La Fundación Tierra cree que los campesinos e indígenas no tienen nada que celebrar este 2 de agosto, denominado por el Gobierno como Día de la Revolución Productiva, porque se han convertido en víctimas del crecimiento –sin regulación– de las empresas transnacionales que controlan el negocio de la agropecuaria.
ACCESO A TIERRAS
El director general de la institución experta en temas agrarios, Gonzalo Colque, manifestó que para la zona andina “no hay nada que celebrar porque no han tenido acceso a nuevas tierras, no hay procesos significativos de nuevos asentamientos humanos, no hay acceso a nuevas tierras comunitarias”.
Por lo menos así describe la realidad de los últimos 10 años, desde que el presidente Evo Morales gobierna Bolivia. Reconoce los avances históricos en la titulación de tierras comunitarias de origen TCO a favor de los indígenas de tierras bajas, proceso que se paralizó desde el conflicto por el Tipnis.
“Nosotros más bien pensamos que los campesinos e indígenas son víctimas de un crecimiento sin regulación de las compañías transnacionales, que ahora controlan el negocio del agro, eso ha pasado en los últimos 10 años”, comentó Colque a ANF.
AGROINDUSTRIA
Cuestionó el empoderamiento económico de las empresas transnacionales, ejemplificó que cinco empresas manejan todo el negocio de la soya, mientras que los campesinos productores –según el director de Tierra– están perdiendo su rol económico para convertirse en consumidores de alimentos importados.
Por esta razón, explicó que en situaciones de desastre natural los productores no tienen alimentos porque han adoptado la política del consumo de productos importados. Mientras que los empresarios por el boom de los precios agrícolas han visto atractivo el negocio de las materias primas agrícolas para la exportación.
“Eso ha promovido que capitales extranjeros entren en alianza para controlar este sector. Ellos también controlan el mercado interno, el consumo de alimentos depende de esos alimentos industrializados que produce este sector”, afirma.
LEY
Respecto a la Ley de la Revolución Productiva, promulgada en 2011, Colque comentó que la “gran demanda del sector campesino es la reglamentación de esta norma”, ya que a más de cinco años, los componentes más importantes no fueron reglamentados.
“Está paralizada (la implementación) porque con los reglamentos es necesario asignar recursos económicos; mientras esto no ocurra, es una Ley de carácter declarativa” sostuvo el director de la Fundación.
INVERSIÓN PRODUCTIVA
Añadió que ni el Gobierno nacional ni los gobiernos departamentales y municipales realizan inversiones para el sector agropecuario en beneficio de los pequeños productores. “La gran demanda es aumentar la inversión pública en el sector agropecuario y especialmente a favor de los pequeños agricultores y esto se ha paralizado a todo nivel”.
Precisó que los diferentes niveles gubernativos asignan en el mejor de los casos el 5% de recursos económicos, mientras que otros ni siquiera llegan a este porcentaje.
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