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Tuesday, February 5, 2019
Friday, January 4, 2019
Jubileo exige transparencia en nuevos tratos de venta de gas
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en su calidad de presidente del directorio de YPFB, firmó nuevos contratos con empresas privadas de Brasil para la compra de gas, al respecto el analista del sector de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, en su cuenta de Twitter, demandó transparencia en los acuerdos suscritos, y que podrían ejecutarse a partir de 2025, y sobre los precios, sugirió que se encuentran en penumbra.
Como se recordará el pasado año, la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) concretó tres contratos de compra y venta de gas y urea con empresas privadas de Brasil.
El anuncio fue realizado por el presidente, Evo Morales, quien participó en un acto público junto al ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez; el presidente de YPFB, Oscar Barriga Arteaga y ejecutivos de las compañías brasileñas además de invitados especiales.
El primer contrato fue firmado con Camacari RJ para la construcción de una planta termoeléctrica en la ciudad fronteriza de Corumbá, en la que YPFB será socio y proveedor del gas natural.
ACUERDOS
El contrato entre YPFB y Camacari RJ contempla la venta de 1,5 a 3 millones de metros cúbicos de gas durante los siguientes 25 años.
El segundo contrato fue rubricado entre YPFB y MS Gas para distribuir gas natural domiciliario en las ciudades de Matto Groso do Sul, en la primera etapa, ambas empresas construirán las redes de gas en la ciudad de Corumbá, donde se tiene el gasoducto, además se transferirá la experiencia de instalación de redes domiciliarias.
El tercer contrato fue firmado con la empresa Hinove Agrociencia S.A para la venta de 100.000 toneladas de urea, de la producción que se realizará en Bolivia en la gestión 2019, cifra que se incrementará hasta 1,2 millones de toneladas en los próximos años.
Mientras tanto, Sánchez anunció que para este mes de enero se suscribirán otros contratos, también con empresas de Brasil, pero se espera concretar negocios con dos ciudades de Perú para la provisión de gas.
Según el ministro de Hidrocarburos, los estados brasileños de Mato Grosso Do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Río Grande Do Sul, son los mercados a explotar en el futuro, paralelos al contrato que actualmente se tiene con la estatal brasileña Petrobras.
Como se recordará el pasado año, la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) concretó tres contratos de compra y venta de gas y urea con empresas privadas de Brasil.
El anuncio fue realizado por el presidente, Evo Morales, quien participó en un acto público junto al ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez; el presidente de YPFB, Oscar Barriga Arteaga y ejecutivos de las compañías brasileñas además de invitados especiales.
El primer contrato fue firmado con Camacari RJ para la construcción de una planta termoeléctrica en la ciudad fronteriza de Corumbá, en la que YPFB será socio y proveedor del gas natural.
ACUERDOS
El contrato entre YPFB y Camacari RJ contempla la venta de 1,5 a 3 millones de metros cúbicos de gas durante los siguientes 25 años.
El segundo contrato fue rubricado entre YPFB y MS Gas para distribuir gas natural domiciliario en las ciudades de Matto Groso do Sul, en la primera etapa, ambas empresas construirán las redes de gas en la ciudad de Corumbá, donde se tiene el gasoducto, además se transferirá la experiencia de instalación de redes domiciliarias.
El tercer contrato fue firmado con la empresa Hinove Agrociencia S.A para la venta de 100.000 toneladas de urea, de la producción que se realizará en Bolivia en la gestión 2019, cifra que se incrementará hasta 1,2 millones de toneladas en los próximos años.
Mientras tanto, Sánchez anunció que para este mes de enero se suscribirán otros contratos, también con empresas de Brasil, pero se espera concretar negocios con dos ciudades de Perú para la provisión de gas.
Según el ministro de Hidrocarburos, los estados brasileños de Mato Grosso Do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Río Grande Do Sul, son los mercados a explotar en el futuro, paralelos al contrato que actualmente se tiene con la estatal brasileña Petrobras.
Friday, November 9, 2018
Transparencia: Jubileo ve retroceso en hidrocarburos
CONCLUSIÓN
La Fundación Jubileo dice que se está incumpliendo normativas sobre transparencia y que, pese a ello, no hay sanciones.
¿Cuál es el estado de la transparencia en el sector de los hidrocarburos? “Ha caído junto con los precios”. La Fundación Jubileo presentó recientemente un informe sobre el asunto. El resultado no fue para nada sobresaliente. De hecho, hubo retroceso, según la organización.
"La Ley de Hidrocarburos, aprobada hace 13 años, exigía a las empresas petroleras privadas el cumplimiento de estándares de transparencia y acceso a la información a favor de la población boliviana; y una vez nacionalizado el sector y recuperado el rol estatal este tipo de políticas y los instrumentos de información ciudadana, en vez de masificarse, han sufrido un evidente retroceso", concluyó la Fundación, una organización católica que trabaja temas políticos, sociales y económicos, en el informe "Situación de la transparencia y acceso a la información en el sector hidrocarburos".
La organización en cuestión evaluó "el cumplimiento de la normativa nacional sobre transparencia y acceso a información" y, por otro lado, "la existencia de información necesaria sobre la gestión de los hidrocarburos, la recaudación y gasto de la renta, a través de la revisión de los portales web de las diferentes entidades relacionadas con el sector hidrocarburos". No encontró mucho, tras el ejercicio.
¿Qué pasó? "Cuando hubo precios altos, había muchas políticas de transparencia. Había boletines trimestrales de YPFB, que daban información sobre producción de hidrocarburos, sobre inversiones de (algunos) sectores, sobre comercialización, sobre precios y sobre regalías y renta. Había una página de YPFB Transportes que te mostraba la comercialización de hidrocarburos en cada uno de los mercados, por día", introduce Raúl Velásquez, uno de los autores de la investigación, en el que también participó Sandra Sánchez, otra de las colaboradoras de la Fundación.
"Desde 2015, donde empieza la caída del precio internacional del petróleo, se retira este boletín, se retira de la página de YPFB Transportes la información sobre la comercialización... Entonces, esto hace que hoy en día, en una escala del 1 al 10, la transparencia y acceso a la información estén en un nivel muy bajo. Hay unidades de transparencia, pero abocadas únicamente a la corrupción y no así al acceso a la información, que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano. Yo situaría en un 3 o un 2, posiblemente, en una escala de calificación, el estado de la transparencia", complementa.
Como ejemplo, según Velásquez, en el portal de YPFB no hay informes sobre la producción de hidrocarburos después de 2014, algo que el investigador calificó como "vergonzoso", pese a que el artículo 6 de la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos, obliga a la estatal petrolera a publicar esa información y otras variables sobre el sector. "YPFB no lo cumple esa ley y no hay ninguna sanción ante ese incumplimiento, algo que también es preocupante", observa.
En líneas generales, el trabajo de la Fundación Jubileo evaluó el estado del cumplimiento de la normativa sobre la transparencia y el acceso a la información en los niveles central y subnacional; en la gestión de los hidrocarburos, y en el uso de la renta petrolera.
En el caso de la evaluación del cumplimiento de la normativa, la investigación halló que la mayoría de las empresas estatales del nivel central cuenta con unidad de transparencia, excepto dos: YPFB Transporte y YPFB Refinación. También encontró que la mayoría cumplió con el ejercicio de rendición pública de cuentas. Sin embargo, ninguno publicó su Programa Operativo Anual (POA). Tampoco su presupuesto. Y casi ninguno, el reporte sobre la ejecución presupuestaria. Es decir, esa falta de información no le permite al ciudadano seguir, de manera adecuada, su trabajo, según observan los investigadores en sus conclusiones.
En el caso de la transparencia en la gestión de los hidrocarburos, la investigación halló, por ejemplo, un documento denominado "Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Hidrocarburos 2016-2020". Sin embargo, no encontró reportes directamente "relacionados con sus avances".
Otro ejemplo: Desde 2012, "no han sido puestos a disposición de la sociedad civil" los contratos de exploración y explotación que se aprobaron desde entonces "en ningún portal web de las instituciones oficiales".
Lo que también llama la atención es el estado de la transparencia sobre el uso de la rente petrolera. "Lo que está claro es que debería invertirse (la plata del gas). Lo que no está claro es en qué se ejecuta el dinero que ingresa por IDH y por regalías", observa Velásquez.
"Lamentablemente, no hay suficiente transparencia por parte de las gobernaciones, municipios y universidades, para ver en qué se está gastando lo que reciben por regalías e IDH. Si bien hay datos desagregados que proporciona el Ministerio de Economía sobre cuánto dinero reciben los beneficiarios de la renta petrolera, no así datos desagregados por gobernación, municipio y universidades sobre qué es lo que se hace con ese dinero", explica. "La recomendación que venimos dando desde hace tiempo es la creación de fondos de ahorro y sostenibilidad, que permitan ahorrar una porción de esa regalías o IDH para prever en un futuro en que los precios del petróleo pueda variar o los mercados puedan cambiar", completa.
En la tabla de evaluación de transparencia del uso de la renta petrolera, tanto la Gobernación de Chuquisaca como el Gobierno Municipal de Sucre obtuvieron un registro negativo en todas y cada una de las variables, como el informe de avance de los proyectos que vienen ejecutando, para citar sólo un ejemplo.
Friday, October 5, 2018
Informe de Fundación Jubileo Alertan menor producción de gas natural
La Fundación Jubileo advirtió un déficit de 13,8 millones de metros cúbicos día (MMmcd) para cumplir con el Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Hidrocarburos 2016–2020. Este año el país debería estar produciendo 67,8 MMmcd; pero, en la realidad, solo llega a 54 MMmcd; es decir, existe un déficit de 13,8 MMmcd en relación con lo proyectado. Dicho déficit representa 25 por ciento de la producción presente.
“Existe una considerable demora en el inicio de operaciones de proyectos exploratorios y, por otra, que no se están considerando las proyecciones realizadas hace 10 años, cuando se elaboró la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) sino que incluso, tomando en cuenta solo el Plan 2016–2020, elaborado hace tan solo dos años, existe una brecha considerable entre lo proyectado y la producción promedio real”, apuntó el estudio.
TRANSPARENCIA
De acuerdo con la certificación de reservas hidrocarburíferas presentada por el consorcio canadiense Sproule International Limited, Bolivia cuenta con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas, 12,5 TCF de reservas probadas y probables, y 14,7 TCF más las reservas posibles, resultados con los cuales el Gobierno garantiza provisión interna hasta el 2035.
Al respecto, la Fundación oconsideró que si bien se han presentado los datos resumidos de la certificación de reservas, YPFB debe hacer público el informe completo de la certificación.
La entidad privada cree necesaria la transparencia en la información a fin de que los departamentos productores, y el país en su conjunto, conozcan el detalle de las reservas por departamento y por campo hidrocarburífero para acceder a información oportuna y necesaria sobre la gestión del recurso de todos los bolivianos.
MENORES RESERVAS
“La disminución en las reservas probables y posibles es reflejo de la insuficiente actividad exploratoria de los últimos años, a pesar de que el Gobierno ha emitido seis decretos supremos entre los años 2007–2017 adjudicando nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a favor de la empresa petrolera estatal YPFB”, señaló el informe.
“Existe una considerable demora en el inicio de operaciones de proyectos exploratorios y, por otra, que no se están considerando las proyecciones realizadas hace 10 años, cuando se elaboró la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) sino que incluso, tomando en cuenta solo el Plan 2016–2020, elaborado hace tan solo dos años, existe una brecha considerable entre lo proyectado y la producción promedio real”, apuntó el estudio.
TRANSPARENCIA
De acuerdo con la certificación de reservas hidrocarburíferas presentada por el consorcio canadiense Sproule International Limited, Bolivia cuenta con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas, 12,5 TCF de reservas probadas y probables, y 14,7 TCF más las reservas posibles, resultados con los cuales el Gobierno garantiza provisión interna hasta el 2035.
Al respecto, la Fundación oconsideró que si bien se han presentado los datos resumidos de la certificación de reservas, YPFB debe hacer público el informe completo de la certificación.
La entidad privada cree necesaria la transparencia en la información a fin de que los departamentos productores, y el país en su conjunto, conozcan el detalle de las reservas por departamento y por campo hidrocarburífero para acceder a información oportuna y necesaria sobre la gestión del recurso de todos los bolivianos.
MENORES RESERVAS
“La disminución en las reservas probables y posibles es reflejo de la insuficiente actividad exploratoria de los últimos años, a pesar de que el Gobierno ha emitido seis decretos supremos entre los años 2007–2017 adjudicando nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a favor de la empresa petrolera estatal YPFB”, señaló el informe.
Tuesday, September 11, 2018
Jubileo plantea una medición real de la pobreza
La Fundación Jubileo plantea construir nuevos indicadores de pobreza para que el análisis anual que realiza el INE al momento de medir esta condición refleje la realidad del país. La “multidimensionalidad” es un concepto que debe incluirse en el debate.
“Hoy hay una discusión extensa sobre cómo se mide la pobreza a la que es necesario incluir el tema de la multidimensionalidad, un nuevo concepto que se debe trabajar a profundidad y debe llevar a un debate tanto del Estado como de la sociedad para tratar de acercarnos a la realidad y construir nuevos indicadores de pobreza”, afirmó Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de Jubileo.
