La Fundación Milenio observó la decisión del Gobierno de crear un fondo de inversión específicamente para el sector agrícola a la que calificó de “más riesgosa”, frente a otras opciones de financiamiento que ofrece el mercado de valores. El Ejecutivo intervino, con esa finalidad, los ahorros previsionales de los trabajadores, de los cuales dispuso $us 150 millones.
MERCADO
A través del documento titulado “Pensiones: Subsidiar con plata ajena”, la entidad privada cuestionó la eliminación del mecanismo competitivo vigente en el mercado, que permite comparar opciones, tanto con respecto al intermediario financiero (el gobierno ha decidido que sea el Banco de la Unión y no otro) como en relación al sector económico (el Gobierno ha decidido que sean algunos productores agropecuarios del Oriente los beneficiarios).
EMPRESARIOS
Al respecto, el vicepresidente de la influyente Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Freddy Suárez, manifestó que el sector requiere por lo menos, $us 2.000 millones para atender sus necesidades de capital de inversión.
ENDEUDAMIENTO
El directivo cruceño sostuvo que los recursos del fondo “están totalmente garantizados”, aunque no pudo explicar el actual endeudamiento con los proveedores de insumos agrícolas, que llega a $us 315 millones. Este viernes, la Fundación Tierra dijo que el sector agrícola de Santa Cruz se encuentra en mora por créditos de $us 474 millones, lo que consideró como un riesgo para la recuperación de los dineros previsionales de los trabajadores. Esta situación fue confirmada por el presidente de la CAO, Julio Roda.
RIESGO
El análisis de la Fundación insistió en el documento que el riesgo lo asumirán en los hechos directamente los fondos de pensiones. “El Banco Unión será solamente el administrador intermediario y seguramente cobrará una comisión, pero si el deudor no paga, quien pierda será el fondo de pensiones, es decir los trabajadores”.
COBERTURA
La idea de que una parte de los recursos ($us 50 millones) sea reservada como garantía para el caso de que algunos no paguen, sugiere que los mismos fondos de pensiones financiarán la garantía, salvo que los receptores (subprestatarios) de los créditos den garantías muy superiores a los montos que reciban para el caso en que no puedan pagar, lo que encarecería el crédito para ellos, explicó la entidad privada.
En su criterio, el sistema de pensiones está alcanzado su madurez, a pesar de la incertidumbre creada por la nueva ley y su intención de que todo sea administrado por una gestora pública.
DESBALANCE
Según el documento de Milenio, la cantidad de trabajadores que aporta al sistema de pensiones crece aceleradamente, supera ya los dos millones. El patrimonio global, conformado por los aportes que hacen los asegurados y las ganancias que se logran con las inversiones, supera 92 mil millones de bolivianos, estimó.
“Cuando se comparan estos logros con el caos y la corrupción que llevaron al anterior sistema al colapso, se hace necesario exigir prudencia a los gobernantes en el manejo de este sistema y, sobre todo, respeto al sacrificio de los trabajadores, pues lo que está en juego es nada menos que sus posibilidades de tener una renta de vejez digna”, indica.
RECOMENDACIONES
Si el Gobierno desea incentivar a que las AFPs desempeñen un papel más activo en el aumento de las inversiones en el país, debe crear un clima más apropiado para los inversionistas. Esto implica mayor seguridad jurídica, respeto a la propiedad y mayor apertura de mercados
- También podría flexibilizar las restricciones que tienen las AFPs de manera que puedan destinar más recursos a la inversión privada y no se vean obligadas de comprar bonos del TGN cuando el Gobierno lo considere necesario
- El fortalecimiento de la Bolsa Boliviana de Valores es esencial para estos propósitos y más empresas deberían ser alentadas a buscar financiamiento mediante la emisión de acciones y bonos corporativos
- Si el Gobierno considera necesario crear fondos especiales de crédito subvencionado para ciertos sectores, podría recurrir a sus propios recursos. Por ejemplo, una disminución del gasto público corriente, o la eliminación de algunos ministerios, le permitiría fácilmente crear un Fondo de Apoyo al sector Agroindustrial, teniendo para ponerlo en operaciones a dos entidades financieras: el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco de la Unión.
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