Jubileo ve politización y contradicciones en YPFB

Una evaluación de la Fundación Jubileo sobre los 10 años de control estatal de los hidrocarburos da cuenta de politización, ineficiencia y contradicciones en el manejo de las empresas nacionalizadas, con honrosas excepciones. Advierte retrasos en plantas de industrialización y falta de un debate que, según un experto de esa institución, debería ser impulsado por Chuquisaca, como interesado en la exploración de áreas y proyectos con posibilidades de asentarse en esta zona del país.

Dentro del ciclo de conferencias por el 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Francisco Xavier, el analista de hidrocarburos Raúl Velásquez, de Fundación Jubileo, brindó información detallada de la actividad del Estado —especialmente de YPFB— al mando de los hidrocarburos. Su charla tuvo un carácter informativo, explicativo y analítico, y se desarrolló en pasados días en Economía, ante una gran cantidad de estudiantes y docentes.

Lo positivo
Velásquez destacó lo positivo y lo negativo de las empresas del Estado en la última década, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos.

Entre los aspectos positivos mencionó especialmente el control de la actividad de las refinerías del país, en Cochabamba y Santa Cruz. “Existe un mejor abastecimiento y autosuficiencia en combustibles líquidos. A partir de este año, por ejemplo, ya no se va a importar gasolina”, enfatizó.

Ponderó la parte de almacenaje, que “ha sido supervisado adecuadamente por YPFB Logística, lo que antes era la Compañía Logística de Hidrocarburos, de capitales británica, que fue nacionalizado y pasó a manos de YPFB”. El “aumento considerable de conexiones de gas natural en el mercado interno”. Y la comercialización y distribución de gas natural por redes, asumida en un 100 por ciento por YPFB, que ahora define políticas de precios y condiciones, y se encarga de la gestión de mercados.

En general calificó de “interesantes” las políticas del sector, determinadas por el Decreto Supremo 28701, del 1 de mayo de 2006, que estableció que el Estado tomaba el control y dirección de todas las actividades: producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de los hidrocarburos.

Además, esa norma dictaba la nacionalización de las acciones necesarias de las empresas que habían sido capitalizadas para que el Estado tuviera una mayoría, es decir, 50% más uno. Y finalmente, el decreto supremo daba un plazo de 60 días para la refundación de YPFB.

Lo negativo
Velásquez cuestionó el “doble esfuerzo” en la política de exploración y explotación, “porque tienes tres empresas dedicadas a eso: YPFB Chaco, YPFB Andina y YPFB Petroandina”, esta última con participación accionaria del 40% de la venezolana PDVESA.

Además, “en las tres empresas, principalmente Chaco y Petroandina, se puede observar que ha habido un alto grado de politización; mucho del personal ha sido elegido por criterios más políticos que técnicos. En Chaco y Andina, ha habido mucho personal técnico, profesionales de muchos años de ejercicio que han sido retirados y reemplazados por gente que lamentablemente no tenía similares capacidades”.

Hizo notar lo infructífero de tener tres empresas en lo mismo.

“La exploración es una actividad de alto riesgo. La estadística nos dice que en zona tradicional —como Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz o Cochabamba— hay un 30% de probabilidad de éxito de encontrar hidrocarburos; esto quiere decir que de cada 10 pozos, tres pueden ser exitosos. Pero cada pozo te cuesta en promedio entre 40 y 70 millones de dólares; entonces, hay una alta probabilidad de riesgo. Obviamente, para el Estado asumir esas inversiones desde tres empresas ha venido siendo algo muy costoso y muy engorroso. A raíz de eso, se está discutiendo la posibilidad de unir Chaco y Andina”.

Añadió que “Chaco, si uno revisa sus estados financieros, está empezando a mostrar resultados negativos”.

Dijo que Chaco se ocupó de campos pequeños, que ya estaban en declinación. “YPFB Andina, si bien tiene una participación de Repsol, que ha permitido cierta eficiencia, lamentablemente igual tiene campos pequeños y solamente dos grandes: San Antonio y San Alberto”. Por último, “Petroandina, desde un punto de vista generoso he puesto que ha sido un fracaso. No he querido decir que ha sido un desastre porque soy generoso con Petroandina. Porque los resultados que ha arrojado esta empresa han sido un desastre”.

