El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, calificó como un “incumplimiento de deberes”, los cinco meses que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tardó para notificar el rechazo al recurso abstracto de inconstitucionalidad que interpuso contra varios artículos de la Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro.
“No me han notificado con el fallo, esto es grave porque en diciembre ya se había emitido la sentencia, que de manera aparentemente intencional ha sido oculta. Esto constituye en una grave falta al no haber hecho conocer de manera oficial la notificación de manera oportuna”, informó Villena.
Villena consideró que hubo incumplimiento de deberes por parte de los magistrados del TCP debido a que hasta el 13 mayo cuando dejo de ser Defensor del Pueblo, no fue notificado con el fallo aprobado el 15 diciembre del año pasado.
En efecto, el lunes 4 de julio de este año, el TCP recién hizo conocer de manera pública el fallo que había emitido en diciembre de 2015 que señala: “La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) resuelve declarar: la constitucionalidad de los artículos. 7, inciso II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase ´organizaciones no gubernamentales y fundaciones…’ y su numeral 1 en la expresión: ‘La contribución al desarrollo económico y social’; y, el art. 19 inciso g en su integridad del DS 1597 de 5 de junio de 2013”.
Villena aclaro que aún no analizó en detalle el fallo del TCP por lo que se abstuvo de dar criterios jurídicos respecto a la orientación que motivó a los magistrados a emitir una sentencia que claramente va en contra de los derechos consagrados en la propia Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales que vulneran la libre asociación.
INDIGNADO
El exdefensor expresó “indignación por esa manera irresponsable de actuar de los magistrados que tienen un mandato constitucional porque yo no he recibido órdenes de ninguna instancia de algún Órgano del Estado y ellos también deberían haber actuado con toda independencia”.
JUICIO
Villena dijo tener toda la potestad de impulsar un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del TCP ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Podría activar un juicio porque tengo las facultades, pero voy a analizar la respuesta”, acotó.
La exautoridad observó que el TCP no tomó en cuanta las recomendaciones del relator especial de la ONU, Maina Kiai, quien aseguró que la Ley 351 y su decreto reglamentario restringen las actividades de las ONG y las pone en riesgo de cierre en Bolivia, como “un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación”.
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