La Fundación Jubileo propone la creación de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Naturales en sustitución del RC-IVA para coadyuvar a las autonomías departamentales.
Este nuevo tributo gravaría las actividades a los contribuyentes que, al presente, se encuentran "fuera del sistema tributario o desempeñan actividades económicas en el sector informal y que es más factible que contribuyan por ser la jurisdicción donde tienen su residencia”, señala la investigación "El sistema tributario en Bolivia, análisis y propuestas para una reforma”.
"Los que tenemos capacidad económica debemos pagar impuestos (...) según la actividad que desarrollamos y el ingreso que percibimos”, afirmó el especialista en tributación Leonardo Ugarte.
El estudio propone la transferencia a los gobiernos autónomos departamentales de la administración de este tributo, también del Impuesto al Consumo Específico (ICE) y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
El ICE está relacionado con las actividades cercanas al control departamental y la transferencia de impuestos a los consumos específicos como el tabaco, la cerveza y otros productos.
El IEHD es un tributo sobre el consumo de la gasolina o del gas natural.
El director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, justificó la transferencia de la administración de estos impuestos a los departamentos porque éstos no alcanzarán la autonomía mientras no sean autosostenibles económicamente.
"¿Cómo hacemos sostenibles los recursos y las autonomías? ¿Cuánto de lo que tienen de recursos en las regiones cubren las necesidades sin estar dependiendo del nivel central?”, cuestionó Núñez.
Jubileo sugiere además la transferencia a los gobiernos autónomos municipales de la administración de los juegos de azar y promociones, con la finalidad de obtener rentas de las actividades en su jurisdicción y que actualmente se encuentran en la informalidad.
Ugarte afirmó que la medida está respaldada en el artículo 272 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en otras leyes, que otorgan potestad a los municipios para la administración de sus recursos económicos y la facultad de dictar nuevas normas.
De acuerdo con Jubileo, estos cambios producirán grandes transformaciones en la estructura de ingresos y su distribución, lo cual implica principalmente que los gobiernos departamentales generen sus propios ingresos.
Además, ya no tendrán necesidad de recibir transferencias por coparticipación y el aumento en los ingresos dependerá de la eficiencia regional.
Sin embargo, Jubileo aclara que la nueva estructura tributaria debe ser acompañada por la asignación de gastos a competencias en áreas que aún financia el Tesoro General de la Nación
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