La reducción de la pobreza es un compromiso nacional e internacional. El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) consistía en erradicar la pobreza extrema y el hambre hasta el año 2015. En el caso de Bolivia, se había asumido bajar la extrema pobreza a 24,1% de la población; pero el desempeño fue extraordinario y hasta ese año se redujo a 16,8%.
Desde la década de los 90 la disminución de personas que vivían en la indigencia fue de 24 puntos porcentuales.
Para el año 2016, el porcentaje de personas que no disponían del ingreso mínimo requerido para el destino exclusivo de alimentos y satisfacer los requerimientos nutricionales se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentado en la rendición pública de cuentas, el 3 de octubre de 2017.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
En el período 2007–2015, más de 1,8 millones de personas dejaron de ser extremadamente pobres. En ese tiempo, el Gobierno llegó más allá de una de las metas del ODM 1 y Bolivia alcanzó un notable resultado.
En los últimos años, el crecimiento económico del país empezó a disminuir. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) bajó a 4,3%, el año 2016, y para 2017 no pasaría de 4%, según estimaciones de organismos internacionales.
Desde 2007 hasta 2011, la reducción de la pobreza se había mantenido a un ritmo de aproximadamente 5 puntos porcentuales (pp) y el crecimiento económico promedio de esos años fue de 4,9%.
Según el crecimiento del PIB, se advierte que durante el período 2007–2013 las tasas fueron favorables para la reducción de la pobreza, pero en cuanto empezó la desaceleración económica y las tasas de crecimiento comenzaron a ser menores los niveles de reducción de la pobreza extrema también fueron marginalmente inferiores, hasta llegar a la gestión 2016, cuando la pobreza extrema se incrementó y el PIB decreció respecto del año 2015.
La nueva agenda de Naciones Unidas contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se constituyen en un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Si bien la cantidad de personas en extrema pobreza disminuyó en el país, aún hay más de 1,8 millones de personas que luchan por satisfacer sus necesidades más básicas.
Además, aparecen nuevas amenazas como el cambio climático, la inseguridad ciudadana, el alcance de los servicios básicos y la inseguridad alimentaria, las cuales requieren de mayores esfuerzos para sacar a las personas de la pobreza.
POLÍTICAS SOSTENIBLES
Según la Fundación Jubileo, este cambio en el ciclo económico debe ser una alerta para proteger los resultados alcanzados y evitar que más personas vuelvan a vivir en situación de extrema pobreza, para lo cual se requieren políticas públicas garantizando la sostenibilidad.
Es recomendable para el país generar más empleos de calidad, prevenir políticas asociadas a derechos como salud y educación, proteger el gasto social y aprovechar el potencial de población en edad de trabajar que alcanza a 79%, segmento al que se conoce como “bono demográfico”.
Por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que se comenzó con los ODM y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones hasta el año 2030. Igualmente, la agenda patriótica, proyectada hasta el 2025, tiene como uno de sus pilares erradicar la extrema pobreza. Es una aspiración que estas dos metas sean cumplidas.
REDUCCION DE INGRESOS
Asimismo, Jubileo expresa que el avance en la lucha contra la pobreza está en riesgo por la disminución de inversión.
El 2017 fue un año de mayor estabilidad para los precios internacionales del petróleo, incluso con una leve mejoría en los últimos meses; pero los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalía continuaron disminuyendo.
La caída de estos ingresos, que empezó en la gestión 2015, significa una gran afectación a las finanzas públicas de todos los niveles de gobierno, principalmente de gobernaciones y municipios. Los menores ingresos impactan en menores inversiones y esto pone en riesgo los avances alcanzados en la lucha contra la pobreza y protección social de los sectores más débiles.
En tres años, comparando el dato ejecutado de 2014 en relación al presupuesto 2017, el ingreso de gobernaciones disminuyó en 55% por concepto de coparticipación de tributos, regalías e IDH.
En el caso de los gobiernos municipales, la pérdida acumulada es por 34% en el mismo período.
Para 2018, el presupuesto prevé un monto similar al de 2017, por lo que ya se habría llegado al nuevo nivel de ingresos con el que contarán gobernaciones y municipios, al menos en el corto plazo.
Por otra parte, gobernaciones y municipios, que acumularon importantes saldos en el período de la bonanza, como resultado de presupuestos que no fueron ejecutados en su totalidad, habrían utilizado los mismos para cubrir la disminución de ingresos.
Para fines de 2017, esos saldos prácticamente habrán quedado agotados. Esto implica que a partir de 2018 ya no habrá recursos guardados para financiar la brecha.
Las instancias más dependientes de los recursos provenientes de hidrocarburos son las gobernaciones. Estos niveles de gobierno recaudan impuestos por montos insignificantes, resultado del actual sistema tributario.
Por otro lado, los ingresos por impuestos recaudados por el nivel central (sin IDH), que en 2016 registraron una leve disminución, en 2017 registrarían un nivel similar al de 2016. Estos recursos serían más sostenibles y son administrados en su mayor parte por el nivel central.
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