El contrato de préstamo de 21 millones de dólares a la Fundación para la Producción (Funda-Pro), aquel por el que la Fiscalía imputó al líder opositor Samuel Doria Medina, fue acordado previamente por el Gobierno y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) mediante una enmienda al convenio bilateral para el proyecto FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias).
Así lo indicó Funda-Pro en respuesta a un requerimiento de información hecho por OPINIÓN. “A la Fundación no le correspondía la negociación de los términos del contrato, porque estos fueron acordados previamente por USAID/Bolivia y el Gobierno boliviano mediante una enmienda al convenio del proyecto FOCAS, suscrita el 18 de septiembre de 1992”, se lee en la respuesta.
De acuerdo con la investigación iniciada por una comisión especial de la Asamblea Legislativa, y luego por el Ministerio Público, el 8 de octubre de 1992, Doria Medina, en su condición de ministro de Planeamiento, firmó el contrato de préstamo a favor de Funda-Pro con un interés menor al que el Estado pagaba a sus acreedores. Por ello la Fiscalía imputó al también empresario por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La información proporcionada por Funda-Pro da cuenta que el crédito de 21 millones de dólares fue otorgado “a un plazo de 40 años, con 20 años de gracia a capital, y a una tasa (de interés) del uno por ciento”.
Según la Fundación, el contrato fue aprobado durante el gobierno del expresidente Jaime Paz Zamora, cuando Doria Medina era ministro, y su marco operativo fue definido mediante el Decreto Supremo 23632, del 3 de septiembre de 1993, por el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El decreto de 1993 “homologa” el contrato de préstamo suscrito en octubre de 1992 entre la Unidad de Coordinación del Proyecto FOCAS y Funda-Pro. Aprueba además “el addendum acordado entre las mismas partes en fecha 21 de junio de 1993”, sin detallar los pormenores del mismo.
“Un año después, (Doria Medina) convence a Sánchez de Lozada para que le haga un decreto, un año después de haber transferido el dinero”, indicó a OPINIÓN el diputado oficialista Javier Zavaleta, presidente de la Comisión Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, instancia legislativa que investiga el caso FOCAS, entre otros.
El 30 de octubre, el procurador general del Estado, Héctor Arce, anunció su decisión de solicitar al Ministerio Público la inclusión de Sánchez de Lozada en el proceso penal abierto por el caso.
Zavaleta reiteró que Doria Medina todavía no presenta una ley o decreto del año en que se firmó el contrato de préstamo para justificar la legalidad de su accionar. El empresario ha argumentado reiteradas veces que el crédito para Funda-Pro fue una “condición” del Gobierno estadounidense para la condonación de la deuda de 383 millones de dólares que Bolivia mantenía por el financiamiento recibido para el proyecto FOCAS.
En el decreto de Sánchez de Lozada se menciona que al convenio entre Bolivia y Estados Unidos se le hicieron dos enmiendas el 18 de septiembre de 1992 (la fecha a la que hace referencia Funda-Pro) y el 14 de mayo de 1993, respectivamente, las cuales disponen “el establecimiento de una entidad financiera con fines de desarrollo, con la participación de la Corporación Andina de Fomento, USAID/Bolivia y varias instituciones nacionales sin finalidades de lucro”.
Funda-Pro sabía de esos términos. “Se informó a la Fundación que una condicionante para la condonación de estos recursos era formar una institución que tenga una administración privada, sin fines de lucro, que opere con autonomía y recursos reembolsables”, señala.
DEUDA PAGADA De acuerdo con Funda-Pro, la totalidad del crédito fue saldada en mayo de este año, así como los intereses generados durante la vigencia del préstamo, los cuales ascendieron a 4,7 millones de dólares.
El préstamo se usó en financiamiento para productores, estudiantes y emprendedores.
La Fundación para la Producción (Funda-Pro) utilizó el préstamo recibido del Gobierno cuando Samuel Doria Medina era ministro de Planeamiento en tres programas de financiamiento destinados a micro y pequeños productores, jóvenes y estudiantes, y emprendedores pequeños y medianos.
Así lo informó la Fundación. El primer programa, señala, fue ejecutado a través de aproximadamente 50 entidades con presencia real en el sector productivo: cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones no gubernamentales (ONG) financieras e instituciones financieras de desarrollo (IFD). El segundo programa, de créditos educativos y orientado a la formación técnica y profesional a nivel superior, benefició a jóvenes y estudiantes de pregrado y de todos los grados universitarios. Según la Fundación, también contempló programas de especialización y actualización.
Finalmente, el crédito de 21 millones de dólares, parte de los recursos otorgados por Estados Unidos para el proyecto FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), se destinó a un programa de financiamiento para la ejecución de proyectos nuevos o la consolidación y expansión de proyectos ya existentes de emprendedores pequeños y medianos, de carácter rural e involucrados en cadenas productivas. El programa se llevó adelante en colaboración con aliados estratégicos y empleando esquemas alternativos de financiación, detalla Funda-Pro.
La fundación privada Funda-Pro fue constituida con el préstamo otorgado en 1992 y por el cual la Fiscalía imputó a Doria Medina por la presunta comisión de tres delitos.
En sus 24 años de vida, detalla la Fundación, canalizó 338.000 créditos para micro y pequeños empresarios a través de su programa “Finan-Pro”, 300 créditos de apoyo a nuevos emprendimientos con su programa de “Emprende-Pro”, y dio créditos a más de 4.000 estudiantes y profesionales mediante “Educa-Pro”.
Además, financió la realización de un estudio sobre el mercado laboral del país, promovió la creación de la Red Bolivia Emprendedora, y apoyó la creación de un buró de información crediticia, el cual tiene el propósito de generar información para minimizar los riesgos crediticios del sistema financiero.
“Los delitos son permanentes”
Javier Zavaleta, diputado oficialista y presidente de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el tema, asegura que la acusación contra Doria Medina considera que los delitos son permanentes y, por lo tanto, imprescriptibles. Los efectos de los presuntos ilícitos, explica, continuaron hasta mayo de este año, cuando la Fundación para la Producción (Funda-Pro) pagó el crédito de 21 millones de dólares, cuyo contrato fue firmado por el opositor en 1992, cuando era Ministro de Planeamiento.
“La discusión va a ser sobre un delito de carácter permanente, constante, los que no prescriben nunca; en este caso los fiscales tendrán que justificar en el proceso de investigación, antes de entrar al juicio, si tienen elementos para sostener que es un delito de ese tipo; si no fuese así, de acuerdo con la ley, el supuesto delito hubiera prescrito”, explicó a OPINIÓN el abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta.
Se considera un delito permanente aquel que va dándose en el tiempo y cuyos efectos continúan, agregó el jurista. “No se ha terminando de consumar”, subrayó.
Doria Medina debía comparecer el 3 de noviembre ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, pero la audiencia, después de ser instalada, fue aplazada hasta el 17.
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