Como resultado del Pacto Fiscal, conducido por el Gobierno, que contó con la participación de representantes de gobernaciones y municipios, en fecha 5 de diciembre de 2017, el Servicio Estatal de Autonomías emitió el “Documento Final del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal”, el cual no plantea cambios estructurales. El resultado mantiene intacta la antigua arquitectura fiscal y posterga nuevamente el tratamiento de temas urgentes, evaluó la Fundación Jubileo.
Mediante un documento Jubileo señaló que desde el proceso constituyente, se articuló una plataforma de organizaciones e institucionales aliadas denominada “Pacto por el Bien Común”, donde la Fundación demandó el diseño de una nueva arquitectura fiscal, orientada a concretar cambios estructurales, con participación ciudadana y guiada por el propósito del bien común.
LEY DE AUTONOMÍAS
El Pacto Fiscal fue agendado en 2010 con la Ley Marco de Autonomías, pero se realizó el 2017, lamentablemente después de que pasó el periodo denominado de bonanza económica, momento en el que era más propicio realizar las reformas fiscales necesarias. No hubo la suficiente voluntad política y se actuó en función del corto plazo.
Al final de este proceso, según el documento de la entidad privada, prevalecen los problemas, inconsistencias, limitaciones y temas pendientes, como ser, un sistema tributario que no llega a la mayor parte de la economía y que no asegura una progresividad, como define la Constitución, respecto a tributar en proporción a la capacidad económica. Asimismo, prevalecen la casi total centralización en la recaudación de tributos, la marcada inequidad en la distribución de recursos entre las diferentes regiones y los insuficientes recursos para las autonomías departamentales.
Jubileo manifestó también que se mantiene una alta dependencia de la renta extractiva, con el riesgo de la insostenibilidad de las finanzas públicas, además de una dispersión de los recursos del gas.
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