La medición de la pobreza, considera, no solo debe circunscribirse a ponderaciones de las Necesidades Básicas Insatisfechas, que son estadísticas de pobreza asociadas a un estado de necesidad, carencia o privación de los bienes y servicios que determinan la satisfacción de las necesidades primarias de una persona o un hogar.
Esas cifras, según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), evalúan específicamente condiciones de infraestructura de la vivienda, acceso a electricidad y combustible para cocinar, niveles educativos y atención de salud de la población.
Datos de Jubileo dan cuenta que en Bolivia la pobreza moderada se redujo de 60,1% en 2006 a 36,9% el año pasado, mientras que la extrema disminuyó de 37,7 a 17,1% en ese mismo periodo.
El 2017, de acuerdo con los resultados de las encuestas de hogares, la pobreza moderada en el país se redujo a su nivel “más bajo históricamente”. En el área rural registró una baja de 1,8 puntos porcentuales (pp), mientras que en el área urbana disminuyó en 3,4 puntos porcentuales, indica el INE en su página web. La pobreza extrema, por su lado, presentó una baja de 1,2 puntos porcentuales, de 2 en las zonas del campo y de 0,7 en las áreas citadinas.
“La pobreza tiene otras características, no como se mide actualmente, sino que hay otras dimensiones como ser la calidad en el acceso a la salud y educación, la vulnerabilidad a la inseguridad ciudadana o la carencia de un acceso a la justicia que hacen que una persona sea pobre”, afirmó Jaime Pérez, analista de la fundación.
Este medio envió al INE un cuestionario para conocer el método de cálculo de la pobreza en el país, pero no obtuvo respuesta.
Pérez sostuvo que desde 1976 —cuando el 86% de la población boliviana era pobre y no podía cubrir sus necesidades básicas— el Instituto no actualiza su cálculo de las Necesidades Básicas Insatisfechas y de la línea de la pobreza (que considera pobres a las personas cuyo ingreso no es suficiente para mantener un nivel de vida considerado adecuado), por lo que Jubileo propone una actualización de conceptos a la hora de medir los indicadores de esa condición.
Hay que tomar en cuenta, subrayó Pérez, que los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 muestran que el 45% de la población boliviana tiene sus necesidades básicas insatisfechas, por lo que se concluye que ese es el porcentaje de los habitantes en Bolivia que es pobre y no el 36,9%, como indica el INE.
“Esa proporción de hogares no tiene acceso a educación, salud, servicios básicos ni buenos insumos en sus viviendas”, agregó.En criterio de Núñez, un indicador de pobreza hoy en día puede ser la “inseguridad ciudadana”, la “violencia intrafamiliar”, el empleo y la calidad del empleo, la capacidad de una familia de generar ingresos en un determinada zona de una ciudad o la informalidad de la economía, entre otros.
Estadísticas. El consultor económico Rafael Aramayo sostuvo a su vez que las actuales políticas de lucha contra la pobreza incluyen elementos “deficientes”. Por ello, propuso que otro de los factores que debería tomarse en cuenta a la hora de medir la condición es el de la vocación productiva de los municipios.
“Hoy estamos en un debate enorme sobre el concepto de pobreza. El INE debería ser el ente que se motive para que estos datos macroeconómicos en Bolivia reflejen la realidad que está viviendo la población (...), porque se ven aspectos contradictorios como el hecho de que hay personas que mueren de hambre en El Alto, como el caso de una muchacha en esa ciudad”, dijo Núñez.
El caso mencionado por Núñez trata de una joven de 16 años que murió de inanición y que tenía acceso a educación y salud, así como a servicios de luz, agua, alcantarillado y transporte público.
Observación. Desde 1976 no se actualizan los indicadores que miden la condición
Marcelo Padilla
Una forma de luchar contra la pobreza es aprovechar el potencial económico que tienen los municipios del país.Es la propuesta de Rafael Aramayo, autor de El sistema económico de los sistemas locales, en el que se presenta una serie de indicadores de lo que se produce en Bolivia en los 339 municipios del país.
Planteó que las políticas contra la pobreza deben ser construidas sobre la base de las capacidades y las virtudes que el país tiene en materia productiva. “Como no tenemos esa información, se está obligando a las instituciones a planificar sobre la base de deficiencias”, lamentó.
En su criterio, hay que comenzar a proyectar la lucha contra las carencias identificando lo que las regiones son capaces de generar. “Por eso se habla de la vocación productiva del país. En base a eso se creará desarrollo, que es la mejor forma de reducir la pobreza”, afirmó.
Para la gente en el área rural, por ejemplo, algunos indicadores de pobreza pueden ser así fácilmente superables.
Friday, August 31, 2018
Jubileo y analistas exigen información por campo
El total de reservas certificadas de gas natural de Bolivia y que dio a conocer el miércoles pasado la consultora canadiense Sproule alcanzan a 14,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCFs), entre probadas, probables y posibles. Según un informe de la Fundación Jubileo, esta cifra es 19% menor que la certificación del año 2013 que llegaba a 18 TCF, señaló ayer la entidad privada en una primera valoración de las cifras oficiales.
"Esta situación se debe a la disminución en las reservas probables y posibles, que resulta ser un reflejo de la escasa actividad exploratoria de los últimos años", expresó. Ese mismo criterio fue compartido por los especialistas, Hugo de la Fuente, Hugo del Granado y el experto Mauricio Medinaceli, luego de conocerse el informe prestado en las oficinas de YPFB por personeros del consorcio canadiense, el ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, y el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga.
INFORME COMPLETO
“Si bien se han presentado los datos resumidos de la certificación de reservas, en los próximos días YPFB debe hacer público el informe completo de esta certificación, a fin de que los departamentos productores y el país en su conjunto, conozcan el detalle de las reservas por departamento y por campo hidrocarburífero, para acceder a información oportuna y necesaria sobre la gestión de un recurso que es de todos los bolivianos", expresó la Fundación.
Este mismo requerimiento fue planteado por el senador de oposición Óscar Ortíz, quien demandó información de campo por campo y pozo por pozo. En su concepto, el nivel de reserva habría sido “inflado” por el Gobierno con fines políticos. Similar posición asumió el experto Mauricio Medinaceli, quien en su blog demandó también mayor información sobre el anuncio de la consutora Sproule.
REPOSICIÓN
El pasado miércoles, la empresa canadiense Sproule, que se adjudicó la certificación de reservas en el país, difundió los datos de reservas de hidrocarburos, siendo que para el gas natural las mismas alcanzan a 10,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de reservas probadas.
Al respecto, Jubileo explicó que dicho dato muestra una reposición del consumo de los últimos cuatro años, más un incremento del 2%, con relación a las reservas probadas certificadas el año 2013.
En consideración de las condiciones actuales de comercialización, el consumo promedio del país es de 0,8 TCF por año, lo que se destina al mercado interno y al mercado de exportación; por lo tanto, las reservas probadas certificadas permiten contar con un horizonte de 13,4 años.
El ministro Sánchez ironizó el pedido de Ortíz y dijo que el parlamentari, “nunca perforó un pozo petrolero”. Igualmente, el Viceministro del sector, Carlos Torrico, desestimó la noche del miércoles las críticas que surgieron de especialistas y expertos en el tema y señaló que Bolivia tendría asegurado el abastecimiento del energético en las siguientes décadas.
LÍQUIDOS
Asimismo, se ha mencionado oficialmente que las reservas probadas certificadas de hidrocarburos líquidos alcanzan a 241 millones de barriles de petróleo, cifra que representa un incremento de 14%, respecto a las certificadas en el año 2013. El total de reservas certificadas de hidrocarburos líquidos (3P) alcanza a 376,1 millones de barriles de petróleo, sostiene Jubileo.
"Esta situación se debe a la disminución en las reservas probables y posibles, que resulta ser un reflejo de la escasa actividad exploratoria de los últimos años", expresó. Ese mismo criterio fue compartido por los especialistas, Hugo de la Fuente, Hugo del Granado y el experto Mauricio Medinaceli, luego de conocerse el informe prestado en las oficinas de YPFB por personeros del consorcio canadiense, el ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, y el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga.
INFORME COMPLETO
“Si bien se han presentado los datos resumidos de la certificación de reservas, en los próximos días YPFB debe hacer público el informe completo de esta certificación, a fin de que los departamentos productores y el país en su conjunto, conozcan el detalle de las reservas por departamento y por campo hidrocarburífero, para acceder a información oportuna y necesaria sobre la gestión de un recurso que es de todos los bolivianos", expresó la Fundación.
Este mismo requerimiento fue planteado por el senador de oposición Óscar Ortíz, quien demandó información de campo por campo y pozo por pozo. En su concepto, el nivel de reserva habría sido “inflado” por el Gobierno con fines políticos. Similar posición asumió el experto Mauricio Medinaceli, quien en su blog demandó también mayor información sobre el anuncio de la consutora Sproule.
REPOSICIÓN
El pasado miércoles, la empresa canadiense Sproule, que se adjudicó la certificación de reservas en el país, difundió los datos de reservas de hidrocarburos, siendo que para el gas natural las mismas alcanzan a 10,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de reservas probadas.
Al respecto, Jubileo explicó que dicho dato muestra una reposición del consumo de los últimos cuatro años, más un incremento del 2%, con relación a las reservas probadas certificadas el año 2013.
En consideración de las condiciones actuales de comercialización, el consumo promedio del país es de 0,8 TCF por año, lo que se destina al mercado interno y al mercado de exportación; por lo tanto, las reservas probadas certificadas permiten contar con un horizonte de 13,4 años.
El ministro Sánchez ironizó el pedido de Ortíz y dijo que el parlamentari, “nunca perforó un pozo petrolero”. Igualmente, el Viceministro del sector, Carlos Torrico, desestimó la noche del miércoles las críticas que surgieron de especialistas y expertos en el tema y señaló que Bolivia tendría asegurado el abastecimiento del energético en las siguientes décadas.
LÍQUIDOS
Asimismo, se ha mencionado oficialmente que las reservas probadas certificadas de hidrocarburos líquidos alcanzan a 241 millones de barriles de petróleo, cifra que representa un incremento de 14%, respecto a las certificadas en el año 2013. El total de reservas certificadas de hidrocarburos líquidos (3P) alcanza a 376,1 millones de barriles de petróleo, sostiene Jubileo.
Wednesday, August 22, 2018
Fundación Jubileo Doble aguinaldo Califican como “demagógico” anuncio gubernamental
La Fundación Jubileo calificó de “demagógico” el anuncio del pago del doble aguinaldo para fin de año, y pidió sinceramiento de la economía nacional, según declaraciones del director ejecutivo, Juan Carlos Núñez.
“Pasaremos un buen fin de año, pero más allá no estamos buscando una respuesta adecuada (…). A partir de sincerar, generar un bono productivo porque las empresas mejoraron en su capacidad productiva y exportadora sería buena noticia para todos porque se generaría empleo, pero en estas formas de medidas que son absolutamente demagógicas seguimos vulnerando las pocas empresas de carácter productivo”, señaló.
El Gobierno anunció que el crecimiento económico superará el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y que en cumplimiento del decreto supremo 1802, el sector público y privado deberá cumplir con este beneficio. Manifestó que las pequeñas empresas o peor aún los hogares de niños, los asilos de ancianos que trabajan con la Iglesia Católica u otras instituciones que viven de proyectos y donaciones tendrán que inventar el doble aguinaldo para sus dependientes, sin que haya una relación directa con mejores ingresos, lo cual podría derivar en detrimento de los propios beneficiarios.
“Pasaremos un buen fin de año, pero más allá no estamos buscando una respuesta adecuada (…). A partir de sincerar, generar un bono productivo porque las empresas mejoraron en su capacidad productiva y exportadora sería buena noticia para todos porque se generaría empleo, pero en estas formas de medidas que son absolutamente demagógicas seguimos vulnerando las pocas empresas de carácter productivo”, señaló.
El Gobierno anunció que el crecimiento económico superará el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y que en cumplimiento del decreto supremo 1802, el sector público y privado deberá cumplir con este beneficio. Manifestó que las pequeñas empresas o peor aún los hogares de niños, los asilos de ancianos que trabajan con la Iglesia Católica u otras instituciones que viven de proyectos y donaciones tendrán que inventar el doble aguinaldo para sus dependientes, sin que haya una relación directa con mejores ingresos, lo cual podría derivar en detrimento de los propios beneficiarios.
Tuesday, March 27, 2018
Friday, March 23, 2018
Jubileo: Mayor presupuesto para Presidencia
La Fundación Jubileo dijo que el presupuesto de inversión del Ministerio de la Presidencia llega a 3.094 millones de bolivianos este año, cifra mucho mayor al de las nueve gobernaciones departamentales juntas, que en suma alcanza a Bs 2.149 millones, alertó.
Juan Carlos Núñez junto al analista económico René Martínez presentaron un análisis del Presupuesto General del Estado (PGE-2019), que no sólo muestra inequidades al momento de la distribución de los recursos públicos, sino también una ampliación del gasto del nivel central en una coyuntura de menos ingresos.
“Extrañamente la inversión se ha reducido notablemente, sobre todo en las Gobernaciones y Municipios, pero el Ministerio de la Presidencia tiene un presupuesto mayor que las nueve Gobernaciones, este es un tema que llama mucho la atención”, afirmó Núñez.
