El procurador general Héctor Arce acusó a algunas ONG de realizar un trabajo “político” y de ser “contrarias al interés nacional”, por lo que justificó este viernes la amenaza del presidente Evo Morales con expulsar a las que se opongan a la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas.
En mayo y diciembre de 2013 por instrucción expresa del Presidente, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos (NAS) y la Ong IBIS fueron expulsadas del país, esta última por supuesta “injerencia política en las organizaciones sociales”. El dignatario de Estado, al igual que este jueves, advirtió entonces que similar suerte correrán otras organizaciones que “han distorsionado su tarea”.
EXPLORACIÓN
Según un reciente informe del propio Gobierno, 8 de 22 reservas o parques nacionales serán objeto de proyectos exploratorios en materia hidrocarburífera. Aparentemente los futuros ingresos del país por las exportaciones de gas se sustentan en intensificar la búsqueda y explotación de nuevos yacimientos gasíferos ante la caída de los ingresos por los deprimidos precios internacionales de las materias básicas.
PRODUCCIÓN
El vicepresidente Alvaro García Linera manifestó en varias oportunidades que ante la crisis internacional, el Gobierno promoverá mayores inversiones y elevará la producción no solo hidrocarburífera, sino minera a fin de contrarrestar la merma de recursos provenientes de las exportaciones que cayeron a mayo en más de $us 1.000 millones.
SOBERANÍA
Arce manifestó que el país es “respetuoso del orden internacional”, pero que también es “soberano” para tomar sus decisiones como una eventual expulsión de las “organizaciones pequeñas” si es que se oponen a mejorar la calidad de vida de los bolivianos con los proyectos de explotación de hidrocarburos.
DECRETO
La administración de Morales aprobó el Decreto 2366 que autoriza el ingreso de empresas petroleras a las 22 áreas protegidas para la exploración y explotación de hidrocarburos. Expertos ambientalistas han sostenido que 11 de las 22 áreas estarían en riesgo por el levantamiento de las salvaguardas.
REACCIONES
Emilio Noza, presidente de la subcentral Sécure del Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), dijo que la ejecución de ese DS representará la “muerte de las áreas protegidas y de los parques nacionales”, por lo que expresó su preocupación y anunció la defensa de su territorio indígena.
Mientras tanto, el diputado de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, comprometió la defensa de los parques y la reserva natural que tiene Bolivia y le recordó al gobierno que muchas Autoridades actuales trabajaron en el pasado en ONG y fundaciones.
“Ahora el Gobierno se lanza contra las ONG, pero varios de sus dirigentes y autoridades antes eran de ONG, para empezar el ministro Romero, pero también el canciller Choquehuanca y otros. Todo el MAS fue apoyado por ONG y fundaciones y ahora resulta que las atacan porque ya no les son útiles”, sostuvo.
TECNOLOGÍAS
Varias empresas transnacionales han suscrito contratos con el Gobierno para explorar en esas zonas y la empresa estatal YPFB ha anunciado que cuenta con tecnología no invasiva para buscar nuevas fuentes de energía fósil.
El jueves, el Primer Mandatario en un acto donde se anunció el hallazgo de un nuevo pozo petrolero en el municipio de Yapacaní, en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, advirtió que “fundación que perjudique la explotación de los recursos naturales” en Bolivia, “se tiene que ir del país”.
GUARDABOSQUES
El Procurador reflexionó que los países desarrollados como Estados Unidos “no tienen moral” porque son los que más contaminan y destrozan el medioambiente y esperan que los países que llaman subdesarrollados sean “los guardabosques”.
Añadió que en esa lógica se enmarcan algunas ONG que son financiadas precisamente por estos países y que actúan con “intereses políticos”. “Hay este tipo de organizaciones, algunas de estas ONG son tendientes a este criterio, son contrarios al interés legítimo de buscar la superación en el nivel de vida de los bolivianos”.
Arce rechazó que la advertencia de Morales genere inseguridad jurídica en el país. “Estas organizaciones pequeñas no pueden oponerse con fines políticos al desarrollo de una mejor calidad de vida”, dijo.
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