Ni en el periodo 2004-2014, conocido como “superciclo” por haber sido una década en la que Bolivia recibió grandes ingresos económicos en regalías e impuestos directos a los hidrocarburos (IDH), ni después, con la renegociación de los contratos, los gobiernos aplicaron criterios de ahorro y sostenibilidad a partir de la renta petrolera.
“No hay ningún criterio de sostenibilidad y de ahorro, y eso nos parece crítico”, enfatizó, con preocupación, el analista de Hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez, durante un conversatorio sobre la realidad actual del manejo de los hidrocarburos en Bolivia.
En la charla, realizada en pasadas semanas en Sucre, participaron representantes de organizaciones civiles, economistas, políticos y periodistas.
La Fundación Jubileo es una institución de la Iglesia católica con base en La Paz que trabaja en ámbitos políticos, sociales y económicos desarrollando procesos de investigación, información y formación sociopolítica, en busca de construir capacidades para la incidencia política abierta a la sociedad civil, a las estructuras del Estado y al relacionamiento de carácter internacional.
Descuido
Un principio que ha sido descuidado en los últimos diez años es el ahorro, hizo notar el analista de Jubileo al comparar la situación actual de Tarija y el gas natural con la penosa historia de la riqueza minera de Potosí.
Según Velásquez, no se ha tenido la capacidad de generar fondos de ahorro y de sostenibilidad que permitan garantizar dos aspectos: el primero, la volatilidad de los precios de los hidrocarburos (suben y bajan dependiendo de las fuerzas del mercado y las cotizaciones en las bolsas internacionales).
El país, de acuerdo con la política sugerida, debería “ahorrar una parte para que, cuando el precio caiga, sacar de ahí y darle sostenibilidad al gasto público: educación, salud, etc.”.
El segundo aspecto es pensar en las generaciones futuras, para cuando posiblemente no haya gas o, si hubiera, sea un combustible que ya no se comercialice en el mundo.
“Recordemos que la COP (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y los acuerdos de París hablan de que hasta el 2030 los países deberían dejar de consumir energía proveniente de combustibles fósiles. Entonces, aunque el mundo siga usando ese gas como energético, hay que pensar en las generaciones futuras”, complementó el analista de Jubileo.
Fondo de inversiones
Según su planteamiento, el dinero podría ir a un fondo que invierta en determinados activos y genere una rentabilidad para las próximas generaciones.
Velásquez mencionó como ejemplo de la toma de previsiones en este tema a Noruega, un país cuyo fondo de ahorro le permitió el año pasado obtener más ingresos por concepto de intereses que por la venta de petróleo.
En su criterio, Bolivia debería pensar en cómo generar ingresos a partir de la renta petrolera, quizá, apostando a fondos de ahorro y de inversión —como los hay en todo el mundo— que generen intereses y rendimientos para el futuro.
La necesidad de debatir
“Si vamos mucho antes, hasta la historia de Potosí, parece que no ha sido suficiente para los bolivianos. No hemos aprendido que son recursos naturales no renovables, que se cotizan a precios volátiles, que tienen épocas de expansión y de contracción, y que en épocas de expansión hay que ahorrar para las épocas de contracción”, aleccionó.
Para eso, considera necesario generar debates como el que se desarrolló en la Capital, para discutir de qué manera se deberían invertir los ingresos que Chuquisaca percibe por concepto de regalías e IDH.
“Si bien estamos en la antesala de un nuevo contrato (de venta de gas) con Brasil, que posiblemente cambie las expectativas que se tenían en cuanto a la generación de ingresos, aun así es un sector que seguirá produciendo gas natural y seguirá generando ingresos. Entonces, hay que reflexionar dentro de los departamentos productores cómo se deberían redistribuir esos ingresos”, enfatizó.
Velásquez indicó que las regiones productoras se han dedicado a pelear por “una tajada de la torta” (los campos compartidos), pero no tanto a debatir sobre qué se hace con los recursos del gas de cara al futuro.