En análisis de Núñez la actual distribución de los recursos del PGE determina que el país seguirá teniendo un Presidente y un Vicepresidente cumpliendo roles de alcaldes. “Esto trastoca todos los principios fundamentales de la autonomía y que sigue en el debate, y que en el Pacto Fiscal hicieron oídos sordos”, dijo. (ANF)
Juan Carlos Núñez junto al analista económico René Martínez presentaron un análisis del Presupuesto General del Estado (PGE-2019), que no sólo muestra inequidades al momento de la distribución de los recursos públicos, sino también una ampliación del gasto del nivel central en una coyuntura de menos ingresos.
“Extrañamente la inversión se ha reducido notablemente, sobre todo en las Gobernaciones y Municipios, pero el Ministerio de la Presidencia tiene un presupuesto mayor que las nueve Gobernaciones, este es un tema que llama mucho la atención”, afirmó Núñez.
En análisis de Núñez la actual distribución de los recursos del PGE determina que el país seguirá teniendo un Presidente y un Vicepresidente cumpliendo roles de alcaldes. “Esto trastoca todos los principios fundamentales de la autonomía y que sigue en el debate, y que en el Pacto Fiscal hicieron oídos sordos”, dijo. (ANF)
Thursday, February 1, 2018
Sunday, December 31, 2017
Fundación Jubileo y Pacto Fiscal Gobierno mantuvo intacta antigua estructura fiscal
Como resultado del Pacto Fiscal, conducido por el Gobierno, que contó con la participación de representantes de gobernaciones y municipios, en fecha 5 de diciembre de 2017, el Servicio Estatal de Autonomías emitió el “Documento Final del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal”, el cual no plantea cambios estructurales. El resultado mantiene intacta la antigua arquitectura fiscal y posterga nuevamente el tratamiento de temas urgentes, evaluó la Fundación Jubileo.
Mediante un documento Jubileo señaló que desde el proceso constituyente, se articuló una plataforma de organizaciones e institucionales aliadas denominada “Pacto por el Bien Común”, donde la Fundación demandó el diseño de una nueva arquitectura fiscal, orientada a concretar cambios estructurales, con participación ciudadana y guiada por el propósito del bien común.
LEY DE AUTONOMÍAS
El Pacto Fiscal fue agendado en 2010 con la Ley Marco de Autonomías, pero se realizó el 2017, lamentablemente después de que pasó el periodo denominado de bonanza económica, momento en el que era más propicio realizar las reformas fiscales necesarias. No hubo la suficiente voluntad política y se actuó en función del corto plazo.
Al final de este proceso, según el documento de la entidad privada, prevalecen los problemas, inconsistencias, limitaciones y temas pendientes, como ser, un sistema tributario que no llega a la mayor parte de la economía y que no asegura una progresividad, como define la Constitución, respecto a tributar en proporción a la capacidad económica. Asimismo, prevalecen la casi total centralización en la recaudación de tributos, la marcada inequidad en la distribución de recursos entre las diferentes regiones y los insuficientes recursos para las autonomías departamentales.
Jubileo manifestó también que se mantiene una alta dependencia de la renta extractiva, con el riesgo de la insostenibilidad de las finanzas públicas, además de una dispersión de los recursos del gas.
Mediante un documento Jubileo señaló que desde el proceso constituyente, se articuló una plataforma de organizaciones e institucionales aliadas denominada “Pacto por el Bien Común”, donde la Fundación demandó el diseño de una nueva arquitectura fiscal, orientada a concretar cambios estructurales, con participación ciudadana y guiada por el propósito del bien común.
LEY DE AUTONOMÍAS
El Pacto Fiscal fue agendado en 2010 con la Ley Marco de Autonomías, pero se realizó el 2017, lamentablemente después de que pasó el periodo denominado de bonanza económica, momento en el que era más propicio realizar las reformas fiscales necesarias. No hubo la suficiente voluntad política y se actuó en función del corto plazo.
Al final de este proceso, según el documento de la entidad privada, prevalecen los problemas, inconsistencias, limitaciones y temas pendientes, como ser, un sistema tributario que no llega a la mayor parte de la economía y que no asegura una progresividad, como define la Constitución, respecto a tributar en proporción a la capacidad económica. Asimismo, prevalecen la casi total centralización en la recaudación de tributos, la marcada inequidad en la distribución de recursos entre las diferentes regiones y los insuficientes recursos para las autonomías departamentales.
Jubileo manifestó también que se mantiene una alta dependencia de la renta extractiva, con el riesgo de la insostenibilidad de las finanzas públicas, además de una dispersión de los recursos del gas.
Tuesday, December 26, 2017
Wednesday, December 20, 2017
Estudio de Jubileo Extrema pobreza subió de 16,8% a 18,3% en 2016
El porcentaje de población que vive en extrema pobreza subió de 16,8% a 18,3% en un solo año. Esa variación se registró entre las gestiones 2015 y 2016, y sería una señal de la reducción del crecimiento económico en el país, sostiene una publicación de la Fundación Jubileo.
La reducción de la pobreza es un compromiso nacional e internacional. El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) consistía en erradicar la pobreza extrema y el hambre hasta el año 2015. En el caso de Bolivia, se había asumido bajar la extrema pobreza a 24,1% de la población; pero el desempeño fue extraordinario y hasta ese año se redujo a 16,8%.
Desde la década de los 90 la disminución de personas que vivían en la indigencia fue de 24 puntos porcentuales.
Para el año 2016, el porcentaje de personas que no disponían del ingreso mínimo requerido para el destino exclusivo de alimentos y satisfacer los requerimientos nutricionales se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentado en la rendición pública de cuentas, el 3 de octubre de 2017.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
En el período 2007–2015, más de 1,8 millones de personas dejaron de ser extremadamente pobres. En ese tiempo, el Gobierno llegó más allá de una de las metas del ODM 1 y Bolivia alcanzó un notable resultado.
En los últimos años, el crecimiento económico del país empezó a disminuir. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) bajó a 4,3%, el año 2016, y para 2017 no pasaría de 4%, según estimaciones de organismos internacionales.
Desde 2007 hasta 2011, la reducción de la pobreza se había mantenido a un ritmo de aproximadamente 5 puntos porcentuales (pp) y el crecimiento económico promedio de esos años fue de 4,9%.
Según el crecimiento del PIB, se advierte que durante el período 2007–2013 las tasas fueron favorables para la reducción de la pobreza, pero en cuanto empezó la desaceleración económica y las tasas de crecimiento comenzaron a ser menores los niveles de reducción de la pobreza extrema también fueron marginalmente inferiores, hasta llegar a la gestión 2016, cuando la pobreza extrema se incrementó y el PIB decreció respecto del año 2015.
La nueva agenda de Naciones Unidas contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se constituyen en un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Si bien la cantidad de personas en extrema pobreza disminuyó en el país, aún hay más de 1,8 millones de personas que luchan por satisfacer sus necesidades más básicas.
Además, aparecen nuevas amenazas como el cambio climático, la inseguridad ciudadana, el alcance de los servicios básicos y la inseguridad alimentaria, las cuales requieren de mayores esfuerzos para sacar a las personas de la pobreza.
POLÍTICAS SOSTENIBLES
Según la Fundación Jubileo, este cambio en el ciclo económico debe ser una alerta para proteger los resultados alcanzados y evitar que más personas vuelvan a vivir en situación de extrema pobreza, para lo cual se requieren políticas públicas garantizando la sostenibilidad.
Es recomendable para el país generar más empleos de calidad, prevenir políticas asociadas a derechos como salud y educación, proteger el gasto social y aprovechar el potencial de población en edad de trabajar que alcanza a 79%, segmento al que se conoce como “bono demográfico”.
Por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que se comenzó con los ODM y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones hasta el año 2030. Igualmente, la agenda patriótica, proyectada hasta el 2025, tiene como uno de sus pilares erradicar la extrema pobreza. Es una aspiración que estas dos metas sean cumplidas.
REDUCCION DE INGRESOS
Asimismo, Jubileo expresa que el avance en la lucha contra la pobreza está en riesgo por la disminución de inversión.
El 2017 fue un año de mayor estabilidad para los precios internacionales del petróleo, incluso con una leve mejoría en los últimos meses; pero los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalía continuaron disminuyendo.
La caída de estos ingresos, que empezó en la gestión 2015, significa una gran afectación a las finanzas públicas de todos los niveles de gobierno, principalmente de gobernaciones y municipios. Los menores ingresos impactan en menores inversiones y esto pone en riesgo los avances alcanzados en la lucha contra la pobreza y protección social de los sectores más débiles.
En tres años, comparando el dato ejecutado de 2014 en relación al presupuesto 2017, el ingreso de gobernaciones disminuyó en 55% por concepto de coparticipación de tributos, regalías e IDH.
En el caso de los gobiernos municipales, la pérdida acumulada es por 34% en el mismo período.
Para 2018, el presupuesto prevé un monto similar al de 2017, por lo que ya se habría llegado al nuevo nivel de ingresos con el que contarán gobernaciones y municipios, al menos en el corto plazo.
Por otra parte, gobernaciones y municipios, que acumularon importantes saldos en el período de la bonanza, como resultado de presupuestos que no fueron ejecutados en su totalidad, habrían utilizado los mismos para cubrir la disminución de ingresos.
Para fines de 2017, esos saldos prácticamente habrán quedado agotados. Esto implica que a partir de 2018 ya no habrá recursos guardados para financiar la brecha.
Las instancias más dependientes de los recursos provenientes de hidrocarburos son las gobernaciones. Estos niveles de gobierno recaudan impuestos por montos insignificantes, resultado del actual sistema tributario.
Por otro lado, los ingresos por impuestos recaudados por el nivel central (sin IDH), que en 2016 registraron una leve disminución, en 2017 registrarían un nivel similar al de 2016. Estos recursos serían más sostenibles y son administrados en su mayor parte por el nivel central.
La reducción de la pobreza es un compromiso nacional e internacional. El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) consistía en erradicar la pobreza extrema y el hambre hasta el año 2015. En el caso de Bolivia, se había asumido bajar la extrema pobreza a 24,1% de la población; pero el desempeño fue extraordinario y hasta ese año se redujo a 16,8%.
Desde la década de los 90 la disminución de personas que vivían en la indigencia fue de 24 puntos porcentuales.
Para el año 2016, el porcentaje de personas que no disponían del ingreso mínimo requerido para el destino exclusivo de alimentos y satisfacer los requerimientos nutricionales se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentado en la rendición pública de cuentas, el 3 de octubre de 2017.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
En el período 2007–2015, más de 1,8 millones de personas dejaron de ser extremadamente pobres. En ese tiempo, el Gobierno llegó más allá de una de las metas del ODM 1 y Bolivia alcanzó un notable resultado.
En los últimos años, el crecimiento económico del país empezó a disminuir. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) bajó a 4,3%, el año 2016, y para 2017 no pasaría de 4%, según estimaciones de organismos internacionales.
Desde 2007 hasta 2011, la reducción de la pobreza se había mantenido a un ritmo de aproximadamente 5 puntos porcentuales (pp) y el crecimiento económico promedio de esos años fue de 4,9%.
Según el crecimiento del PIB, se advierte que durante el período 2007–2013 las tasas fueron favorables para la reducción de la pobreza, pero en cuanto empezó la desaceleración económica y las tasas de crecimiento comenzaron a ser menores los niveles de reducción de la pobreza extrema también fueron marginalmente inferiores, hasta llegar a la gestión 2016, cuando la pobreza extrema se incrementó y el PIB decreció respecto del año 2015.
La nueva agenda de Naciones Unidas contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se constituyen en un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Si bien la cantidad de personas en extrema pobreza disminuyó en el país, aún hay más de 1,8 millones de personas que luchan por satisfacer sus necesidades más básicas.
Además, aparecen nuevas amenazas como el cambio climático, la inseguridad ciudadana, el alcance de los servicios básicos y la inseguridad alimentaria, las cuales requieren de mayores esfuerzos para sacar a las personas de la pobreza.
POLÍTICAS SOSTENIBLES
Según la Fundación Jubileo, este cambio en el ciclo económico debe ser una alerta para proteger los resultados alcanzados y evitar que más personas vuelvan a vivir en situación de extrema pobreza, para lo cual se requieren políticas públicas garantizando la sostenibilidad.
Es recomendable para el país generar más empleos de calidad, prevenir políticas asociadas a derechos como salud y educación, proteger el gasto social y aprovechar el potencial de población en edad de trabajar que alcanza a 79%, segmento al que se conoce como “bono demográfico”.
Por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que se comenzó con los ODM y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones hasta el año 2030. Igualmente, la agenda patriótica, proyectada hasta el 2025, tiene como uno de sus pilares erradicar la extrema pobreza. Es una aspiración que estas dos metas sean cumplidas.
REDUCCION DE INGRESOS
Asimismo, Jubileo expresa que el avance en la lucha contra la pobreza está en riesgo por la disminución de inversión.
El 2017 fue un año de mayor estabilidad para los precios internacionales del petróleo, incluso con una leve mejoría en los últimos meses; pero los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalía continuaron disminuyendo.
