La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Susana Eróstegui, afirma que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aspiran a tener un marco claro de relaciones y que ninguna de las prácticas y políticas del Gobierno atente contra la situación legal y política porque ahí estaría afectando a la misma democracia.
Unitas es una red nacional que agrupa a 26 instituciones privadas de desarrollo, más comúnmente conocidas como ONG.
La pasada semana, el vicepresidente Álvaro García Linera amenazó con expulsar a las organizaciones no gubernamentales porque supuestamente mienten, hacen política y defienden intereses de empresas transnacionales.
Las observaciones surgieron después de que organizaciones como el CEDIB y la Fundación Tierra denunciaran que hay una política extractivista que pone en riesgo algunos parques nacionales después de que se aprobaran tres leyes para explorar y explotar hidrocarburos en parques, en muchos de los cuales viven pueblos indígenas que serán afectados.
Frente a las acusaciones de García Linera a organizaciones como el CEDIB, CEDLA y las fundaciones Tierra y Milenio, Eróstegui preguntó: "¿A qué le tiene miedo el Gobierno para atacar a las ONG?”.
¿Por qué dicen que la Ley 351 limita a las ONG?
Es inconstitucional por dos elementos: uno, tiene que ver con la imposición a organizaciones civiles, que son cuatro las ONG, fundaciones, entidades sin fines de lucro y organizaciones sociales.
La norma dice que se tienen que alinear al plan de desarrollo y ésa es una forma directa de poner límites a toda la pluralidad de temáticas y problemáticas que abordan.
El segundo es que cualquier funcionario con un informe podrá quitar la personalidad jurídica de una institución. Ésa es una intención clara de restringir la labor de las ONG y de conculcar los derechos fundamentales como es de asociación.
Ante esa situación, como red nacional que agrupa a 26 ONG, ¿qué plantea al Gobierno?
Bolivia forma parte del Consejo de Derechos Humanos en la ONU y el Gobierno tiene que analizar. Porque una vez que se asume una responsabilidad tan grande para formar parte de un comité internacional, tiene que actuar con coherencia con la aplicación a nivel nacional de todos los mecanismos y los instrumentos de protección de la sociedad civil.
Quiere decir que la sociedad civil boliviana está amparada también a nivel internacional.
Las ONG tienen todo un marco de protección tanto a nivel nacional con en la propia Constitución Política que establece el derecho a la asociación, reunión pacífica, a la propia participación, y en el marco internacional con todos los acuerdos o convenios internacionales que firmó y fueron ratificados por el Estado boliviano.
Si hay el respaldo legal, entonces, ¿por qué se restringe el trabajo de las ONG?
También nos preguntamos eso: "¿A qué le teme el Gobierno?”. Las instituciones, por toda su trayectoria, tuvieron un trabajo más positivo, un efecto bueno en términos de favorecer a la sociedad boliviana. Aparentemente habría, más bien, posiciones muy arbitrarias basadas en criterios políticos y cuando llegamos a ese nivel ahí ya no entra en cuestionamiento si ha sido mencionado una u otra ONG sino de qué democracia estamos hablando.
Cuál es la base sobre la cual se quiere estructurar una relación entre organizaciones de la sociedad civil y un Estado. El Estado más bien debería facilitar y crear todas las condiciones legales, políticas, financieras e institucionales para que no haya ningún tipo de restricción.
A lo que aspiran en este momento las ONG es a tener un marco claro de relacionamiento y que ninguna de las prácticas y políticas del Gobierno atente contra esa su situación legal y política porque ahí está afectando a la democracia misma.
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