares erradicar la extrema pobreza. Es una aspiración que estas dos metas sean cumplidas.
REDUCCION DE INGRESOS
Asimismo, Jubileo expresa que el avance en la lucha contra la pobreza está en riesgo por la disminución de inversión.
El 2017 fue un año de mayor estabilidad para los precios internacionales del petróleo, incluso con una leve mejoría en los últimos meses; pero los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalía continuaron disminuyendo.
La caída de estos ingresos, que empezó en la gestión 2015, significa una gran afectación a las finanzas públicas de todos los niveles de gobierno, principalmente de gobernaciones y municipios. Los menores ingresos impactan en menores inversiones y esto pone en riesgo los avances alcanzados en la lucha contra la pobreza y protección social de los sectores más débiles.
En tres años, comparando el dato ejecutado de 2014 en relación al presupuesto 2017, el ingreso de gobernaciones disminuyó en 55% por concepto de coparticipación de tributos, regalías e IDH.
En el caso de los gobiernos municipales, la pérdida acumulada es por 34% en el mismo período.
Para 2018, el presupuesto prevé un monto similar al de 2017, por lo que ya se habría llegado al nuevo nivel de ingresos con el que contarán gobernaciones y municipios, al menos en el corto plazo.
Por otra parte, gobernaciones y municipios, que acumularon importantes saldos en el período de la bonanza, como resultado de presupuestos que no fueron ejecutados en su totalidad, habrían utilizado los mismos para cubrir la disminución de ingresos.
Para fines de 2017, esos saldos prácticamente habrán quedado agotados. Esto implica que a partir de 2018 ya no habrá recursos guardados para financiar la brecha.
Las instancias más dependientes de los recursos provenientes de hidrocarburos son las gobernaciones. Estos niveles de gobierno recaudan impuestos por montos insignificantes, resultado del actual sistema tributario.
Por otro lado, los ingresos por impuestos recaudados por el nivel central (sin IDH), que en 2016 registraron una leve disminución, en 2017 registrarían un nivel similar al de 2016. Estos recursos serían más sostenibles y son administrados en su mayor parte por el nivel central.
Thursday, December 14, 2017
Cepal proyecta un crecimiento del 4% para Bolivia en 2018
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó hoy las nuevas proyecciones de crecimiento económico para las naciones de la región. Según estos datos, se prevé que en 2018 Bolivia tenga un crecimiento del 4,0 por ciento en su producto interno bruto (PIB). El país registró este año una incremento del 3,9 por ciento.
El informe del organismo titulado “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017”, sitúa a Bolivia el próximo año como uno de los países con mayor crecimiento de América del Sur, junto con Paraguay que mantendrá su ritmo de crecimiento del 4 por ciento de su PIB.
El organismo indica en su análisis que Bolivia presenta una leve desaceleración en la expansión del año pasado que fue del 4,3 por ciento. Sin embargo señala que sigue siendo una de las “economías más dinámicas” de la región.
Asimismo, destaca a Chile, que pasará de un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,5 por ciento este año a uno del 2,8 por ciento el próximo; Colombia, que avanzará de un 1,8 por ciento a un 2,6 por ciento; y Perú, cuyo PIB pasará de un 2,5 por ciento de crecimiento en 2017 a un 3,5 por ciento en 2018.
A nivel Latinoamérica, se espera que Panamá sea la economía que anotará la mayor tasa de expansión el próximo año, con un 5,5 por ciento tras crecer un 5,3 por ciento este año, seguida de República Dominicana, que pasará de un 4,9 a un 5,1 por ciento, y de Nicaragua, que avanzará de un 4,9 a un 5,0 por ciento.
En el otro extremo de la balanza, Venezuela cerrará el 2017 con una caída de su PIB del 9,5 por ciento, que se reducirá a un -5,5 por ciento el próximo año.
En general, América Latina y el Caribe cerrarán el año 2017 con un crecimiento económico del 1,3 por ciento, que aumentaría a un 2,2 por ciento en 2018, en el marco de un contexto externo más favorable que en los últimos años, informó hoy en Santiago la Cepal.