La caída de estos ingresos, que empezó en la gestión 2015, significa una gran afectación a las finanzas públicas de todos los niveles de gobierno, principalmente de gobernaciones y municipios. Los menores ingresos impactan en menores inversiones y esto pone en riesgo los avances alcanzados en la lucha contra la pobreza y protección social de los sectores más débiles.
En tres años, comparando el dato ejecutado de 2014 en relación al presupuesto 2017, el ingreso de gobernaciones disminuyó en 55% por concepto de coparticipación de tributos, regalías e IDH.
En el caso de los gobiernos municipales, la pérdida acumulada es por 34% en el mismo período.
Para 2018, el presupuesto prevé un monto similar al de 2017, por lo que ya se habría llegado al nuevo nivel de ingresos con el que contarán gobernaciones y municipios, al menos en el corto plazo.
Por otra parte, gobernaciones y municipios, que acumularon importantes saldos en el período de la bonanza, como resultado de presupuestos que no fueron ejecutados en su totalidad, habrían utilizado los mismos para cubrir la disminución de ingresos.
Para fines de 2017, esos saldos prácticamente habrán quedado agotados. Esto implica que a partir de 2018 ya no habrá recursos guardados para financiar la brecha.
Las instancias más dependientes de los recursos provenientes de hidrocarburos son las gobernaciones. Estos niveles de gobierno recaudan impuestos por montos insignificantes, resultado del actual sistema tributario.
Por otro lado, los ingresos por impuestos recaudados por el nivel central (sin IDH), que en 2016 registraron una leve disminución, en 2017 registrarían un nivel similar al de 2016. Estos recursos serían más sostenibles y son administrados en su mayor parte por el nivel central.
Saturday, November 18, 2017
Jubileo: Falta ahorro y sostenibilidad en la renta petrolera
Bolivia debería pensar en cómo generar ingresos a partir de la renta petrolera, quizá, apostando a fondos de ahorro y de inversión —como los hay en todo el mundo— que generen intereses y rendimientos para las generaciones futuras, reflexiona el analista de Hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez durante un conversatorio realizado en Sucre.
Ni en el periodo 2004-2014, conocido como “superciclo” por haber sido una década en la que Bolivia recibió grandes ingresos económicos en regalías e impuestos directos a los hidrocarburos (IDH), ni después, con la renegociación de los contratos, los gobiernos aplicaron criterios de ahorro y sostenibilidad a partir de la renta petrolera.
“No hay ningún criterio de sostenibilidad y de ahorro, y eso nos parece crítico”, enfatizó, con preocupación, el analista de Hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez, durante un conversatorio sobre la realidad actual del manejo de los hidrocarburos en Bolivia.
En la charla, realizada en pasadas semanas en Sucre, participaron representantes de organizaciones civiles, economistas, políticos y periodistas.
La Fundación Jubileo es una institución de la Iglesia católica con base en La Paz que trabaja en ámbitos políticos, sociales y económicos desarrollando procesos de investigación, información y formación sociopolítica, en busca de construir capacidades para la incidencia política abierta a la sociedad civil, a las estructuras del Estado y al relacionamiento de carácter internacional.
Descuido
Un principio que ha sido descuidado en los últimos diez años es el ahorro, hizo notar el analista de Jubileo al comparar la situación actual de Tarija y el gas natural con la penosa historia de la riqueza minera de Potosí.
Según Velásquez, no se ha tenido la capacidad de generar fondos de ahorro y de sostenibilidad que permitan garantizar dos aspectos: el primero, la volatilidad de los precios de los hidrocarburos (suben y bajan dependiendo de las fuerzas del mercado y las cotizaciones en las bolsas internacionales).
El país, de acuerdo con la política sugerida, debería “ahorrar una parte para que, cuando el precio caiga, sacar de ahí y darle sostenibilidad al gasto público: educación, salud, etc.”.
El segundo aspecto es pensar en las generaciones futuras, para cuando posiblemente no haya gas o, si hubiera, sea un combustible que ya no se comercialice en el mundo.
“Recordemos que la COP (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y los acuerdos de París hablan de que hasta el 2030 los países deberían dejar de consumir energía proveniente de combustibles fósiles. Entonces, aunque el mundo siga usando ese gas como energético, hay que pensar en las generaciones futuras”, complementó el analista de Jubileo.
Fondo de inversiones
Según su planteamiento, el dinero podría ir a un fondo que invierta en determinados activos y genere una rentabilidad para las próximas generaciones.
Velásquez mencionó como ejemplo de la toma de previsiones en este tema a Noruega, un país cuyo fondo de ahorro le permitió el año pasado obtener más ingresos por concepto de intereses que por la venta de petróleo.
En su criterio, Bolivia debería pensar en cómo generar ingresos a partir de la renta petrolera, quizá, apostando a fondos de ahorro y de inversión —como los hay en todo el mundo— que generen intereses y rendimientos para el futuro.
La necesidad de debatir
“Si vamos mucho antes, hasta la historia de Potosí, parece que no ha sido suficiente para los bolivianos. No hemos aprendido que son recursos naturales no renovables, que se cotizan a precios volátiles, que tienen épocas de expansión y de contracción, y que en épocas de expansión hay que ahorrar para las épocas de contracción”, aleccionó.
Para eso, considera necesario generar debates como el que se desarrolló en la Capital, para discutir de qué manera se deberían invertir los ingresos que Chuquisaca percibe por concepto de regalías e IDH.
“Si bien estamos en la antesala de un nuevo contrato (de venta de gas) con Brasil, que posiblemente cambie las expectativas que se tenían en cuanto a la generación de ingresos, aun así es un sector que seguirá produciendo gas natural y seguirá generando ingresos. Entonces, hay que reflexionar dentro de los departamentos productores cómo se deberían redistribuir esos ingresos”, enfatizó.
Velásquez indicó que las regiones productoras se han dedicado a pelear por “una tajada de la torta” (los campos compartidos), pero no tanto a debatir sobre qué se hace con los recursos del gas de cara al futuro.
Pasado y presente
De acuerdo con su explicación, el Estado tiene una participación en la renta petrolera de un promedio del 70%. La renta ya no beneficia solamente a los cuatro departamentos productores de gas, sino a los nueve a través del IDH. También a los 339 municipios, a 10 universidades, al TGN, las FFAA, la Policía, pueblos indígenas beneficiados y adultos mayores. Velásquez remarcó que un tema polémico es el de la participación de las FFAA y la Policía, algo que, según comentó, llama mucho la atención en el exterior del país. Sin embargo, en Bolivia casi no se debate sobre el asunto.
Las regalías departamentales representan un 11% benefician solo a las cuatro regiones productoras. Como pasa en general con la renta petrolera, para las regalías no hay criterio de ahorro para las generaciones futuras, señaló Velásquez.
En conclusión, Velásquez dijo que existe la necesidad de una reforma al sistema de distribución de la renta petrolera. “El anterior esquema era muy favorable a las empresas y el actual, muy favorable al Estado. Hay que buscar quizás un punto intermedio”, sentenció.
Al respecto, manifestó que una “clara muestra es que no hay suficiente inversión en exploración: YPFB no tiene la capacidad de hacerlo, ni financiera ni técnicamente. De hecho, han pasado diez años y no hay un solo campo que sea operado por YPFB de manera directa. Hay unos cuantos, chiquitos, operados por dos subsidiarias, YPFB Andina y YPFB Chaco (99% del Estado y 1% de ex trabajadores petroleros), pero en Andina tenemos el 51% de acciones (el 49% es de Repsol)”.
Dirigiéndose a los presentes, estimuló: “¿Ustedes, desde sus espacios, pueden incidir a generar la necesidad de una cumbre departamental fiscal y de desarrollo?”.
Chuquisaca no tiene una visión política de hidrocarburos
Chuquisaca es un departamento muy importante en términos de proyección, si hablamos de las perspectivas de sus campos gasíferos, pero en general no tiene una propuesta sobre hidrocarburos, una visión de política hidrocarburífera.
Esa es una de las conclusiones planteadas por el analista de Hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez, durante un conversatorio realizado en Sucre con la participación de representantes de organizaciones civiles, economistas, políticos y periodistas.
Entre otras afirmaciones, destacó que el Gobierno trató de impulsar un desarrollo más micro, a nivel municipal, en desmedro del desarrollo regional, lo cual plantea un desafío en cuanto a visión de desarrollo.
“Estamos yendo a una visión de desarrollo cada vez más local, olvidándonos un poquito del desarrollo regional”, dijo.
Hablando de una regalía per cápita, Velásquez mencionó que hay años en los que Beni (un departamento que no produce hidrocarburos) recibió más regalías que Chuquisaca (departamento productor). Esto significa que las políticas petroleras generaron inequidad, no solo entre regiones sino también entre municipios.
Dos campos importantes
Los campos Azero y Huacareta, con una potencialidad significativa para el país, trabajan bajo lo acordado en los nuevos contratos, suscritos en 2009. Estos contratos determinan una baja participación de YPFB, mucho más que en los contratos de operación (2006).
En el caso de Azero, la empresa petrolera pasa 500 mil dólares al año en la fase de exploración y 1 millón de dólares en explotación. Prácticamente nada considerando que, por ejemplo, para el caso de Sábalo, YPFB recibió hasta 50 millones de dólares al año. La justificación, según Velásquez, es que en los nuevos contratos la petrolera estatal está como socia.
Si en Azero se encuentra gas, las extranjeras Gazprom y Total deben formar obligatoriamente, porque así se halla especificado en los nuevos contratos, una nueva empresa en la que YPFB tendrá una participación del 51% mientras que las dos multinacionales mencionadas, del 49% restante.
“Equipo multidisciplinario”
Juan José Romero
(Ex presidente de Codeinca)
“¡Cómo hemos despilfarrado semejante cantidad de dinero! El Gobierno estuvo en la gran bonanza y lamentablemente ahora que comienza a caer se ve en la necesidad de aplicar más restricciones (…) Reuniéndonos, debatiéndonos, así no se hace (…) Deberíamos crear un cuerpo, equipo multidisciplinario conformado por abogados, ingenieros, técnicos, economistas, etc., a la cabeza de la Universidad, con recursos de la Gobernación y la Alcaldía, pero no ad honorem, que comience a analizar los criterios de distribución de la renta petrolera, que hay que cambiar. Ese mismo equipo debe plantear que no se despilfarren los recursos: siempre se dijo ‘plantar el oro negro para después cosechar’. Pero no se hizo”.
“Una distorsión muy grande”
Fernando Rodríguez
(Experto en hidrocarburos)
“Hay una distorsión muy grande en cuanto a distribución per cápita; por ejemplo, un mismo porcentaje de IDH para un departamento grande y otro chico, lo que significa ‘buena’ educación y salud para un departamento chico y ‘mala’ para otro grande (…)
Para empezar, tenemos que cuidar nuestras regalías y nuestro IDH en función a lo que tenemos, a la Ley 3058, ver qué hacemos con esa plata y después ver si se cambia o no la ley.
Por un lado, cuidar los precios (del gas) para el pago de regalías. Por otro lado, en este momento estamos quemando casi 8 millones de m3 en generación a gas (240 millones de pies cúbicos de gas por día, es decir, 720 mil dólares que perdemos por día, según los precios actuales), en vez de generar energía hidroeléctrica. Entonces, tenemos que sembrar el gas para que sea un círculo virtuoso, no vicioso”.
“Es difícil cambiar los porcentajes”
Álvaro Ríos
(PAIS)
“Históricamente hemos dependido de la plata, del estaño y ahora del gas. Si la renta petrolera son los ingresos de la producción de hidrocarburos, descartando el costo, tenemos que estar conscientes de que toda la producción de gas la estamos vendiendo a Brasil y Argentina.
Me parece preocupante. Y al no tener la información adecuada, se hace difícil hacer un análisis correcto. El nivel central del Estado prácticamente quiere acaparar toda la distribución petrolera. Y dos, deberíamos profundizar el debate de adónde tenemos que destinar lo que vamos a recibir; los precios son volátiles y eso perjudica a futuro. Va a ser difícil cambiar los porcentajes de redistribución. Creo que no existen las condiciones subjetivas ni materiales para llegar a ese punto del famoso Pacto Fiscal”.
“La experiencia de Noruega”
Lorenzo Catalá
(CAINCO)
“En 1995, hace 22 años, Noruega decide crear un fondo de compensación con apenas 250 millones de dólares. Hace escasos días atrás veía que ese fondo hoy suman 900 mil millones de dólares. ¿Y qué diferencia su mirada de la nuestra? Que ellos dijeron: ‘no nos vamos a farrear el dinero de hoy, porque si hacemos eso viviremos la enfermedad holandesa’. Ellos tuvieron dos cosas que los bolivianos no tenemos en este momento: confianza en un Estado y trabajo con una mirada de largo plazo. A nuestras autoridades les importa el momento.
¿Cómo invirtieron esos recursos? No se invierte en Noruega, sino fuera, para no distorsionar la economía (…) No somos capaces de ver el bien mayor, nos quedamos con la mirada corta.
Por otra parte, esto de ‘sembrar el gas’: el gran problema que tenemos es que queremos sembrarlo ahora y que dé frutos ahora mismo. Es un error”.
