La Unión Europea (UE), a través de su embajador en el país, Timothy Torlot, advirtió que si Bolivia pretende captar nuevas inversiones, debe aprobar la Ley de Arbitraje y Conciliaciones pendiente que garantice reglas transparentes y resoluciones justas para los inversionistas extranjeros.
El embajador europeo dijo que luego de la aprobación de la Ley de Inversiones en la gestión legislativa 2014, la Unión Europea analizó su implementación. Pero insistió que para Bolivia, un país con su historia de nacionalizaciones, es muy importante tener una resolución transparente y justa de controversias, que es el aspecto pendiente de la Ley de Inversiones.
Enfatiza en la confianza. "Es la decisión del Gobierno, pero por supuesto si el país quiere inversión extranjera en otras áreas, hay que tomar en cuenta la confianza de estos inversionistas y la solución que estaba en borrador anterior -no he visto el más reciente- de usar el contexto legal boliviano me parece correcto, un sistema de arbitraje de Naciones Unidas dará confianza, pero veremos qué resulta", dijo a El Día.
Torlot explicó que la cooperación a Bolivia continuará, es así que la UE dispuso de 281 millones de euros, equivalente a 380 millones de dólares para los próximos siete años, sobre todo para las áreas de lucha contra el narcotráfico, agua y medio ambiente y justicia.
¿Qué plantea el Gobierno? En diciembre pasado, el procurador general del Estado, Héctor Arce, informó que el proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje establece que las controversias en tema de inversiones con empresas extranjeras se desarrollen con leyes bolivianas y con sede en Bolivia primordialmente, sin que esto impida que el proceso se pueda desarrollar en otro país.
Por ejemplo, si una firma extranjera quiere presentar una denuncia en Bolivia por sus acciones nacionalizadas en una empresa, bajo esta normativa puede hacerlo en las diferentes oficinas de conciliación que existen en la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), entre otros, de acuerdo al rubro que pertenezca. El proyecto de ley, explicó Arce, se puede aplicar a controversias entre el Estado y empresas extranjeras en materia de inversiones, arbitraje testamentario y soluciones amistosas. El proyecto se encuentra en la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Por la nacionalización de una decena de empresas, Bolivia pagó indemnización tras una conciliación.
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