El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), a través de su director ejecutivo, Marco Antonio Gandarillas, advirtió que el Gobierno se contradice en su política “nacionalista” al anunciar en subasta 100 áreas para la exploración hidrocarburífera, de las cuales un tercio se encuentra en la Amazonía, una zona altamente sensible.
“Un Gobierno extractivista que fundaba su política económica en la recuperación de los recursos naturales que ahora diga todo lo contrario, que entregará al sector privado extranjero en subasta 100 áreas con potencial de reservas hidrocarburíferas, es contradictorio”, dijo el también investigador y activista.
En análisis de Gandarillas, ante el fracasado intento del Gobierno por garantizar inversiones extranjeras, ahora pretende poner en remate 100 áreas de exploración hidrocarburífera que estaban reservadas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
CUENCA MADRE DE DIOS
Según el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, la Cuenca Madre de Dios es un área potencial de hidrocarburos, que, de acuerdo a lo revelado por una empresa francesa, guardaría reservas hidrocarburíferas cuantificadas en 32 trillones de pies cúbicos (TC), es decir, tres veces más de lo existente. Sin embargo, Gandarillas hizo notar que la última vez que el Gobierno certificó reservas fue en 2009 y que en 2013 difundió información parcial.
El analista Mauricio Medinaceli fue cauto al señalar que será necesario ampliar las investigaciones sobre el potencial hidrocarburífero de la cuenca.
Gandarillas advirtió que el Gobierno -que anunció disminuir los periodos de consulta a 45 días- no sólo estaría apuntando a disminuir los plazos, sino también los estándares de control ambiental al mínimo para sentar un grave precedente de desregulación para todos los sectores, y así incentivar el ingreso de las petroleras al país.
ÁREAS SENSIBLES
“No es poco lo que se anuncia, son áreas sensibles que están en el bloque Madre de Dios, en los parques nacionales de enorme importancia como el Pilón Lajas y el Madidi, sin olvidar que hay población indígena en situación de aislamiento voluntario, y que en el marco internacional exige que los Estados tomen medidas de precaución para proteger su vida y evitar su aniquilamiento”, aseveró.
En análisis de Marco Gandarillas, la política hidrocarburífera intensiva fue acompañada por un debilitamiento institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que funciona casi en su totalidad con recursos de la cooperación internacional, pero también con ataques sistemáticos en contra de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de los pueblos indígenas.
“En un país que tuvo una presencia institucional de la sociedad civil muy fuerte, la protesta ha sido penalizada, las que quedamos somos importantes para la sociedad civil, pero ha sido un año de graves ataques”, señaló.
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