Los rubros de energía, transportes e hidrocarburos concentran 30 megaobras que absorben el 40 por ciento del presupuesto de inversión pública de este año, según un análisis presentado ayer por el Cedib.
El análisis enfatiza en que son actividades extractivas que profundizan el rentismo y muchas son por contratación directa, abriendo la posibilidad a un manejo discrecional.
En el marco del seminario “Megaobras ¿Megacorrupción?”, el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Antonio Gandarillas, señaló ayer que las 30 megaobras representan una inversión de unos 2.500 millones de dólares. Para el 2016, el Gobierno presupuestó 6.395 millones de dólares como inversión pública.
“Preocupa que la gran parte de estas adjudicaciones sean por contratación directa. Vemos que en casos como los de (la empresa china) Camce se incrementa la discrecionalidad, no hay transparencia y puede haber dolo, situaciones irregulares que supongan pérdida de recursos para el Estado”, advirtió Gandarillas.
En 2015, se programaron también 30 megaobras que sumaban 1.800 millones de dólares que representaron el 33 por ciento del total del presupuesto de obras públicas destinado para esa gestión.
Según Gandarillas, el Gobierno se refiere a megaobras cuando el monto de ejecución supera los 10 millones de dólares.
En la última década, el 62 por ciento de la inversión pública fue destinada a carreteras como parte de ejes de exportación, a proyectos hidrocarburíferos, hidroeléctricas y líneas de transmisión de energía. Gandarillas observó que los proyectos no obedecieron a requerimientos de la población, sino a una estrategia gubernamental.
El análisis señala que la inversión pública entre 2005 y 2015 estuvo concentrada en cinco entidades ejecutoras: la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con 1.394 millones de dólares, la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) con 1.053 millones de dólares, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con 857 millones de dólares, el Ministerio de la Presidencia a través del programa “Bolivia Cambia-Evo Cumple” con 592 millones de dólares y la Comibol con 239 millones de dólares.
Casi todas esas instituciones públicas están a cargo de interinos porque los nombramientos de sus ejecutivos no siguieron los procedimientos establecidos.
92% DE LAS OBRAS ESTATALES FUE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
En el tercer mandato del presidente Evo Morales, el 92 por ciento de las contrataciones del Estado fue bajo la modalidad de contratación directa por un monto total de más de 197.195 millones de bolivianos, según el análisis presentado ayer por el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Antonio Gandarillas, que cita al Sicoes.
El restante 7 por ciento de las contrataciones de ese periodo corresponden a otras modalidades definidas por el organismo financiador o por la normativa.
En tanto que el porcentaje del registro de obras contratadas por licitación pública es casi nulo.
“Ganan el concurso que no ha sido una licitación (pública), se adjudican la obra sin tener el personal especializado y capaz (…) entonces para el Gobierno es importante que haya megaobras porque genera megafortunas”, dijo Gandarillas.
Indicó que existe una “cultura del derroche” por parte de las empresas estatales ya que los montos que ejecutan rebasan su capacidad de inversión. “Ninguna institución pública (…) ha tenido la capacidad real de ejecutar esos montos elevados”, explicó Gandarillas.
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