“Impacto en la densidad estatal”
Franz Flores
(Universidad)
“Con un grupo de docentes estamos haciendo una investigación que trata de densidad estatal y desarrollo: el impacto que ha tenido la renta hidrocarburífera, entre 2001 y 2012, es notable en la densidad estatal. ‘Densidad estatal’ entendida como la provisión de educación, salud, alcantarillado, agua y demás.
Hoy, hay una mayor presencia estatal en Bolivia (…) Los recursos petrolíferos, pese a lo que uno puede imaginar, se están invirtiendo en educación y salud, según datos del Censo 2012. Quizás no sea suficiente, podría ser mucho más. ¿Qué prueba ese impacto? El hecho de que Tarija asume el liderazgo, sus recursos han repercutido en su densidad estatal (…) ¿Crear una instancia de análisis? Quizá no dependiente de la Gobernación, la clave es hacer trabajar a la Universidad. Sería una instancia legítima, académica, no política. Es su rol, su deber proponer soluciones de desarrollo”.
“¿Qué poder tiene Chuquisaca?”
Marcelino Higueras
(CODEPANAL – CH)
“¿Qué queremos ser como Chuquisaca? Tenemos dos exámenes: en Incahuasi, ¿qué hemos hecho como universidad, como profesionales, etc.? Nos hemos preocupado de que no teníamos documentos para fundamentar, no teníamos investigaciones, estábamos perdidos. ¿Hemos vencido ese examen o nos hemos aplazado?
El otro examen es Pacto Fiscal, razón y base de discusión de distribución de los recursos de los hidrocarburos. Muchos han entrado prácticamente vencidos al debate (…) ¿Qué hemos hecho como Chuquisaca? El Pacto Fiscal ha llegado a unos apuntes de proyectos…
¿Qué poder político real tiene Chuquisaca ante el nivel central del Estado? Al margen de los representantes, ¿cuán valedero es el poder departamental si se llegaran a discutir los porcentajes de redistribución?”.
“O el modelo fracasó o se agota”
Germán Gutiérrez
(Político)
“Tengo la sensación de que la estrategia de hidrocarburos ha llegado o está llegando a su fin, o ha fracasado o se está agotando. El MAS implementó una forma de manejo de la economía con el Estado muy presente, y habría que ver qué tipo de beneficios y perjuicios ha generado el manejo de los hidrocarburos por parte del Estado. En 10 años, los recursos de los hidrocarburos son infinitamente superiores a los que se recibió en toda la historia de Bolivia (…) Es lógico, obvio, el impacto en la densidad estatal.
YPFB se ha modificado de mil maneras, no sé si con estudios o sin estudios. Hay una serie de sinrazones que, a simple vista, parecen ilógicas. Cualquier tipo de definición no es técnica ni de manejo de la economía, sino de cómo apreciamos que debe ser el manejo del poder, qué hacemos con este modelo de país. Institucionalmente en Chuquisaca estamos muy débiles, y es nuestra culpa”.
“Que cada cual cumpla su rol”
Liliana Sánchez
(Universidad)
“El tema de fondo es la desinstitucionalización que tenemos a nivel de departamento. ¿Comisión? ¿Cumbre? ¿De quiénes? Se supone que se crearon niveles autonómicos, hay una asamblea con distinta representación, etc., sin embargo no cumplen su rol. Tú quieres hacer una fiscalización y te conviertes en enemigo poco más de todo el mundo.
¿El nivel de ejecución es un indicador de desarrollo? Si no has ejecutado más del 50%, te aplazaste. Alguien decía: ‘yo me alegro cuando no ejecutan porque si van a gastar como sea y por lo que sea…’. Es un problema de fondo que venimos arrastrando.
Nunca se va a dar una comisión porque no va a haber recursos para pagar (…) Se discute hace mucho tiempo, pero no terminamos de aterrizar. EL tema de la institucionalización debería convertirse en un tema de que cada cual cumpla su rol; para eso se les paga”.
“Empecemos a construir”
Marlene Salinas
(CISICH)
“Además de ser histórica nuestra marginalidad, tiene que ver también con la actitud que tenemos. Falta autocrítica para darnos cuenta, a nivel institucional (en general), de en qué estamos fallando. Siempre escuchamos decir que deberíamos dejar nuestros colores de partidos políticos y velar por los chuquisaqueños y los sucrenses, pero después vemos que somos solo el 4% de una votación nacional.
Tenemos elementos a favor, tenemos una autonomía ganada con el voto del pueblo, legítima, con competencias, que todavía no está siendo desarrollada y ni siquiera se acerca a lo que realmente debería ser.
Y el Pacto Fiscal se está volviendo una lista de proyectos (…) El hecho de agruparnos no solamente tiene que ser para decir ‘todo está mal’, puede ser una buena instancia donde empecemos a construir”.
Ni en el periodo 2004-2014, conocido como “superciclo” por haber sido una década en la que Bolivia recibió grandes ingresos económicos en regalías e impuestos directos a los hidrocarburos (IDH), ni después, con la renegociación de los contratos, los gobiernos aplicaron criterios de ahorro y sostenibilidad a partir de la renta petrolera.
“No hay ningún criterio de sostenibilidad y de ahorro, y eso nos parece crítico”, enfatizó, con preocupación, el analista de Hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez, durante un conversatorio sobre la realidad actual del manejo de los hidrocarburos en Bolivia.
En la charla, realizada en pasadas semanas en Sucre, participaron representantes de organizaciones civiles, economistas, políticos y periodistas.
La Fundación Jubileo es una institución de la Iglesia católica con base en La Paz que trabaja en ámbitos políticos, sociales y económicos desarrollando procesos de investigación, información y formación sociopolítica, en busca de construir capacidades para la incidencia política abierta a la sociedad civil, a las estructuras del Estado y al relacionamiento de carácter internacional.
Descuido
Un principio que ha sido descuidado en los últimos diez años es el ahorro, hizo notar el analista de Jubileo al comparar la situación actual de Tarija y el gas natural con la penosa historia de la riqueza minera de Potosí.
Según Velásquez, no se ha tenido la capacidad de generar fondos de ahorro y de sostenibilidad que permitan garantizar dos aspectos: el primero, la volatilidad de los precios de los hidrocarburos (suben y bajan dependiendo de las fuerzas del mercado y las cotizaciones en las bolsas internacionales).
El país, de acuerdo con la política sugerida, debería “ahorrar una parte para que, cuando el precio caiga, sacar de ahí y darle sostenibilidad al gasto público: educación, salud, etc.”.
El segundo aspecto es pensar en las generaciones futuras, para cuando posiblemente no haya gas o, si hubiera, sea un combustible que ya no se comercialice en el mundo.
“Recordemos que la COP (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y los acuerdos de París hablan de que hasta el 2030 los países deberían dejar de consumir energía proveniente de combustibles fósiles. Entonces, aunque el mundo siga usando ese gas como energético, hay que pensar en las generaciones futuras”, complementó el analista de Jubileo.
Fondo de inversiones
Según su planteamiento, el dinero podría ir a un fondo que invierta en determinados activos y genere una rentabilidad para las próximas generaciones.
Velásquez mencionó como ejemplo de la toma de previsiones en este tema a Noruega, un país cuyo fondo de ahorro le permitió el año pasado obtener más ingresos por concepto de intereses que por la venta de petróleo.
En su criterio, Bolivia debería pensar en cómo generar ingresos a partir de la renta petrolera, quizá, apostando a fondos de ahorro y de inversión —como los hay en todo el mundo— que generen intereses y rendimientos para el futuro.
La necesidad de debatir
“Si vamos mucho antes, hasta la historia de Potosí, parece que no ha sido suficiente para los bolivianos. No hemos aprendido que son recursos naturales no renovables, que se cotizan a precios volátiles, que tienen épocas de expansión y de contracción, y que en épocas de expansión hay que ahorrar para las épocas de contracción”, aleccionó.
Para eso, considera necesario generar debates como el que se desarrolló en la Capital, para discutir de qué manera se deberían invertir los ingresos que Chuquisaca percibe por concepto de regalías e IDH.
“Si bien estamos en la antesala de un nuevo contrato (de venta de gas) con Brasil, que posiblemente cambie las expectativas que se tenían en cuanto a la generación de ingresos, aun así es un sector que seguirá produciendo gas natural y seguirá generando ingresos. Entonces, hay que reflexionar dentro de los departamentos productores cómo se deberían redistribuir esos ingresos”, enfatizó.
Velásquez indicó que las regiones productoras se han dedicado a pelear por “una tajada de la torta” (los campos compartidos), pero no tanto a debatir sobre qué se hace con los recursos del gas de cara al futuro.
Pasado y presente
De acuerdo con su explicación, el Estado tiene una participación en la renta petrolera de un promedio del 70%. La renta ya no beneficia solamente a los cuatro departamentos productores de gas, sino a los nueve a través del IDH. También a los 339 municipios, a 10 universidades, al TGN, las FFAA, la Policía, pueblos indígenas beneficiados y adultos mayores. Velásquez remarcó que un tema polémico es el de la participación de las FFAA y la Policía, algo que, según comentó, llama mucho la atención en el exterior del país. Sin embargo, en Bolivia casi no se debate sobre el asunto.
Las regalías departamentales representan un 11% benefician solo a las cuatro regiones productoras. Como pasa en general con la renta petrolera, para las regalías no hay criterio de ahorro para las generaciones futuras, señaló Velásquez.
En conclusión, Velásquez dijo que existe la necesidad de una reforma al sistema de distribución de la renta petrolera. “El anterior esquema era muy favorable a las empresas y el actual, muy favorable al Estado. Hay que buscar quizás un punto intermedio”, sentenció.
Al respecto, manifestó que una “clara muestra es que no hay suficiente inversión en exploración: YPFB no tiene la capacidad de hacerlo, ni financiera ni técnicamente. De hecho, han pasado diez años y no hay un solo campo que sea operado por YPFB de manera directa. Hay unos cuantos, chiquitos, operados por dos subsidiarias, YPFB Andina y YPFB Chaco (99% del Estado y 1% de ex trabajadores petroleros), pero en Andina tenemos el 51% de acciones (el 49% es de Repsol)”.
Dirigiéndose a los presentes, estimuló: “¿Ustedes, desde sus espacios, pueden incidir a generar la necesidad de una cumbre departamental fiscal y de desarrollo?”.
Chuquisaca no tiene una visión política de hidrocarburos
Chuquisaca es un departamento muy importante en términos de proyección, si hablamos de las perspectivas de sus campos gasíferos, pero en general no tiene una propuesta sobre hidrocarburos, una visión de política hidrocarburífera.
Esa es una de las conclusiones planteadas por el analista de Hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez, durante un conversatorio realizado en Sucre con la participación de representantes de organizaciones civiles, economistas, políticos y periodistas.
Entre otras afirmaciones, destacó que el Gobierno trató de impulsar un desarrollo más micro, a nivel municipal, en desmedro del desarrollo regional, lo cual plantea un desafío en cuanto a visión de desarrollo.
“Estamos yendo a una visión de desarrollo cada vez más local, olvidándonos un poquito del desarrollo regional”, dijo.
Hablando de una regalía per cápita, Velásquez mencionó que hay años en los que Beni (un departamento que no produce hidrocarburos) recibió más regalías que Chuquisaca (departamento productor). Esto significa que las políticas petroleras generaron inequidad, no solo entre regiones sino también entre municipios.
Dos campos importantes
Los campos Azero y Huacareta, con una potencialidad significativa para el país, trabajan bajo lo acordado en los nuevos contratos, suscritos en 2009. Estos contratos determinan una baja participación de YPFB, mucho más que en los contratos de operación (2006).
En el caso de Azero, la empresa petrolera pasa 500 mil dólares al año en la fase de exploración y 1 millón de dólares en explotación. Prácticamente nada considerando que, por ejemplo, para el caso de Sábalo, YPFB recibió hasta 50 millones de dólares al año. La justificación, según Velásquez, es que en los nuevos contratos la petrolera estatal está como socia.
Si en Azero se encuentra gas, las extranjeras Gazprom y Total deben formar obligatoriamente, porque así se halla especificado en los nuevos contratos, una nueva empresa en la que YPFB tendrá una participación del 51% mientras que las dos multinacionales mencionadas, del 49% restante.
“Equipo multidisciplinario”
Juan José Romero
(Ex presidente de Codeinca)
“¡Cómo hemos despilfarrado semejante cantidad de dinero! El Gobierno estuvo en la gran bonanza y lamentablemente ahora que comienza a caer se ve en la necesidad de aplicar más restricciones (…) Reuniéndonos, debatiéndonos, así no se hace (…) Deberíamos crear un cuerpo, equipo multidisciplinario conformado por abogados, ingenieros, técnicos, economistas, etc., a la cabeza de la Universidad, con recursos de la Gobernación y la Alcaldía, pero no ad honorem, que comience a analizar los criterios de distribución de la renta petrolera, que hay que cambiar. Ese mismo equipo debe plantear que no se despilfarren los recursos: siempre se dijo ‘plantar el oro negro para después cosechar’. Pero no se hizo”.
“Una distorsión muy grande”
Fernando Rodríguez
(Experto en hidrocarburos)
“Hay una distorsión muy grande en cuanto a distribución per cápita; por ejemplo, un mismo porcentaje de IDH para un departamento grande y otro chico, lo que significa ‘buena’ educación y salud para un departamento chico y ‘mala’ para otro grande (…)
Para empezar, tenemos que cuidar nuestras regalías y nuestro IDH en función a lo que tenemos, a la Ley 3058, ver qué hacemos con esa plata y después ver si se cambia o no la ley.