Pasado y presente
De acuerdo con su explicación, el Estado tiene una participación en la renta petrolera de un promedio del 70%. La renta ya no beneficia solamente a los cuatro departamentos productores de gas, sino a los nueve a través del IDH. También a los 339 municipios, a 10 universidades, al TGN, las FFAA, la Policía, pueblos indígenas beneficiados y adultos mayores. Velásquez remarcó que un tema polémico es el de la participación de las FFAA y la Policía, algo que, según comentó, llama mucho la atención en el exterior del país. Sin embargo, en Bolivia casi no se debate sobre el asunto.
Las regalías departamentales representan un 11% benefician solo a las cuatro regiones productoras. Como pasa en general con la renta petrolera, para las regalías no hay criterio de ahorro para las generaciones futuras, señaló Velásquez.
En conclusión, Velásquez dijo que existe la necesidad de una reforma al sistema de distribución de la renta petrolera. “El anterior esquema era muy favorable a las empresas y el actual, muy favorable al Estado. Hay que buscar quizás un punto intermedio”, sentenció.
Al respecto, manifestó que una “clara muestra es que no hay suficiente inversión en exploración: YPFB no tiene la capacidad de hacerlo, ni financiera ni técnicamente. De hecho, han pasado diez años y no hay un solo campo que sea operado por YPFB de manera directa. Hay unos cuantos, chiquitos, operados por dos subsidiarias, YPFB Andina y YPFB Chaco (99% del Estado y 1% de ex trabajadores petroleros), pero en Andina tenemos el 51% de acciones (el 49% es de Repsol)”.
Dirigiéndose a los presentes, estimuló: “¿Ustedes, desde sus espacios, pueden incidir a generar la necesidad de una cumbre departamental fiscal y de desarrollo?”.
Chuquisaca no tiene una visión política de hidrocarburos
Chuquisaca es un departamento muy importante en términos de proyección, si hablamos de las perspectivas de sus campos gasíferos, pero en general no tiene una propuesta sobre hidrocarburos, una visión de política hidrocarburífera.
Esa es una de las conclusiones planteadas por el analista de Hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez, durante un conversatorio realizado en Sucre con la participación de representantes de organizaciones civiles, economistas, políticos y periodistas.
Entre otras afirmaciones, destacó que el Gobierno trató de impulsar un desarrollo más micro, a nivel municipal, en desmedro del desarrollo regional, lo cual plantea un desafío en cuanto a visión de desarrollo.
“Estamos yendo a una visión de desarrollo cada vez más local, olvidándonos un poquito del desarrollo regional”, dijo.
Hablando de una regalía per cápita, Velásquez mencionó que hay años en los que Beni (un departamento que no produce hidrocarburos) recibió más regalías que Chuquisaca (departamento productor). Esto significa que las políticas petroleras generaron inequidad, no solo entre regiones sino también entre municipios.
Dos campos importantes
Los campos Azero y Huacareta, con una potencialidad significativa para el país, trabajan bajo lo acordado en los nuevos contratos, suscritos en 2009. Estos contratos determinan una baja participación de YPFB, mucho más que en los contratos de operación (2006).
En el caso de Azero, la empresa petrolera pasa 500 mil dólares al año en la fase de exploración y 1 millón de dólares en explotación. Prácticamente nada considerando que, por ejemplo, para el caso de Sábalo, YPFB recibió hasta 50 millones de dólares al año. La justificación, según Velásquez, es que en los nuevos contratos la petrolera estatal está como socia.
Si en Azero se encuentra gas, las extranjeras Gazprom y Total deben formar obligatoriamente, porque así se halla especificado en los nuevos contratos, una nueva empresa en la que YPFB tendrá una participación del 51% mientras que las dos multinacionales mencionadas, del 49% restante.
