CONCLUSIÓN
La Fundación Jubileo dice que se está incumpliendo normativas sobre transparencia y que, pese a ello, no hay sanciones.
¿Cuál es el estado de la transparencia en el sector de los hidrocarburos? “Ha caído junto con los precios”. La Fundación Jubileo presentó recientemente un informe sobre el asunto. El resultado no fue para nada sobresaliente. De hecho, hubo retroceso, según la organización.
"La Ley de Hidrocarburos, aprobada hace 13 años, exigía a las empresas petroleras privadas el cumplimiento de estándares de transparencia y acceso a la información a favor de la población boliviana; y una vez nacionalizado el sector y recuperado el rol estatal este tipo de políticas y los instrumentos de información ciudadana, en vez de masificarse, han sufrido un evidente retroceso", concluyó la Fundación, una organización católica que trabaja temas políticos, sociales y económicos, en el informe "Situación de la transparencia y acceso a la información en el sector hidrocarburos".
La organización en cuestión evaluó "el cumplimiento de la normativa nacional sobre transparencia y acceso a información" y, por otro lado, "la existencia de información necesaria sobre la gestión de los hidrocarburos, la recaudación y gasto de la renta, a través de la revisión de los portales web de las diferentes entidades relacionadas con el sector hidrocarburos". No encontró mucho, tras el ejercicio.
¿Qué pasó? "Cuando hubo precios altos, había muchas políticas de transparencia. Había boletines trimestrales de YPFB, que daban información sobre producción de hidrocarburos, sobre inversiones de (algunos) sectores, sobre comercialización, sobre precios y sobre regalías y renta. Había una página de YPFB Transportes que te mostraba la comercialización de hidrocarburos en cada uno de los mercados, por día", introduce Raúl Velásquez, uno de los autores de la investigación, en el que también participó Sandra Sánchez, otra de las colaboradoras de la Fundación.
"Desde 2015, donde empieza la caída del precio internacional del petróleo, se retira este boletín, se retira de la página de YPFB Transportes la información sobre la comercialización... Entonces, esto hace que hoy en día, en una escala del 1 al 10, la transparencia y acceso a la información estén en un nivel muy bajo. Hay unidades de transparencia, pero abocadas únicamente a la corrupción y no así al acceso a la información, que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano. Yo situaría en un 3 o un 2, posiblemente, en una escala de calificación, el estado de la transparencia", complementa.
Como ejemplo, según Velásquez, en el portal de YPFB no hay informes sobre la producción de hidrocarburos después de 2014, algo que el investigador calificó como "vergonzoso", pese a que el artículo 6 de la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos, obliga a la estatal petrolera a publicar esa información y otras variables sobre el sector. "YPFB no lo cumple esa ley y no hay ninguna sanción ante ese incumplimiento, algo que también es preocupante", observa.
En líneas generales, el trabajo de la Fundación Jubileo evaluó el estado del cumplimiento de la normativa sobre la transparencia y el acceso a la información en los niveles central y subnacional; en la gestión de los hidrocarburos, y en el uso de la renta petrolera.
En el caso de la evaluación del cumplimiento de la normativa, la investigación halló que la mayoría de las empresas estatales del nivel central cuenta con unidad de transparencia, excepto dos: YPFB Transporte y YPFB Refinación. También encontró que la mayoría cumplió con el ejercicio de rendición pública de cuentas. Sin embargo, ninguno publicó su Programa Operativo Anual (POA). Tampoco su presupuesto. Y casi ninguno, el reporte sobre la ejecución presupuestaria. Es decir, esa falta de información no le permite al ciudadano seguir, de manera adecuada, su trabajo, según observan los investigadores en sus conclusiones.
En el caso de la transparencia en la gestión de los hidrocarburos, la investigación halló, por ejemplo, un documento denominado "Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Hidrocarburos 2016-2020". Sin embargo, no encontró reportes directamente "relacionados con sus avances".
Otro ejemplo: Desde 2012, "no han sido puestos a disposición de la sociedad civil" los contratos de exploración y explotación que se aprobaron desde entonces "en ningún portal web de las instituciones oficiales".
Lo que también llama la atención es el estado de la transparencia sobre el uso de la rente petrolera. "Lo que está claro es que debería invertirse (la plata del gas). Lo que no está claro es en qué se ejecuta el dinero que ingresa por IDH y por regalías", observa Velásquez.
"Lamentablemente, no hay suficiente transparencia por parte de las gobernaciones, municipios y universidades, para ver en qué se está gastando lo que reciben por regalías e IDH. Si bien hay datos desagregados que proporciona el Ministerio de Economía sobre cuánto dinero reciben los beneficiarios de la renta petrolera, no así datos desagregados por gobernación, municipio y universidades sobre qué es lo que se hace con ese dinero", explica. "La recomendación que venimos dando desde hace tiempo es la creación de fondos de ahorro y sostenibilidad, que permitan ahorrar una porción de esa regalías o IDH para prever en un futuro en que los precios del petróleo pueda variar o los mercados puedan cambiar", completa.
En la tabla de evaluación de transparencia del uso de la renta petrolera, tanto la Gobernación de Chuquisaca como el Gobierno Municipal de Sucre obtuvieron un registro negativo en todas y cada una de las variables, como el informe de avance de los proyectos que vienen ejecutando, para citar sólo un ejemplo.
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