Por un lado, cuidar los precios (del gas) para el pago de regalías. Por otro lado, en este momento estamos quemando casi 8 millones de m3 en generación a gas (240 millones de pies cúbicos de gas por día, es decir, 720 mil dólares que perdemos por día, según los precios actuales), en vez de generar energía hidroeléctrica. Entonces, tenemos que sembrar el gas para que sea un círculo virtuoso, no vicioso”.
“Es difícil cambiar los porcentajes”
Álvaro Ríos
(PAIS)
“Históricamente hemos dependido de la plata, del estaño y ahora del gas. Si la renta petrolera son los ingresos de la producción de hidrocarburos, descartando el costo, tenemos que estar conscientes de que toda la producción de gas la estamos vendiendo a Brasil y Argentina.
Me parece preocupante. Y al no tener la información adecuada, se hace difícil hacer un análisis correcto. El nivel central del Estado prácticamente quiere acaparar toda la distribución petrolera. Y dos, deberíamos profundizar el debate de adónde tenemos que destinar lo que vamos a recibir; los precios son volátiles y eso perjudica a futuro. Va a ser difícil cambiar los porcentajes de redistribución. Creo que no existen las condiciones subjetivas ni materiales para llegar a ese punto del famoso Pacto Fiscal”.
“La experiencia de Noruega”
Lorenzo Catalá
(CAINCO)
“En 1995, hace 22 años, Noruega decide crear un fondo de compensación con apenas 250 millones de dólares. Hace escasos días atrás veía que ese fondo hoy suman 900 mil millones de dólares. ¿Y qué diferencia su mirada de la nuestra? Que ellos dijeron: ‘no nos vamos a farrear el dinero de hoy, porque si hacemos eso viviremos la enfermedad holandesa’. Ellos tuvieron dos cosas que los bolivianos no tenemos en este momento: confianza en un Estado y trabajo con una mirada de largo plazo. A nuestras autoridades les importa el momento.
¿Cómo invirtieron esos recursos? No se invierte en Noruega, sino fuera, para no distorsionar la economía (…) No somos capaces de ver el bien mayor, nos quedamos con la mirada corta.
Por otra parte, esto de ‘sembrar el gas’: el gran problema que tenemos es que queremos sembrarlo ahora y que dé frutos ahora mismo. Es un error”.
“Impacto en la densidad estatal”
Franz Flores
(Universidad)
“Con un grupo de docentes estamos haciendo una investigación que trata de densidad estatal y desarrollo: el impacto que ha tenido la renta hidrocarburífera, entre 2001 y 2012, es notable en la densidad estatal. ‘Densidad estatal’ entendida como la provisión de educación, salud, alcantarillado, agua y demás.
Hoy, hay una mayor presencia estatal en Bolivia (…) Los recursos petrolíferos, pese a lo que uno puede imaginar, se están invirtiendo en educación y salud, según datos del Censo 2012. Quizás no sea suficiente, podría ser mucho más. ¿Qué prueba ese impacto? El hecho de que Tarija asume el liderazgo, sus recursos han repercutido en su densidad estatal (…) ¿Crear una instancia de análisis? Quizá no dependiente de la Gobernación, la clave es hacer trabajar a la Universidad. Sería una instancia legítima, académica, no política. Es su rol, su deber proponer soluciones de desarrollo”.
“¿Qué poder tiene Chuquisaca?”
Marcelino Higueras
(CODEPANAL – CH)
“¿Qué queremos ser como Chuquisaca? Tenemos dos exámenes: en Incahuasi, ¿qué hemos hecho como universidad, como profesionales, etc.? Nos hemos preocupado de que no teníamos documentos para fundamentar, no teníamos investigaciones, estábamos perdidos. ¿Hemos vencido ese examen o nos hemos aplazado?
El otro examen es Pacto Fiscal, razón y base de discusión de distribución de los recursos de los hidrocarburos. Muchos han entrado prácticamente vencidos al debate (…) ¿Qué hemos hecho como Chuquisaca? El Pacto Fiscal ha llegado a unos apuntes de proyectos…
¿Qué poder político real tiene Chuquisaca ante el nivel central del Estado? Al margen de los representantes, ¿cuán valedero es el poder departamental si se llegaran a discutir los porcentajes de redistribución?”.
“O el modelo fracasó o se agota”
Germán Gutiérrez
(Político)
“Tengo la sensación de que la estrategia de hidrocarburos ha llegado o está llegando a su fin, o ha fracasado o se está agotando. El MAS implementó una forma de manejo de la economía con el Estado muy presente, y habría que ver qué tipo de beneficios y perjuicios ha generado el manejo de los hidrocarburos por parte del Estado. En 10 años, los recursos de los hidrocarburos son infinitamente superiores a los que se recibió en toda la historia de Bolivia (…) Es lógico, obvio, el impacto en la densidad estatal.
YPFB se ha modificado de mil maneras, no sé si con estudios o sin estudios. Hay una serie de sinrazones que, a simple vista, parecen ilógicas. Cualquier tipo de definición no es técnica ni de manejo de la economía, sino de cómo apreciamos que debe ser el manejo del poder, qué hacemos con este modelo de país. Institucionalmente en Chuquisaca estamos muy débiles, y es nuestra culpa”.
“Que cada cual cumpla su rol”
Liliana Sánchez
(Universidad)
“El tema de fondo es la desinstitucionalización que tenemos a nivel de departamento. ¿Comisión? ¿Cumbre? ¿De quiénes? Se supone que se crearon niveles autonómicos, hay una asamblea con distinta representación, etc., sin embargo no cumplen su rol. Tú quieres hacer una fiscalización y te conviertes en enemigo poco más de todo el mundo.
¿El nivel de ejecución es un indicador de desarrollo? Si no has ejecutado más del 50%, te aplazaste. Alguien decía: ‘yo me alegro cuando no ejecutan porque si van a gastar como sea y por lo que sea…’. Es un problema de fondo que venimos arrastrando.
Nunca se va a dar una comisión porque no va a haber recursos para pagar (…) Se discute hace mucho tiempo, pero no terminamos de aterrizar. EL tema de la institucionalización debería convertirse en un tema de que cada cual cumpla su rol; para eso se les paga”.
“Empecemos a construir”
Marlene Salinas
(CISICH)
“Además de ser histórica nuestra marginalidad, tiene que ver también con la actitud que tenemos. Falta autocrítica para darnos cuenta, a nivel institucional (en general), de en qué estamos fallando. Siempre escuchamos decir que deberíamos dejar nuestros colores de partidos políticos y velar por los chuquisaqueños y los sucrenses, pero después vemos que somos solo el 4% de una votación nacional.
Tenemos elementos a favor, tenemos una autonomía ganada con el voto del pueblo, legítima, con competencias, que todavía no está siendo desarrollada y ni siquiera se acerca a lo que realmente debería ser.
Y el Pacto Fiscal se está volviendo una lista de proyectos (…) El hecho de agruparnos no solamente tiene que ser para decir ‘todo está mal’, puede ser una buena instancia donde empecemos a construir”.
Thursday, August 17, 2017
Fundación Jubileo 15 áreas reservadas a YPFB se sobreponen a parques naturales
La Fundación Jubileo alertó ayer que de las 100 áreas reservadas a favor de la estatal YPFB Corporación para exploración y explotación petrolera, aproximadamente, 15 están sobrepuestas a parques naturales y áreas protegidas (AP), lo cual ha derivado en conflictos sociales, vinculados al rechazo, al impacto ambiental y a las disputas por regalías, con Industrias Extractivas en Bolivia.
“La sobreposición de áreas de exploración con parques naturales provocó dos tipos de conflictividad social: un primer problema se relaciona con la oposición a la exploración, por los impactos ambientales que puede generar en zonas tan sensibles como parques naturales (…). El segundo es por disputas entre municipios y gobernaciones por una mayor participación en la renta petrolera futura”, señaló el documento.
TARIQUÍA
Igualmente, cita como ejemplo de conflicto social, derivado del rechazo de las actividades hidrocarburíferas por los impactos ambientales, lo que sucede en Tarija con la sobreposición entre el área de exploración San Telmo y la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde el Gobierno proyecta acelerar la exploración y posterior explotación.
En cuanto a las disputas entre municipios y gobernaciones por una mayor participación en la futura renta petrolera, Jubileo mencionó los conflictos entre municipios y la Gobernación de Tarija. Los primeros demandan una transferencia directa de recursos por regalías. De su parte, el Chaco chuquisaqueño exige el 50% de participación en regalías departamentales, aunque las autoridades consideran que lo hace sin ningún criterio de planificación y de solidaridad con zonas no productoras.
DECRETO
Sin embargo, la Fundación Jubileo advirtió que el Gobierno conocedor de este tipo de conflictos por sobreposiciones, ha motivado que en mayo del año 2015 emita el Decreto Supremo 2366, que autoriza actividades de exploración en dichas Áreas Protegidas.
“Esta política no es nueva ni refleja un cambio repentino en la política hidrocarburífera del país, puesto que la Ley de Hidrocarburos 3058 preveía ya esta posibilidad, aspecto que saca a relucir la mentalidad rentista arraiga en la población boliviana”, apunta el estudio.
REGULACIÓN
Jubileo señaló también que si bien la tecnología empleada para las actividades de exploración hidrocarburífera ha avanzado mucho en las últimas décadas y hoy es posible aminorar el impacto ambiental que suponen estas actividades, no puede negarse que haya una afectación, por lo que es necesario contar con una reglamentación que regule el desarrollo de estas actividades en parques nacionales o AP.
“Luego de dos años de espera, no se cuenta aún con esa anunciada norma, muy a pesar de las presiones existentes para avanzar en la exploración en el área de San Telmo o también en el Bloque Azero. Este aspecto pone en riesgo los parques naturales, pues eventualmente podría iniciarse la actividad exploratoria sin esta norma que garantice el uso de mejores tecnologías para una menor afectación ambiental”, menciona el documento.
Fundación Jubileo consideró también que en las áreas en las que existe sobreposición, deberían delimitarse nuevamente, a fin de que estas queden fuera de los parques naturales. Aparentemente, esto es lo que estaría sucediendo con el área de San Telmo, que recientemente ha sido dividida en dos partes, mediante el DS 3107; sin embargo, “resta aún comprobar la cercanía que ambas tendrían a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía”, precisó.
“Del mismo modo, Jubileo recomienda priorizar las actividades exploratorias en las 85 áreas que no están sobrepuestas o cercanas a parques naturales, antes de intentar explorar en estas zonas de alta sensibilidad social y ambiental”.
“La sobreposición de áreas de exploración con parques naturales provocó dos tipos de conflictividad social: un primer problema se relaciona con la oposición a la exploración, por los impactos ambientales que puede generar en zonas tan sensibles como parques naturales (…). El segundo es por disputas entre municipios y gobernaciones por una mayor participación en la renta petrolera futura”, señaló el documento.
TARIQUÍA
Igualmente, cita como ejemplo de conflicto social, derivado del rechazo de las actividades hidrocarburíferas por los impactos ambientales, lo que sucede en Tarija con la sobreposición entre el área de exploración San Telmo y la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde el Gobierno proyecta acelerar la exploración y posterior explotación.
En cuanto a las disputas entre municipios y gobernaciones por una mayor participación en la futura renta petrolera, Jubileo mencionó los conflictos entre municipios y la Gobernación de Tarija. Los primeros demandan una transferencia directa de recursos por regalías. De su parte, el Chaco chuquisaqueño exige el 50% de participación en regalías departamentales, aunque las autoridades consideran que lo hace sin ningún criterio de planificación y de solidaridad con zonas no productoras.
DECRETO
Sin embargo, la Fundación Jubileo advirtió que el Gobierno conocedor de este tipo de conflictos por sobreposiciones, ha motivado que en mayo del año 2015 emita el Decreto Supremo 2366, que autoriza actividades de exploración en dichas Áreas Protegidas.
“Esta política no es nueva ni refleja un cambio repentino en la política hidrocarburífera del país, puesto que la Ley de Hidrocarburos 3058 preveía ya esta posibilidad, aspecto que saca a relucir la mentalidad rentista arraiga en la población boliviana”, apunta el estudio.
REGULACIÓN
Jubileo señaló también que si bien la tecnología empleada para las actividades de exploración hidrocarburífera ha avanzado mucho en las últimas décadas y hoy es posible aminorar el impacto ambiental que suponen estas actividades, no puede negarse que haya una afectación, por lo que es necesario contar con una reglamentación que regule el desarrollo de estas actividades en parques nacionales o AP.
“Luego de dos años de espera, no se cuenta aún con esa anunciada norma, muy a pesar de las presiones existentes para avanzar en la exploración en el área de San Telmo o también en el Bloque Azero. Este aspecto pone en riesgo los parques naturales, pues eventualmente podría iniciarse la actividad exploratoria sin esta norma que garantice el uso de mejores tecnologías para una menor afectación ambiental”, menciona el documento.