Tuesday, December 12, 2017
Fundación Tierra Coca prevalece entre cultivos en los Yungas
Un estudio de la Fundación Tierra constató que 80% de los cultivos existentes en los Yungas paceños prevalece la coca, y la misma va en constante perjuicio de la producción de frutales. El estudio de la entidad privada evaluó que como consecuencia de la ampliación de los cocales, se presenta en la región una acelerada deforestación que afecta incluso la producción de agua y degrada el humus de la tierra.
El estudio de la Fundación Tierra señaló que en los Yungas más del 80% de la tierra cultivada se destina a la coca. Otro estudio señaló que los sembradíos de coca aumentan a la par que decrecen los cafetales, frutales y otros (cultivos mixtos de walusa, yuca, maní, zapallo y verdura).
GOOGLE EARTH
Es tal el impacto del crecimiento de los cultivos de coca, que basta con ingresar al buscador, Google Earth, y acercarse a los Yungas para apreciar la mancha del desastre ambiental. Esta producción no está siendo controlada de manera responsable y ha provocado un monocultivo que es una oportunidad de mercado para productos peruanos y chilenos de frutas y verduras.
Señalan que los cultivos de coca no respetan la Madre Tierra, y una muestra de ello es que hectáreas de bosques de los parques nacionales Amboró, Carrasco y Tipnis fueron reemplazadas. Estas denuncias provienen de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) con sede en Santa Cruz.
Esa misma fuente informó en su momento que en los últimos diez años, el Parque Nacional Carrasco perdió 12.179 hectáreas; en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se deforestaron otras 12.118 hectáreas de bosques; y en el Parque Nacional Amboró, 10.004 hectáreas. En total, en los parques nacionales o reservas de vida silvestre se deforestaron 71 mil hectáreas de bosque, 20 mil en el quinquenio 2000-2005 y 50 mil entre 2005-2010.
El estudio de la Fundación Tierra señaló que en los Yungas más del 80% de la tierra cultivada se destina a la coca. Otro estudio señaló que los sembradíos de coca aumentan a la par que decrecen los cafetales, frutales y otros (cultivos mixtos de walusa, yuca, maní, zapallo y verdura).
GOOGLE EARTH
Es tal el impacto del crecimiento de los cultivos de coca, que basta con ingresar al buscador, Google Earth, y acercarse a los Yungas para apreciar la mancha del desastre ambiental. Esta producción no está siendo controlada de manera responsable y ha provocado un monocultivo que es una oportunidad de mercado para productos peruanos y chilenos de frutas y verduras.
Señalan que los cultivos de coca no respetan la Madre Tierra, y una muestra de ello es que hectáreas de bosques de los parques nacionales Amboró, Carrasco y Tipnis fueron reemplazadas. Estas denuncias provienen de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) con sede en Santa Cruz.
Esa misma fuente informó en su momento que en los últimos diez años, el Parque Nacional Carrasco perdió 12.179 hectáreas; en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se deforestaron otras 12.118 hectáreas de bosques; y en el Parque Nacional Amboró, 10.004 hectáreas. En total, en los parques nacionales o reservas de vida silvestre se deforestaron 71 mil hectáreas de bosque, 20 mil en el quinquenio 2000-2005 y 50 mil entre 2005-2010.
Monday, December 11, 2017
En América Latina y el Caribe Cepal propone avanzar hacia “ciudades cuidadoras”
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) planteó la necesidad de avanzar en políticas urbanas y autonomía económica de las mujeres donde el Estado, el mercado, las familias, la comunidad, los hombres y las mujeres se hagan cargo, en un contexto de corresponsabilidad y solidaridad, de las labores de cuidado necesarias para la reproducción de la sociedad.
La propuesta fue planteada en el marco del Seminario Internacional ¿Quién cuida en la ciudad?, recientemente efectuado en Santiago de Chile, donde se analizaron los nuevos fenómenos urbanos que demanda respuestas activas y efectivas.
“Las urbes latinoamericanas –con una tasa de urbanización del 79,5%– exhiben enormes desigualdades que forman un entramado complejo de enfrentar, con expresiones como segregación socioespacial, altas tasas de violencia y deterioro ambiental, desigualdades de género en materia de acceso a ingresos propios, niveles de pobreza, uso del tiempo y dedicación al trabajo remunerado y no remunerado”, enfatizó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Alicia Bárcena Bárcena, durante la inauguración del encuentro.