“Equipo multidisciplinario”
Juan José Romero
(Ex presidente de Codeinca)
“¡Cómo hemos despilfarrado semejante cantidad de dinero! El Gobierno estuvo en la gran bonanza y lamentablemente ahora que comienza a caer se ve en la necesidad de aplicar más restricciones (…) Reuniéndonos, debatiéndonos, así no se hace (…) Deberíamos crear un cuerpo, equipo multidisciplinario conformado por abogados, ingenieros, técnicos, economistas, etc., a la cabeza de la Universidad, con recursos de la Gobernación y la Alcaldía, pero no ad honorem, que comience a analizar los criterios de distribución de la renta petrolera, que hay que cambiar. Ese mismo equipo debe plantear que no se despilfarren los recursos: siempre se dijo ‘plantar el oro negro para después cosechar’. Pero no se hizo”.
“Una distorsión muy grande”
Fernando Rodríguez
(Experto en hidrocarburos)
“Hay una distorsión muy grande en cuanto a distribución per cápita; por ejemplo, un mismo porcentaje de IDH para un departamento grande y otro chico, lo que significa ‘buena’ educación y salud para un departamento chico y ‘mala’ para otro grande (…)
Para empezar, tenemos que cuidar nuestras regalías y nuestro IDH en función a lo que tenemos, a la Ley 3058, ver qué hacemos con esa plata y después ver si se cambia o no la ley.
Por un lado, cuidar los precios (del gas) para el pago de regalías. Por otro lado, en este momento estamos quemando casi 8 millones de m3 en generación a gas (240 millones de pies cúbicos de gas por día, es decir, 720 mil dólares que perdemos por día, según los precios actuales), en vez de generar energía hidroeléctrica. Entonces, tenemos que sembrar el gas para que sea un círculo virtuoso, no vicioso”.
“Es difícil cambiar los porcentajes”
Álvaro Ríos
(PAIS)
“Históricamente hemos dependido de la plata, del estaño y ahora del gas. Si la renta petrolera son los ingresos de la producción de hidrocarburos, descartando el costo, tenemos que estar conscientes de que toda la producción de gas la estamos vendiendo a Brasil y Argentina.
Me parece preocupante. Y al no tener la información adecuada, se hace difícil hacer un análisis correcto. El nivel central del Estado prácticamente quiere acaparar toda la distribución petrolera. Y dos, deberíamos profundizar el debate de adónde tenemos que destinar lo que vamos a recibir; los precios son volátiles y eso perjudica a futuro. Va a ser difícil cambiar los porcentajes de redistribución. Creo que no existen las condiciones subjetivas ni materiales para llegar a ese punto del famoso Pacto Fiscal”.
“La experiencia de Noruega”
Lorenzo Catalá
(CAINCO)
“En 1995, hace 22 años, Noruega decide crear un fondo de compensación con apenas 250 millones de dólares. Hace escasos días atrás veía que ese fondo hoy suman 900 mil millones de dólares. ¿Y qué diferencia su mirada de la nuestra? Que ellos dijeron: ‘no nos vamos a farrear el dinero de hoy, porque si hacemos eso viviremos la enfermedad holandesa’. Ellos tuvieron dos cosas que los bolivianos no tenemos en este momento: confianza en un Estado y trabajo con una mirada de largo plazo. A nuestras autoridades les importa el momento.
¿Cómo invirtieron esos recursos? No se invierte en Noruega, sino fuera, para no distorsionar la economía (…) No somos capaces de ver el bien mayor, nos quedamos con la mirada corta.
Por otra parte, esto de ‘sembrar el gas’: el gran problema que tenemos es que queremos sembrarlo ahora y que dé frutos ahora mismo. Es un error”.
“Impacto en la densidad estatal”
Franz Flores
(Universidad)
“Con un grupo de docentes estamos haciendo una investigación que trata de densidad estatal y desarrollo: el impacto que ha tenido la renta hidrocarburífera, entre 2001 y 2012, es notable en la densidad estatal. ‘Densidad estatal’ entendida como la provisión de educación, salud, alcantarillado, agua y demás.
Hoy, hay una mayor presencia estatal en Bolivia (…) Los recursos petrolíferos, pese a lo que uno puede imaginar, se están invirtiendo en educación y salud, según datos del Censo 2012. Quizás no sea suficiente, podría ser mucho más. ¿Qué prueba ese impacto? El hecho de que Tarija asume el liderazgo, sus recursos han repercutido en su densidad estatal (…) ¿Crear una instancia de análisis? Quizá no dependiente de la Gobernación, la clave es hacer trabajar a la Universidad. Sería una instancia legítima, académica, no política. Es su rol, su deber proponer soluciones de desarrollo”.
