Ante las advertencias del vicepresidente Álvaro García Linera, en contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), 145 personalidades, entre intelectuales, activistas internacionales y nacionales, periodistas, además de 50 organizaciones y redes, se solidarizaron con esta Organización No Gubernamental (ONG). En una carta pública también le piden al Gobierno garantías para que esta entidad sin fines de lucro, continúe su trabajo en el país.
A iniciativa de los amigos y aliados del CEDIB, la campaña de solidaridad de alcance internacional, busca que cesen los ataques y se den garantías para la continuidad de las labores en favor de la sociedad civil boliviana.
La carta denominada "Por la libre expresión, asociación y acceso a la información como garantía para los derechos humanos y la democracia", señala que en conocimiento de las recientes declaraciones del Vicepresidente, sobre el rol del CEDIB -acusándolo de mentir y amenazándolo con expulsión-, los y las que suscriben el documento, conocedores del trabajo de la entidad y principalmente como aliados de ella, ofrecen respaldo a su trabajo y permanencia.
“Manifestamos nuestra solidaridad al CEDIB y le demandamos al Estado boliviano cesar las agresiones y otorgar las garantías para la continuidad de sus labores en bien de los derechos humanos, el medio ambiente y la democracia boliviana", cierra la carta fechada el 17 de agosto.
PREOCUPACIÓN A pesar de que García Linera en sus últimas intervenciones dijo que no se puede expulsar a las ONG bolivianas, pero sí a sus financiadoras, en el CEDIB y otras ONG aludidas por el Gobierno creen que la estrategia que se quiere poner en ejecución contra ellas es la del "estrangulamiento económico", es decir, más que expulsarlas, dejarlas sin recursos.
A la causa por la defensa de la continuidad del trabajo del CEDIB, también se sumaron 50 organizaciones nacionales e internacionales, entre redes de defensa de los derechos humanos, centros de investigación, colectivos y observatorios vinculados al tema medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, democracia, y otros en Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, México, Francia, España y Bélgica.
CSUTCB pide control social
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, solicitó que las ONG y sus recursos sean fiscalizados por los movimientos sociales. La solicitud fue criticada por la oposición, calificándola como un “atropello” a la libertad de expresión y libre asociación.
Vegamonte acusó a las ONG de generar división al interior de las organizaciones sociales mediante financiamientos orientados a crear conflictos contra el Gobierno.
Para el diputado de Unidad Demócrata (UD) Miguel Ángel Feeney, el Gobierno manipula el control social de acuerdo a su conveniencia.
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