La caída de la renta por hidrocarburos, como efecto de la baja de precios internacionales y de las recaudaciones de impuestos, tendrían este año una consecuencia directa en el presupuesto de gobernaciones y municipios con una reducción de más de 20% de ingresos por transferencias, señala la Fundación Jubileo.
Esta situación obliga al Estado a “encarar medidas urgentes, en el marco del Pacto Fiscal, para generar mayores ingresos internos para el Sector Público o al menos contener en parte los efectos de la caída”.
En el caso específico de los gobiernos subnacionales (gobernaciones y municipios), se tienen dos vías de solución, señala Jubileo. Por un lado estaría la opción de asignar mayores recursos hacia los gobiernos departamentales y municipales reformulando los porcentajes de distribución de recursos; y, por otro, la posibilidad de desconcentrar o permitir a los gobiernos subnacionales la efectiva creación de impuestos en el marco de las autonomías.
El segundo semestre de 2014, después de cuatro años en que el precio del barril de petróleo estuvo, en promedio, alrededor de 90 dólares, comenzó a disminuir. Este nuevo escenario afectó los ingresos del Estado.
Se advierte claramente la caída de los ingresos en 2015 y 2016, y siendo que para estos años se han utilizado datos presupuestados, en realidad, la reducción sería aún más abrupta, puesto que el presupuesto implica una proyección anticipada que en su momento fue elaborada con precios referenciales y, por tanto, ingresos sobreestimados.
Para 2016, si bien se consideró un precio referencial del barril de petróleo de 45,16 dólares, el actualmente observado está por debajo de lo previsto.
Entre la recaudación efectiva de 2014 y el presupuesto 2016 se registra una baja de 53%, es decir que, en dos años, la renta se reduce a menos de la mitad.
Si los precios se mantienen en los niveles observados entre diciembre de 2015 y abril de 2016 (36 dólares en promedio), los ingresos por hidrocarburos serían incluso inferiores a los previstos en el presupuesto, con lo que la caída de ingresos de los diferentes beneficiarios de estas rentas, como gobernaciones y municipios, entre otros, será más drástica.
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