“¿Qué poder tiene Chuquisaca?”
Marcelino Higueras
(CODEPANAL – CH)
“¿Qué queremos ser como Chuquisaca? Tenemos dos exámenes: en Incahuasi, ¿qué hemos hecho como universidad, como profesionales, etc.? Nos hemos preocupado de que no teníamos documentos para fundamentar, no teníamos investigaciones, estábamos perdidos. ¿Hemos vencido ese examen o nos hemos aplazado?
El otro examen es Pacto Fiscal, razón y base de discusión de distribución de los recursos de los hidrocarburos. Muchos han entrado prácticamente vencidos al debate (…) ¿Qué hemos hecho como Chuquisaca? El Pacto Fiscal ha llegado a unos apuntes de proyectos…
¿Qué poder político real tiene Chuquisaca ante el nivel central del Estado? Al margen de los representantes, ¿cuán valedero es el poder departamental si se llegaran a discutir los porcentajes de redistribución?”.
“O el modelo fracasó o se agota”
Germán Gutiérrez
(Político)
“Tengo la sensación de que la estrategia de hidrocarburos ha llegado o está llegando a su fin, o ha fracasado o se está agotando. El MAS implementó una forma de manejo de la economía con el Estado muy presente, y habría que ver qué tipo de beneficios y perjuicios ha generado el manejo de los hidrocarburos por parte del Estado. En 10 años, los recursos de los hidrocarburos son infinitamente superiores a los que se recibió en toda la historia de Bolivia (…) Es lógico, obvio, el impacto en la densidad estatal.
YPFB se ha modificado de mil maneras, no sé si con estudios o sin estudios. Hay una serie de sinrazones que, a simple vista, parecen ilógicas. Cualquier tipo de definición no es técnica ni de manejo de la economía, sino de cómo apreciamos que debe ser el manejo del poder, qué hacemos con este modelo de país. Institucionalmente en Chuquisaca estamos muy débiles, y es nuestra culpa”.
“Que cada cual cumpla su rol”
Liliana Sánchez
(Universidad)
“El tema de fondo es la desinstitucionalización que tenemos a nivel de departamento. ¿Comisión? ¿Cumbre? ¿De quiénes? Se supone que se crearon niveles autonómicos, hay una asamblea con distinta representación, etc., sin embargo no cumplen su rol. Tú quieres hacer una fiscalización y te conviertes en enemigo poco más de todo el mundo.
¿El nivel de ejecución es un indicador de desarrollo? Si no has ejecutado más del 50%, te aplazaste. Alguien decía: ‘yo me alegro cuando no ejecutan porque si van a gastar como sea y por lo que sea…’. Es un problema de fondo que venimos arrastrando.
Nunca se va a dar una comisión porque no va a haber recursos para pagar (…) Se discute hace mucho tiempo, pero no terminamos de aterrizar. EL tema de la institucionalización debería convertirse en un tema de que cada cual cumpla su rol; para eso se les paga”.
“Empecemos a construir”
Marlene Salinas
(CISICH)
“Además de ser histórica nuestra marginalidad, tiene que ver también con la actitud que tenemos. Falta autocrítica para darnos cuenta, a nivel institucional (en general), de en qué estamos fallando. Siempre escuchamos decir que deberíamos dejar nuestros colores de partidos políticos y velar por los chuquisaqueños y los sucrenses, pero después vemos que somos solo el 4% de una votación nacional.
Tenemos elementos a favor, tenemos una autonomía ganada con el voto del pueblo, legítima, con competencias, que todavía no está siendo desarrollada y ni siquiera se acerca a lo que realmente debería ser.
Y el Pacto Fiscal se está volviendo una lista de proyectos (…) El hecho de agruparnos no solamente tiene que ser para decir ‘todo está mal’, puede ser una buena instancia donde empecemos a construir”.
No comments:
Post a Comment