Fundación Jubileo consideró también que en las áreas en las que existe sobreposición, deberían delimitarse nuevamente, a fin de que estas queden fuera de los parques naturales. Aparentemente, esto es lo que estaría sucediendo con el área de San Telmo, que recientemente ha sido dividida en dos partes, mediante el DS 3107; sin embargo, “resta aún comprobar la cercanía que ambas tendrían a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía”, precisó.
“Del mismo modo, Jubileo recomienda priorizar las actividades exploratorias en las 85 áreas que no están sobrepuestas o cercanas a parques naturales, antes de intentar explorar en estas zonas de alta sensibilidad social y ambiental”.
Thursday, August 3, 2017
Autonomías invitó a Fundación Jubileo a presentar propuesta
El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, invitó a la Fundación Jubileo a exponer su propuesta de distribución de recursos ante la Secretaría Técnica del Pacto Fiscal del Consejo Nacional de Autonomías, pero no sin antes recordarle a la entidad la tramitación de su personería jurídica a nivel nacional, para poder realizar sus actividades en todos los departamentos del país.
INVITACIÓN
En una carta dirigida al director ejecutivo de Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, Siles le hace conocer su molestia por haber organizado el taller “Pacto Fiscal: propuestas de la sociedad civil y perspectivas del proceso” en la ciudad de Cochabamba debido a que en su calidad de representante de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Autonomías “es su labor establecer los espacios de articulación en el marco de las decisiones adoptadas en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal”.
OBSERVACIONES
Luego de citar algunas observaciones a la propuesta técnica de Jubileo, Siles le recomienda a Núñez tramitar su personería jurídica a nivel nacional. “Es importante hacer notar que la institución que usted dirige no ha iniciado los trámites correspondientes para la obtención de personería jurídica de alcance nacional para realizar actividades en todos los departamentos del país (…) sus acciones como Fundación deberían enmarcarse en la jurisdicción territorial del departamento en el que se obtuvo la personería con la que actualmente funciona”, señala la misiva.
PAPELES EN ORDEN
Sin embargo, Núñez le respondió al Viceministro que no tiene por qué preocuparse por la obtención de personería jurídica nacional de la institución que dirige. “Nos complace informarle que el status jurídico y su cobertura cumple con toda la normativa vigente”, le escribió en otra carta fechada el 31 de julio en alusión a la Ley 351 de Otorgación de Personería Jurídica.
Desde Jubileo, se considera que el análisis técnico, adecuado y objetivo de la distribución de los recursos fiscales, entre los diferentes niveles de Gobierno, debe partir considerando como base la transferencia – al menos- de tres impuestos del Gobierno Central a las entidades subnacionales (gobernaciones y municipios). Entre ellos, el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Régimen Complementario del IVA (RC-IVA) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y Derivados (IDHD).
INVITACIÓN
En una carta dirigida al director ejecutivo de Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, Siles le hace conocer su molestia por haber organizado el taller “Pacto Fiscal: propuestas de la sociedad civil y perspectivas del proceso” en la ciudad de Cochabamba debido a que en su calidad de representante de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Autonomías “es su labor establecer los espacios de articulación en el marco de las decisiones adoptadas en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal”.
OBSERVACIONES
Luego de citar algunas observaciones a la propuesta técnica de Jubileo, Siles le recomienda a Núñez tramitar su personería jurídica a nivel nacional. “Es importante hacer notar que la institución que usted dirige no ha iniciado los trámites correspondientes para la obtención de personería jurídica de alcance nacional para realizar actividades en todos los departamentos del país (…) sus acciones como Fundación deberían enmarcarse en la jurisdicción territorial del departamento en el que se obtuvo la personería con la que actualmente funciona”, señala la misiva.
PAPELES EN ORDEN
Sin embargo, Núñez le respondió al Viceministro que no tiene por qué preocuparse por la obtención de personería jurídica nacional de la institución que dirige. “Nos complace informarle que el status jurídico y su cobertura cumple con toda la normativa vigente”, le escribió en otra carta fechada el 31 de julio en alusión a la Ley 351 de Otorgación de Personería Jurídica.
Desde Jubileo, se considera que el análisis técnico, adecuado y objetivo de la distribución de los recursos fiscales, entre los diferentes niveles de Gobierno, debe partir considerando como base la transferencia – al menos- de tres impuestos del Gobierno Central a las entidades subnacionales (gobernaciones y municipios). Entre ellos, el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Régimen Complementario del IVA (RC-IVA) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y Derivados (IDHD).
Sunday, July 23, 2017
Foro de Fundación Jubileo Gobierno administra 63 por ciento de los recursos de los bolivianos
Un foro sobre el pacto fiscal demandó del Gobierno abrir el debate a la sociedad civil a menos de un mes de la quinta etapa del proceso, el mismo que se referirá al polémico tema de la redistribución de los recursos del país, cuando el Gobierno central administra 63 por ciento de los fondos que corresponden a todos los bolivianos.
Los expositores en el encuentro realizado en Cochabamba y al que no asistieron autoridades del Ejecutivo, señalaron que las cuatro etapas previas solamente fueron para aprobar reglamentos y aspectos administrativos, cuando era mejor iniciar el debate con la redistribución de los recursos, en un entorno de menor crecimiento de la economía.
PROPUESTA TÉCNICA
En la oportunidad, la Fundación Jubileo presentó la propuesta técnica para el pacto fiscal como un aporte a las deliberaciones que tienen lugar sobre este tema en el ámbito de la Comisión Nacional de Autonomías, presidida por el presidente, Evo Morales.
Al respecto el viceministro del sector, Hugo Siles, en nota enviada a la Fundación el 19 de julio pasado, luego de hacer consideraciones sobre una publicación de la entidad privada sobre este tema, invitó a la misma para que presente la propuesta a las instancias correspondientes.
SERVICIOS
Según los expositores del evento, el actual sistema de distribución de los fondos públicos estaría colapsando en las instancias subnacionales por los limitados fondos que disponen, especialmente los departamentos de La Paz y Cochabamba, que no perciben regalías petroleras y el Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) en la misma proporción que otros departamentos. A ambas regiones se suma también la crisis de recursos para el desarrollo en Chuquisaca y Santa Cruz, además de Tarija, por el descenso de la renta petrolera.
El experto, Leonardo Ugarte, que expuso que el Gobierno aplica el sistema impuesto por la ley 1551 de Participación Popular a las instancias subnacionales (gobernaciones, municipios y universidades) con un enfoque municipalista, cuando el país se ha incorporado al sistema autonómico.
Por lo expuesto, los gobiernos autónomos tanto departamentales como municipales, no recibirían recursos del Gobierno Central que acapara 63 por ciento de los fondos del país. El Gobierno ha transferido competencias, pero sin recursos a las instancias subnacionales, cuyos servicios se encuentra en crisis debido a la incapacidad financiera para sostenerlos, sostuvo.
LA PAZ
El representante de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, ejemplificó esta situación al señalar que en el país solamente 35 por ciento de la población tributa, mientras que los servicios son demandados por el 100 por de los habitantes. Esto está provocando el colapso de los servicios lo que agravará con los menores ingresos que perciben gobernaciones, municipios y universidades. La Gobernación de La Paz a lo sumo percibe transferencias del Gobierno Central por alrededor de 500 millones, cuando la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz tiene un presupuesto de Bs 300 millones.
BRECHA FISCAL
Su colega, José Luis Parada de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que con esa brecha no hay presupuesto que permita satisfacer las necesidades básicas de la población. Parada cuestionó el régimen tributario y dijo que debe cambiar y convertirse en progresivo, es decir, donde los que perciben mayores ingresos deben contribuir más. Dijo que la reforma Tributaria tiene 30 años cuando el país ha cambiado y cada gobierno impuso de manera desordenada ajustes de impuestos provocando un desorden fiscal por el enfoque recaudacionista del sistema fiscal imperante.
SOCIEDAD CIVIL
Propuso abrir el debate del pacto fiscal y que no solamente que se discuta entre el gobierno y los delegados de las instancias subnacionales, sino que participe la empresa privada y la sociedad civil. Yaksic, dijo que el Gobierno al cerrar las posibilidades de diálogo, ha logrado invisibilizar la discusión del tema. “Hay un silencio y se está logrando impedir la participación de la sociedad civil hasta donde sea posible”, sostuvo. Yaksic cuestionó la distribución de fondos señalando que en 2014, de 4.000 millones de bolivianos, 41 por ciento se fue a Tarija y La Paz sólo recibió Bs 600 millones cuando tiene 27 por ciento de la población nacional. Sin provocar susceptibilidades, aclaró que por población un vecino de Tarija recibe proporcionalmente Bs 8000, mientras que en La Paz la cifra no supera, Bs 170. “Estas desigualdades deben corregirse”, abogó.
REVERSIÓN
El director de la Fundación, Juan Carlos Núñez, manifestó que es necesario salvar el proceso del pacto fiscal con una mayor presencia de representantes de la sociedad civil y abrir el debate a las propuestas que puedan surgir en su seno. Dijo que este imperativo tiene mayor urgencia porque de no llegarse a un acuerdo nacional sobre la redistribución de recursos se podrían perder o revertirse los avances del país en los últimos años en cuanto a reducción de la pobreza e incrementarse la deuda social referida a las necesidades en salud y educación principalmente.
DISCRECIONALIDAD
El especialista de la Fundación, René Martínez, indicó que existe discrecionalidad en el Gobierno en cuanto a la asignación y el gasto fiscal, y sostuvo que existen interrogantes sobre la calidad del gasto del Ejecutivo. Cuestionó la ejecución de proyectos de poca rentabilidad o que finalmente no funcionan, dijo. “Hay elevada concentración del gasto en el Gobierno y poca descentralización, se advierte también una mayor recentralización en la provisión de bienes y servicios básico a la población”, señaló.
Los expositores en el encuentro realizado en Cochabamba y al que no asistieron autoridades del Ejecutivo, señalaron que las cuatro etapas previas solamente fueron para aprobar reglamentos y aspectos administrativos, cuando era mejor iniciar el debate con la redistribución de los recursos, en un entorno de menor crecimiento de la economía.
PROPUESTA TÉCNICA
En la oportunidad, la Fundación Jubileo presentó la propuesta técnica para el pacto fiscal como un aporte a las deliberaciones que tienen lugar sobre este tema en el ámbito de la Comisión Nacional de Autonomías, presidida por el presidente, Evo Morales.
Al respecto el viceministro del sector, Hugo Siles, en nota enviada a la Fundación el 19 de julio pasado, luego de hacer consideraciones sobre una publicación de la entidad privada sobre este tema, invitó a la misma para que presente la propuesta a las instancias correspondientes.
SERVICIOS
Según los expositores del evento, el actual sistema de distribución de los fondos públicos estaría colapsando en las instancias subnacionales por los limitados fondos que disponen, especialmente los departamentos de La Paz y Cochabamba, que no perciben regalías petroleras y el Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) en la misma proporción que otros departamentos. A ambas regiones se suma también la crisis de recursos para el desarrollo en Chuquisaca y Santa Cruz, además de Tarija, por el descenso de la renta petrolera.
El experto, Leonardo Ugarte, que expuso que el Gobierno aplica el sistema impuesto por la ley 1551 de Participación Popular a las instancias subnacionales (gobernaciones, municipios y universidades) con un enfoque municipalista, cuando el país se ha incorporado al sistema autonómico.
Por lo expuesto, los gobiernos autónomos tanto departamentales como municipales, no recibirían recursos del Gobierno Central que acapara 63 por ciento de los fondos del país. El Gobierno ha transferido competencias, pero sin recursos a las instancias subnacionales, cuyos servicios se encuentra en crisis debido a la incapacidad financiera para sostenerlos, sostuvo.
LA PAZ
El representante de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, ejemplificó esta situación al señalar que en el país solamente 35 por ciento de la población tributa, mientras que los servicios son demandados por el 100 por de los habitantes. Esto está provocando el colapso de los servicios lo que agravará con los menores ingresos que perciben gobernaciones, municipios y universidades. La Gobernación de La Paz a lo sumo percibe transferencias del Gobierno Central por alrededor de 500 millones, cuando la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz tiene un presupuesto de Bs 300 millones.
BRECHA FISCAL
Su colega, José Luis Parada de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que con esa brecha no hay presupuesto que permita satisfacer las necesidades básicas de la población. Parada cuestionó el régimen tributario y dijo que debe cambiar y convertirse en progresivo, es decir, donde los que perciben mayores ingresos deben contribuir más. Dijo que la reforma Tributaria tiene 30 años cuando el país ha cambiado y cada gobierno impuso de manera desordenada ajustes de impuestos provocando un desorden fiscal por el enfoque recaudacionista del sistema fiscal imperante.
SOCIEDAD CIVIL
Propuso abrir el debate del pacto fiscal y que no solamente que se discuta entre el gobierno y los delegados de las instancias subnacionales, sino que participe la empresa privada y la sociedad civil. Yaksic, dijo que el Gobierno al cerrar las posibilidades de diálogo, ha logrado invisibilizar la discusión del tema. “Hay un silencio y se está logrando impedir la participación de la sociedad civil hasta donde sea posible”, sostuvo. Yaksic cuestionó la distribución de fondos señalando que en 2014, de 4.000 millones de bolivianos, 41 por ciento se fue a Tarija y La Paz sólo recibió Bs 600 millones cuando tiene 27 por ciento de la población nacional. Sin provocar susceptibilidades, aclaró que por población un vecino de Tarija recibe proporcionalmente Bs 8000, mientras que en La Paz la cifra no supera, Bs 170. “Estas desigualdades deben corregirse”, abogó.