Recordó que esta empresa firmó un contrato con el Estado en 2008, a insistencia del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, y que, pese a tener las mejores áreas de ese momento en poder de YPFB, “a la fecha no se tiene un resultado exitoso en ninguna de esas áreas (que son 12)”. Luego, “no ha sido una muy buena idea la creación de Petroandina y hubo grandes contradicciones dentro de lo que es la dirección de YPFB Chaco y YPFB Andina”.

Lo del doble esfuerzo pasa también en el área de transporte: “Vemos que esto también genera un doble esfuerzo en lo que es la actividad del transporte: tienes cuatro empresas ahora que gestionar en lugar de haberlas reunido todas en una sola, que hubiera sido lo más recomendable”, dijo Velásquez.

Con relación a los contratos de operación para actividades de exploración y explotación y al esquema económico definido en 2006, el analista de la Fundación Jubileo aclaró que el 50% para el Estado (que va a gobernaciones, alcaldías, universidades, el Fondo Indígena, las FFAA, la Policía y otros) no es producto de la nacionalización sino de la Ley 3058, aprobada en 2005 tras un referéndum convocado un año antes.

Gas: Falta gestión de nuevos mercados y debatir precios para la industrialización
En cuanto a comercialización y distribución de gas natural por redes, ahora a cargo de YPFB, existe una debilidad: falta gestionar nuevos mercados externos a largo plazo.

Según Fundación Jubileo, hoy en día, el 87 por ciento de la producción de gas boliviano va a los mercados de Brasil y Argentina.

“Dependemos de dos mercados de exportación. Lamentablemente no ha habido una gestión de nuevos mercados principalmente a largo plazo”, remarcó el analista Raúl Velásquez en la conferencia que dio en la Facultad de Ciencias Económicas, al hacer notar que los contratos con el primero de esos países concluye en tres años y con el segundo en 2027.

Por otro lado, aconsejó debatir la política de precios para plantas de industrialización o transformación energética, principalmente por los nuevos campos chuquisaqueños, como Azero o Huacareta.

“La Ley de Hidrocarburos establece que el precio al cual pueden vender al mercado de industrialización puede ser solamente la mitad del precio de exportación. Dicho en facilito: te conviene más exportar que vender a un proyecto de industrialización”, explicó.

Entonces, en criterio del especialista de la Fundación Jubileo, este no es un tema menor y, por el contrario, “es un aspecto a debatir porque esa política en realidad lo que hace es promover la exportación de materia prima”.

Retrasos y debate que debe impulsar el departamento
“Hay un retraso importante en el inicio de actividades. La planta de amoniaco y urea, por ejemplo, en Cochabamba, recién va a iniciar actividades posiblemente en 2017; la de propileno y polipropileno, anunciada para Tarija, está en el diseño de ingeniería conceptual; entonces, tiene importantes retrasos”, dijo el analista Raúl Velásquez.

Recomendó a Chuquisaca impulsar un debate. “Hay un mal direccionamiento de estos proyectos: la planta de amoniaco y urea está ubicada en Cochabamba pero su mercado potencial es Brasil; está sumamente alejada e implica un costo de transporte adicional que puede encarecer el producto y hacerlo menos competitivo. Pero también está el tema de la materia prima: esas plantas funcionan con gas natural, requieren explorar para tener el gas natural que provea esas plantas”.

Hizo hincapié en la probabilidad de que la materia prima salga de Incahuasi, Azero y Huacareta, o sea, de esta región. “Es importante el debate que ustedes puedan promover para que haya proyectos de industrialización en la misma Chuquisaca. ¿Para qué? Para que su gas no vaya alimentar otro tipo de proyectos”.

Contradicciones en la industrialización de hidrocarburos

“En la actividad de industrialización vemos grandes contradicciones y problemas”, dijo Raúl Velásquez, analista de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, durante la evaluación de los 10 años de la nacionalización que hizo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en Sucre.

En su criterio, “hay un desorden institucional en lo que es la industrialización, porque están participando tanto YPFB como la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH). De acuerdo a la Constitución (Política del Estado), la actividad debería ser encarada por la EBIH, sin embargo en los últimos años vemos que los proyectos de industrialización están siendo encarados por YPFB, pasando por encima de la EBIH.
Entonces, vemos que ahí YPFB está queriendo controlar todo y al final termina sin controlar casi nada. Vemos ahí una importante contradicción”.