“La incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha ido de la mano de una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado en los hogares, lo que presenta retos para las políticas públicas urbanas”, sostuvo Bárcena.
USO DEL TIEMPO
“Según datos de encuestas sobre el uso del tiempo de 9 ciudades capitales de la región, las mujeres están sobrerrepresentadas en el trabajo no remunerado, destinando entre 15,8 y 34,5 horas semanales más que los hombres a este tipo de tareas, mientras que en materia de trabajo remunerado se produce la situación inversa”, apuntó.
Por su parte, Elkin Velásquez, director regional de ONU-Habitat, destacó que la Nueva Agenda Urbana “adoptada en la Conferencia Habitat III realizada en 2016 en Quito- y el Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe son instrumentos necesarios para pasar de las ideas a la acción en materia de desarrollo sostenible con igualdad de género en las ciudades”.
América Latina y el Caribe tienen 18.000 municipalidades y el llamado es a generar los mecanismos concretos para promover el empoderamiento económico de las mujeres en las ciudades, entre otros desafíos.
La propuesta de la Cepal, contenida en el libro ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad, aspira a lograr ciudades inclusivas y de mutuo cuidado, lo que implica contar con políticas urbanas que respondan a los desafíos de sociedades en creciente transformación demográfica, socioeconómica, social y tecnológica.
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
El documento ¿Quién cuida en la ciudad? recoge experiencias y análisis sobre siete ciudades de la región, realizados en el marco del proyecto “Desarrollo urbano, autonomía económica de las mujeres y políticas de cuidados”, implementado con el apoyo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Necesitamos repensar la planificación urbana y las inversiones en las ciudades para combatir la desigualdad de género”, utilizando instrumentos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda Regional de Género, la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género y el Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana.
La propuesta fue planteada en el marco del Seminario Internacional ¿Quién cuida en la ciudad?, recientemente efectuado en Santiago de Chile, donde se analizaron los nuevos fenómenos urbanos que demanda respuestas activas y efectivas.
“Las urbes latinoamericanas –con una tasa de urbanización del 79,5%– exhiben enormes desigualdades que forman un entramado complejo de enfrentar, con expresiones como segregación socioespacial, altas tasas de violencia y deterioro ambiental, desigualdades de género en materia de acceso a ingresos propios, niveles de pobreza, uso del tiempo y dedicación al trabajo remunerado y no remunerado”, enfatizó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Alicia Bárcena Bárcena, durante la inauguración del encuentro.
“La incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha ido de la mano de una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado en los hogares, lo que presenta retos para las políticas públicas urbanas”, sostuvo Bárcena.
USO DEL TIEMPO
“Según datos de encuestas sobre el uso del tiempo de 9 ciudades capitales de la región, las mujeres están sobrerrepresentadas en el trabajo no remunerado, destinando entre 15,8 y 34,5 horas semanales más que los hombres a este tipo de tareas, mientras que en materia de trabajo remunerado se produce la situación inversa”, apuntó.
Por su parte, Elkin Velásquez, director regional de ONU-Habitat, destacó que la Nueva Agenda Urbana “adoptada en la Conferencia Habitat III realizada en 2016 en Quito- y el Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe son instrumentos necesarios para pasar de las ideas a la acción en materia de desarrollo sostenible con igualdad de género en las ciudades”.
América Latina y el Caribe tienen 18.000 municipalidades y el llamado es a generar los mecanismos concretos para promover el empoderamiento económico de las mujeres en las ciudades, entre otros desafíos.
La propuesta de la Cepal, contenida en el libro ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad, aspira a lograr ciudades inclusivas y de mutuo cuidado, lo que implica contar con políticas urbanas que respondan a los desafíos de sociedades en creciente transformación demográfica, socioeconómica, social y tecnológica.
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
El documento ¿Quién cuida en la ciudad? recoge experiencias y análisis sobre siete ciudades de la región, realizados en el marco del proyecto “Desarrollo urbano, autonomía económica de las mujeres y políticas de cuidados”, implementado con el apoyo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Necesitamos repensar la planificación urbana y las inversiones en las ciudades para combatir la desigualdad de género”, utilizando instrumentos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda Regional de Género, la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género y el Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana.
Subscribe to:
Posts (Atom)