REVERSIÓN
El director de la Fundación, Juan Carlos Núñez, manifestó que es necesario salvar el proceso del pacto fiscal con una mayor presencia de representantes de la sociedad civil y abrir el debate a las propuestas que puedan surgir en su seno. Dijo que este imperativo tiene mayor urgencia porque de no llegarse a un acuerdo nacional sobre la redistribución de recursos se podrían perder o revertirse los avances del país en los últimos años en cuanto a reducción de la pobreza e incrementarse la deuda social referida a las necesidades en salud y educación principalmente.
DISCRECIONALIDAD
El especialista de la Fundación, René Martínez, indicó que existe discrecionalidad en el Gobierno en cuanto a la asignación y el gasto fiscal, y sostuvo que existen interrogantes sobre la calidad del gasto del Ejecutivo. Cuestionó la ejecución de proyectos de poca rentabilidad o que finalmente no funcionan, dijo. “Hay elevada concentración del gasto en el Gobierno y poca descentralización, se advierte también una mayor recentralización en la provisión de bienes y servicios básico a la población”, señaló.
Friday, April 7, 2017
Experto de Fundación Jubileo Caso Drillmec afectará clima de inversiones
La Fundación Jubileo a través de su especialista en temas energéticos, Raúl Velásquez, pidió la mayor transparencia y objetividad a la investigación realizada al proceso de contratación a la italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por $us 148 millones. Advirtió que dicho caso afectará al clima de inversiones en el sector hidrocarburífero.
TRANSPARENCIA
“Es saludable que el Ministerio de Hidrocarburos haya decidido fiscalizar este proceso, buscar qué ha pasado, porque al final según la Ley 3058 la cabeza del sector es el Ministerio de Hidrocarburos (…). Esperamos una investigación lo más clara y transparente que permita determinar responsabilidades a todos los involucrados, desde el último funcionario de la comisión (calificadora), hasta la máxima autoridad ejecutiva de YPFB”, manifestó.
INVERSIONES
Ante las advertencias de Drillmec de acudir a acciones legales para hacer prevalecer la vigencia del contrato, Velásquez dijo: “Yo creo que sí afecta el clima de inversiones porque la inversión es mucho más a largo plazo y requiere de condiciones claras, y no solo de condiciones contractuales, sino también de condiciones de diseño mismo de un sector hidrocarburífero que cuente con mecanismos de transparencia, con una nueva ley que muestre que hay una estructura clara de cómo funcionan las cosas”.
TRANSPARENCIA
“Es saludable que el Ministerio de Hidrocarburos haya decidido fiscalizar este proceso, buscar qué ha pasado, porque al final según la Ley 3058 la cabeza del sector es el Ministerio de Hidrocarburos (…). Esperamos una investigación lo más clara y transparente que permita determinar responsabilidades a todos los involucrados, desde el último funcionario de la comisión (calificadora), hasta la máxima autoridad ejecutiva de YPFB”, manifestó.
INVERSIONES
Ante las advertencias de Drillmec de acudir a acciones legales para hacer prevalecer la vigencia del contrato, Velásquez dijo: “Yo creo que sí afecta el clima de inversiones porque la inversión es mucho más a largo plazo y requiere de condiciones claras, y no solo de condiciones contractuales, sino también de condiciones de diseño mismo de un sector hidrocarburífero que cuente con mecanismos de transparencia, con una nueva ley que muestre que hay una estructura clara de cómo funcionan las cosas”.
Tuesday, March 28, 2017
Mesa Redonda de Fundación Jubileo Urge política integral para desarrollo de minería nacional
La necesidad de formular en Bolivia una política de Estado que involucre tanto a la minería estatal, privada y cooperativizada fue formulada en la Mesa Redonda que tuvo lugar la semana pasada, bajo el auspicio de la Fundación Jubileo.
De acuerdo con la ley Minera, en abril concluye el plazo para las concesiones mineras y su adecuación a la nueva normativa. Este tema fue parte del análisis de la reunión, en la que participaron el presidente de Comibol, José Pimentel; exviceministro del área, Pedro Mariovo; Héctor Córdova, experto de la Fundación Jubileo; además de Rodi Balanza, profesor de la Carrera de Metalurgia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
INFORMALIDAD
En ese marco salieron a la luz varias opiniones sobre la situación de la minería en Bolivia. El exviceministro Mariovo dijo que el sector se desenvuelve entre la formalidad, informalidad y la clandestinidad, por lo que propuso la necesidad de que el Gobierno diseñe una política integral, que incorpore, entre otros temas, el daño al medioambiente, que está provocando esta actividad con graves consecuencias para el país.
CONFLICTIVIDAD
Mariovo destacó, por ejemplo, que el cooperativismo siempre se desenvolvió en conflicto, como ocurrió con los luctuosos sucesos ocurridos en Caracollo, donde perdió la vida el exviceministro Rodolfo Illanes. Sostuvo que sus intereses a menudo son excluyentes con los intereses del país. “Ellos piensan solamente en sus objetivos”, dijo.
COMIBOL
El presidente de Comibol destacó que las cooperativas al haberse localizado en parajes marginales, siempre enfrentarán problemas de carácter técnico y otros sobre la preservación del medioambiente. Balanza dijo, por su parte, que –en general– las cooperativas no tienen relación con la universidad cuando los problemas que enfrentan son de carácter técnico.
ADECUACIÓN NORMATIVA
En torno a la adecuación de las concesiones mineras a la nueva normativa del sector, el titular de Comibol expresó sus dudas sobre esta situación, debido a la complejidad de las exigencias técnicas. “Les exigen formalizarse a las cooperativas, que deben presentar para tal caso un plan de trabajo y proyectos de exploración. La gran mayoría de ellas no tiene capacidad para responder a estos requisitos, porque son de sobrevivencia, subsisten el día a día”, sostuvo. “Es un plan muy idealista, no creo que cumplan”, observó.
GRAN MINERÍA
En el caso de la gran minería, Córdova manifestó que la transnacional Sumitomo, que administra la empresa San Cristóbal, exporta concentrados donde también pueden encontrarse minerales, tales como Cadmio, Indio, Manganeso y otros, que tienen alto valor en los países industrializados y que de los cuales Bolivia no obtiene beneficios. Dijo que la citada transnacional sigue descargando aguas tóxicas, afectando los cultivos agrícolas de la región.
ORO
Mariovo destacó que, en este ámbito, se tienen también grupos de barranquilleros o dueños de barcazas, que organizados explotan oro en varias cuencas del noroeste del país, como en el norte del departamento de La Paz, donde el grado de informalidad es muy elevado. Como el Estado no les brinda asistencia técnica, recursos ni inversiones, estas actividades se desenvuelven sin control, sostuvo.
De acuerdo con la ley Minera, en abril concluye el plazo para las concesiones mineras y su adecuación a la nueva normativa. Este tema fue parte del análisis de la reunión, en la que participaron el presidente de Comibol, José Pimentel; exviceministro del área, Pedro Mariovo; Héctor Córdova, experto de la Fundación Jubileo; además de Rodi Balanza, profesor de la Carrera de Metalurgia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
INFORMALIDAD
En ese marco salieron a la luz varias opiniones sobre la situación de la minería en Bolivia. El exviceministro Mariovo dijo que el sector se desenvuelve entre la formalidad, informalidad y la clandestinidad, por lo que propuso la necesidad de que el Gobierno diseñe una política integral, que incorpore, entre otros temas, el daño al medioambiente, que está provocando esta actividad con graves consecuencias para el país.
CONFLICTIVIDAD
Mariovo destacó, por ejemplo, que el cooperativismo siempre se desenvolvió en conflicto, como ocurrió con los luctuosos sucesos ocurridos en Caracollo, donde perdió la vida el exviceministro Rodolfo Illanes. Sostuvo que sus intereses a menudo son excluyentes con los intereses del país. “Ellos piensan solamente en sus objetivos”, dijo.
COMIBOL
El presidente de Comibol destacó que las cooperativas al haberse localizado en parajes marginales, siempre enfrentarán problemas de carácter técnico y otros sobre la preservación del medioambiente. Balanza dijo, por su parte, que –en general– las cooperativas no tienen relación con la universidad cuando los problemas que enfrentan son de carácter técnico.
ADECUACIÓN NORMATIVA
En torno a la adecuación de las concesiones mineras a la nueva normativa del sector, el titular de Comibol expresó sus dudas sobre esta situación, debido a la complejidad de las exigencias técnicas. “Les exigen formalizarse a las cooperativas, que deben presentar para tal caso un plan de trabajo y proyectos de exploración. La gran mayoría de ellas no tiene capacidad para responder a estos requisitos, porque son de sobrevivencia, subsisten el día a día”, sostuvo. “Es un plan muy idealista, no creo que cumplan”, observó.
GRAN MINERÍA
En el caso de la gran minería, Córdova manifestó que la transnacional Sumitomo, que administra la empresa San Cristóbal, exporta concentrados donde también pueden encontrarse minerales, tales como Cadmio, Indio, Manganeso y otros, que tienen alto valor en los países industrializados y que de los cuales Bolivia no obtiene beneficios. Dijo que la citada transnacional sigue descargando aguas tóxicas, afectando los cultivos agrícolas de la región.
ORO
Mariovo destacó que, en este ámbito, se tienen también grupos de barranquilleros o dueños de barcazas, que organizados explotan oro en varias cuencas del noroeste del país, como en el norte del departamento de La Paz, donde el grado de informalidad es muy elevado. Como el Estado no les brinda asistencia técnica, recursos ni inversiones, estas actividades se desenvuelven sin control, sostuvo.
Friday, February 24, 2017
Jubileo sugiere crear Fondo de Ahorro con regalías petroleras
A la Gobernación de Tarija le sugieren crear el Fondo de Ahorro con ingresos de las regalías petroleras para ser invertido en la época de “vacas flacas”, según la Fundación Jubileo.
Según datos de esa institución, este departamento ha recibido $us3.800 millones por regalías petroleras, entre el 2006 y 2014, que refleja como el más beneficiado por la explotación del gas natural, pero no se aprovechó de mejor manera el “boom” por ese ingreso que probablemente no se volverá a repetir en varios años.
El analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, dijo que para este año el presupuesto anual se hizo basado en $us 45 por barril y que ahora el precio del petróleo está en un promedio de $us 53 por barril.
“Esos ocho dólares de diferencia debería ir para el Fondo de Ahorro, que permita disponer de dinero a futuro. Por el momento no hay otras recetas específicas para un manejo adecuado de este ingreso que tiene el departamento de Tarija y es una de las que se ha implementado también en Noruega y Arabia Saudita”, mencionó.
Por su parte, el secretario de Hidrocarburos y Energía, Boris Santos Gómez, coincidió con la propuesta de la Fundación Jubileo, al decir que hablar de Tarija, el más grande productor de gas de Bolivia, es como referirse a Arabia Saudita sinónimo de petróleo.
Gómez ya planteó la creación del Fondo Soberano o de Ahorro cuando estaba ligado a una compañía del sector privado en Santa Cruz antes de su designación en el cargo.
“Así como Arabia anunció este modelo para poner fin a su adicción al petróleo, Tarija de igual forma va transitar en algún momento el camino del más allá del gas natural”, expresó.
Para la Fundación Jubileo, otro factor para no aprovechar este ingreso es la ausencia del control social por parte de las organizaciones cívicas y sociales para monitorear cómo y en qué se gastaban las regalías.
Según datos de esa institución, este departamento ha recibido $us3.800 millones por regalías petroleras, entre el 2006 y 2014, que refleja como el más beneficiado por la explotación del gas natural, pero no se aprovechó de mejor manera el “boom” por ese ingreso que probablemente no se volverá a repetir en varios años.
El analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, dijo que para este año el presupuesto anual se hizo basado en $us 45 por barril y que ahora el precio del petróleo está en un promedio de $us 53 por barril.
“Esos ocho dólares de diferencia debería ir para el Fondo de Ahorro, que permita disponer de dinero a futuro. Por el momento no hay otras recetas específicas para un manejo adecuado de este ingreso que tiene el departamento de Tarija y es una de las que se ha implementado también en Noruega y Arabia Saudita”, mencionó.
Por su parte, el secretario de Hidrocarburos y Energía, Boris Santos Gómez, coincidió con la propuesta de la Fundación Jubileo, al decir que hablar de Tarija, el más grande productor de gas de Bolivia, es como referirse a Arabia Saudita sinónimo de petróleo.
Gómez ya planteó la creación del Fondo Soberano o de Ahorro cuando estaba ligado a una compañía del sector privado en Santa Cruz antes de su designación en el cargo.
“Así como Arabia anunció este modelo para poner fin a su adicción al petróleo, Tarija de igual forma va transitar en algún momento el camino del más allá del gas natural”, expresó.
Para la Fundación Jubileo, otro factor para no aprovechar este ingreso es la ausencia del control social por parte de las organizaciones cívicas y sociales para monitorear cómo y en qué se gastaban las regalías.
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