Un grupo de 23 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) requiere normas jurídicas que acompañen su trabajo, el que se desarrolla en beneficio de regiones alejadas de los centros urbanos del país. La Unión Nacional para el Trabajo de Acción Social (Unitas) dijo que el año pasado se ejecutaron proyectos por $us 14 millones beneficiando a más de un millón de campesinos y sus familias.
En ese contexto, las ONG de la Red Unitas observó la Ley 351 que regula la concesión de personería jurídica a las entidades y deja abierta la posibilidad de que las mismas sean revocadas ante cualquier sospecha de las autoridades, por lo que demandaron seguridad jurídica para el sector que invierte recursos internacionales para contribuir al desarrollo de las comunidades menos favorecidas del país.
LA LEY
La disposición que fue promulgada en marzo de 2013, señala en su artículo 14 la revocatoria de la personalidad jurídica cuando la entidad incumple lo señalado por la norma y cuando las entidades realizan actividades distintas a las indicadas en sus estatutos. Asimismo el Art. 7 las obliga a reportar a las instancias que correspondan las fuentes de su financiamiento.
ÁREAS DE ACCIÓN
Las ONG apoyan a la población en diferentes temáticas y parece que no se comprende esta labor en las instituciones públicas, ya que implementan normas que no están en el marco de la Carta Magna, reflexiona Susana Eróstegui, directora ejecutiva de la Red Unitas, en la presentación del "Informe colectivo: Construyendo una cultura de Rendición de Cuentas”.
Y como muestra del trabajo que realizaron a nivel nacional las ONG, asociadas a la Red Unitas, es que el documento muestra en detalle el accionar de cada una de las 23 entidades que conforman la red y el despliegue de la comunidad en los proyectos ejecutados en los municipios más vulnerables del país.
PRESUPUESTO
En ese marco, Aróstegui informó que como red se ha informado oportunamente los presupuestos bianuales a ejecutar al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe) lo que asegura la transparencia del manejo de los fondos que llegan al país mediante transferencias unilaterales que se consignan en la cuenta corriente de la balanza de pagos bajo una partida específica.
Es así que el Vipfe tiene conocimiento de cuántos recursos se invierte en las labores sociales de las instituciones a nivel nacional lo que, según Aróstegui, es una prueba inequívoca del adecuado manejo de los recursos orientados a resolver una diversidad de problemas especialmente en municipios en desventaja.
LARGO PLAZO
Sin embargo, la crisis por la que atraviesan los países desarrollados de donde provienen los recursos, siembra cierta incertidumbre sobre los presupuestos futuros de la ONG, ya que disminuirán, aunque esta situación no afectará los siguientes años, pero sí en el largo plazo.
Al respecto, Eróstegui señala que los recursos están garantizados para la presente gestión, y tal vez disminuyan en el futuro; y cumplirán con lo que dispone la norma. La directora, en torno al doble aguinaldo, señaló que se tuvo que renegociar nuevos fondos el año pasado, pero que en la gestión presente, los recursos fueron previsionados.
FONDOS PÚBLICOS
Sin embargo, ante la posible baja de recursos de parte de la cooperación internacional, el Gobierno debería de crear un fondo público, al cual tengan acceso las instituciones y se puedan asumir responsabilidades compartidas frente a las exigencias del desarrollo de los grupos más pobres.
RESULTADOS GESTIÓN 2013
- Son 23 Organizaciones No Gubernamentales asociadas que participan en diversos espacios del desarrollo local y que se enfocan en diversas temáticas como derechos humanos, desarrollo, género, democracia, medioambiente, cambio climático, participación social y control social.
- Las instituciones tienen una clara dependencia de recursos externos, provenientes principalmente de agencias europeas (91% de las instituciones afirman haber recibido fondos de cooperación solidaria durante la gestión 2013).
- Los ingresos obtenidos por las instituciones Asociadas a Unitas, durante la gestión 2013, se expresan en 4 rangos: El 13% de las instituciones reporta ingresos menores a $us 50.000, 17% ha reportado ingresos entre $us 50.000 y $us 200.000.
- Por otra parte, el 35% reporta ingresos de entre $us 200.000 y $us 500.000, mientras el 35% declara ingresos mayores a $us 500.000.
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